El salariazo

Llegó el otoño al subtrópico, y los tucumanos pobres siguen siendo los mismos pobres. La mitad de la población no gana para vivir. O sea que lo que vive no es vida. Son el 47,8% de los comprovincianos, según los últimos datos del Indec, correspondientes a la segunda mitad de 2005. En comparación con el primer semestre, la cifra difiere sólo en un 0,4%. En términos reales, la pobreza anduvo parejito durante el año pasado. Y hoy, uno de cada dos tucumanos está, socialmente, tan desnudo como los árboles en esta estación. Pero en la postal de 2006 hay una nostalgia menos: los funcionarios del Poder Ejecutivo van a ganar más, muchas veces más, que lo mucho que ya ganan.
La cuestión, aquí, suele ser justificada por el poder político con el argumento de que las buenas remuneraciones (para no llamarlas abultadas) sirven para que profesionales capaces y exitosos decidan abandonar momentáneamente la actividad privada y se vuelquen a la administración de la cosa pública. En rigor, hay que reconocer que es un argumento valedero. Pero del mismo modo, hay que advertir que es, en el mejor de los casos, una verdad a medias.
La suba de sueldos de los funcionarios es una cuestión que también irrita a los ciudadanos del Primer Mundo. Por ello, en Gran Bretaña existe una comisión no gubernamental que se encarga de recomendar los salarios de los servidores públicos. Algo que, curiosamente, no se le ocurrió proponer al Gobierno en los famosos afiches del "qué lindo sería". En Canadá, los aumentos al primer ministro, a sus colaboradores y a los legisladores también tienen que pasar por el estudio de una comisión ad hoc.
Justamente, cuando el organismo canadiense abordó la cuestión durante la gestión de Jean Chrétien (gobernó entre 1993 y 2003), emitió un dictamen esclarecedor. "Cualquier cambio (a los salarios) debe ser orientado no sólo por la necesidad de asegurar que el trabajo en el Gobierno atraiga, motive y retenga a los mejores y a los más brillantes, sino que también sea respetuoso de los contribuyentes y de los costos que estos tienen que afrontar". Esta definición, proveniente no de un país pobre sino de uno los miembros del G7, estremece al deshojado "Jardín de la República".
En primera instancia, el gobernador José Alperovich firmó con una mano el decreto en el que se asigna hasta $ 9.000 por mes, mientras que con la otra mano levanta el dedo acusador contra comerciantes y empresarios. A ellos, por ejemplo, quiere secuestrarles bienes por deudas meramente presuntas.
De modo que el "salariazo" gubernamental no atiende los costos que los contribuyentes deben afrontar. Pero es la otra parte de la definición la que resulta aún más perturbadora: la de respetar, en definitiva, a quienes se gobierna. Los $ 9.000 mensuales que recibirá cualquier ministro tucumano representan $ 117.000 anuales (multiplicados por 13 sueldos). Convertidos en moneda norteamericana, son unos 40.000 dólares. José María Aznar, para gobernar España, ganaba 70.000 dólares al año.
Por supuesto, los mandatarios de las potencias ganan más. Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña, recibe 235.000 dólares al año. La salvedad es que si se considera el salario nacional promedio en ese país, los trabajadores ganan el 11% del sueldo de Blair. Es decir, el primer empleado público inglés gana sólo nueve veces más que sus gobernados. En Tucumán, según datos del Gobierno, el sueldo promedio de los trabajadores del escalafón general es de $ 600 por mes. Por ende, el gobernador ganará 15 veces más que cualquiera de ellos. De paso, la nuestra no se parece mucho a la economía inglesa.
La cuestión se torna dramática cuando la comparación debe hacerse con la mitad de la población que está pauperizada. Los ministros (del latín minister, "servidor") ganarán 32 veces más que cualquiera de los 370.000 pobres (no reúnen $ 258 por mes). Entre ellos, 144.000 son indigentes: no tienen $ 110 mensuales, que es 82 veces menos que lo que recibirán los encumbrados funcionarios. Esos que durante 2005 no acertaron en una sola medida para sacarlos de la indignidad.