El tímido

Ya se sabe: no hay que fiarse de los tímidos ni de los retraídos. Esto debe haber pensado más de un magistrado cuando, durante la conferencia nacional de jueces celebrada en Santa Fe, escuchó al introvertido Alberto José Brito. “El chofer que me lleva a mí todos los días paga $ 57 de Impuesto a las Ganancias y yo no abono nada por ese tributo. Esto plantea un dilema ético”, admitió el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, para sorpresa de todos, según confiaron a LA GACETA algunos asistentes.
Brito, siempre sigiloso y cuya voz no conocen los medios de comunicación, quizá efectuó semejante acto de contrición convencido de que, como estaban discutiendo a puertas cerradas, sus palabras no iban a salir de las celosas paredes del paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Vaya susto que debe haberse llevado cuando las vio impresas, en cuerpo 36, nada menos que en la tapa del diario del domingo. El lunes no había despacho de Tribunales en el que no se comentara el mea culpa. Pero lo cierto es que Brito se animó a meter el dedo en el enchufe y lo hizo en el lugar apropiado: un inédito encuentro del que participaron casi 600 jueces para, justamente, achicar distancias con la sociedad tras el nihilismo institucional que se apoderó del país como consecuencia de los cacerolazos de 2001. Además de haber planteado la cuestión en la sintomática comisión de ética judicial, el otro acierto fue haber encuadrado el tema como un problema que compete a toda la comunidad y no sólo -y corporativamente- a los togados.
Sea por el avance premeditado del poder político, sea por una genuflexión voluntaria frente a aquel, o sea por ambas cosas, la independencia del Poder Judicial no es algo en lo que la sociedad crea como si se tratara de una verdad revelada. Lo admitieron los propios magistrados en Santa Fe, que debieron formar una comisión que se encargue de velar por el cumplimiento de esa garantía en todo el país. Entonces, mucha gente, quizás en un exceso de simplificación, se pregunta: “¿cómo es esto? No siempre son sinónimo de imparcialidad y, encima, en el caso de los jueces provinciales no se quieren jubilar si no es con el 82% móvil (beneficio del que ya gozan sus pares federales) y, además, no tributan Ganancias?”. En efecto, desde que Tucumán transfirió su caja previsional a la Nación -jueces incluidos- no se produjo un solo retiro desde 1996, porque las jubilaciones quedaron sujetas a un tope (hoy es de $ 3.100).
Los jueces esgrimen que, en el caso del derecho al 82% móvil y en el de no tributar Ganancias (grava las rentas), se trata de garantías institucionales -no de privilegios personales-, que dan realidad al principio constitucional de la intangibilidad de sus remuneraciones; en otras palabras, son el reaseguro de su independencia: si cuentan con ingresos estables, no sujetos a los vaivenes políticos, fiscales y previsionales, son menos permeables a las influencias.
Del otro lado están quienes -entre ellos, el titular de la Corte Suprema de la Nación, Enrique Petracchi- sostienen que en el caso del tributo a las Ganancias el postulado de la intangibilidad no es absoluto y debe ser interpretado en armonía con otro, también de rango constitucional, el de la igualdad -de la que no están exentos ni siquiera los jueces- como base para la imposición de las cargas públicas. Este es el criterio sentado por la Corte de Estados Unidos en 1939 para los jueces designados con posterioridad al establecimiento del tributo. Y es similar al que quiso imponer la Ley 24.631, en 1996, cuando eliminó la exención de la que gozaban los magistrados federales y provinciales para no tributar Ganancias. Sin embargo, la misma Corte, mediante una cuestionada acordada (de naturaleza administrativa no equivalente a una sentencia), declaró la inaplicabilidad de aquella norma en un curioso acto -aún firme- que beneficia a aquellos mismos que lo dictaron. Desde entonces, los políticos no lograron tocarles las ganancias a los jueces. Por eso no suena nada tímido el examen ético que Brito pide a sus pares.