20 Marzo 2006 Seguir en 
El aumento del mínimo no imponible y de los montos deducibles del impuesto a las Ganancias, anunciado la semana pasada por el Gobierno nacional -a instancias de presiones de los "gordos" de la CGT-, tuvo un impacto altamente positivo en la comunidad tucumana de ingresos medios y medios-altos, porque la medida representa una inmediata mejora en los ingresos de estos sectores. Por ahora -según se anunció-, el Ministerio de Economía no prevé introducir cambios en el impuesto a los Bienes Personales, medida que también es muy requerida por los contribuyentes.
El malestar de la población era creciente, dado que el gravamen a las Ganancias había llegado a afectar a gente que no se tenía en cuenta al momento de implementarse el impuesto. La presión tributaria de Ganancias aumentó desde la crisis económica de fines de 2001 y principios de 2002, en especial por no haberse modificado la escala de los montos deducibles ni la escala del impuesto luego de la devaluación. En Tucumán, hasta la medida del Gobierno nacional, aportaban Ganancias 10.000 trabajadores del Estado y 20.000 del sector privado.Ahora, a partir de la decisión del Gobierno de alivianar la carga fiscal de los trabajadores, los mínimos no imponibles se establecieron en $ 3.200 para los trabajadores casados en relación de dependencia (antes $ 2.235) y en $ 2.400 para los solteros también en relación de dependencia (antes $ 1.835). En tanto, los autónomos casados deberán hacer frente al tributo a partir de los $ 1.800 (antes $ 1.235) y los solteros, desde los $ 1.000 (antes $ 835). Debido a que la medida es retroactiva a enero, quienes aportaron más de lo que ahora se impone tendrán una compensación de parte de la AFIP, probablemente a través de un crédito fiscal.
Uno de los planteos contra la decisión del presidente Néstor Kirchner, de resignar ingresos tributarios a cambio de que se vuelque más dinero al consumo, señala que la medida puede generar una disparada inflacionaria, dado que una buena parte de los consumidores argentinos -la clase media- dispondrá de ingresos reales mayores para gastar. El problema para Tucumán es que la mayor parte del costo fiscal de las modificaciones sobre el impuesto a las Ganancias será absorbido por las provincias, como destaca un estudio de la consultora Economía y Regiones, a través de cesiones de ingresos de la coparticipación federal, fundamentalmente. Según esta compañía, nuestra provincia deberá resignar nada menos que $ 35 millones este año para solventar la decisión del primer mandatario.
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán (CGCE) opina que es un paso importante haber logrado una actualización de los mínimos no imponibles de Ganancias. Pero sostiene que aún resulta insuficiente, en especial para los trabajadores sin cargas de familia. Carlos Yaztkaier, miembro de la subcomisión de Impuestos del CGCE, opina que a través de este tipo de norma se vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley en lo referido a la capacidad contributiva. "Un trabajador, sea autónomo o en relación de dependencia, vive y subsiste con el producido de su esfuerzo personal, más allá del mayor esfuerzo económico que significa para el autónomo montar su infraestructura con el consiguiente aumento de costos e inversión", destaca. En esta categoría están los profesionales, los pequeños comerciantes, industriales, productores agropecuarios que trabajan personalmente en sus explotaciones, y que -según el experto- deberían gozar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores.
Mientras se analiza el posible impacto que podría generar la rebaja tributaria, las empresas -en consonancia con lo que dice la CGT- se ilusionan con que la mejora de ingresos que se va a producir en una importante masa de asalariados aliviará la presión salarial que crecía este año.
El malestar de la población era creciente, dado que el gravamen a las Ganancias había llegado a afectar a gente que no se tenía en cuenta al momento de implementarse el impuesto. La presión tributaria de Ganancias aumentó desde la crisis económica de fines de 2001 y principios de 2002, en especial por no haberse modificado la escala de los montos deducibles ni la escala del impuesto luego de la devaluación. En Tucumán, hasta la medida del Gobierno nacional, aportaban Ganancias 10.000 trabajadores del Estado y 20.000 del sector privado.Ahora, a partir de la decisión del Gobierno de alivianar la carga fiscal de los trabajadores, los mínimos no imponibles se establecieron en $ 3.200 para los trabajadores casados en relación de dependencia (antes $ 2.235) y en $ 2.400 para los solteros también en relación de dependencia (antes $ 1.835). En tanto, los autónomos casados deberán hacer frente al tributo a partir de los $ 1.800 (antes $ 1.235) y los solteros, desde los $ 1.000 (antes $ 835). Debido a que la medida es retroactiva a enero, quienes aportaron más de lo que ahora se impone tendrán una compensación de parte de la AFIP, probablemente a través de un crédito fiscal.
Uno de los planteos contra la decisión del presidente Néstor Kirchner, de resignar ingresos tributarios a cambio de que se vuelque más dinero al consumo, señala que la medida puede generar una disparada inflacionaria, dado que una buena parte de los consumidores argentinos -la clase media- dispondrá de ingresos reales mayores para gastar. El problema para Tucumán es que la mayor parte del costo fiscal de las modificaciones sobre el impuesto a las Ganancias será absorbido por las provincias, como destaca un estudio de la consultora Economía y Regiones, a través de cesiones de ingresos de la coparticipación federal, fundamentalmente. Según esta compañía, nuestra provincia deberá resignar nada menos que $ 35 millones este año para solventar la decisión del primer mandatario.
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán (CGCE) opina que es un paso importante haber logrado una actualización de los mínimos no imponibles de Ganancias. Pero sostiene que aún resulta insuficiente, en especial para los trabajadores sin cargas de familia. Carlos Yaztkaier, miembro de la subcomisión de Impuestos del CGCE, opina que a través de este tipo de norma se vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley en lo referido a la capacidad contributiva. "Un trabajador, sea autónomo o en relación de dependencia, vive y subsiste con el producido de su esfuerzo personal, más allá del mayor esfuerzo económico que significa para el autónomo montar su infraestructura con el consiguiente aumento de costos e inversión", destaca. En esta categoría están los profesionales, los pequeños comerciantes, industriales, productores agropecuarios que trabajan personalmente en sus explotaciones, y que -según el experto- deberían gozar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores.
Mientras se analiza el posible impacto que podría generar la rebaja tributaria, las empresas -en consonancia con lo que dice la CGT- se ilusionan con que la mejora de ingresos que se va a producir en una importante masa de asalariados aliviará la presión salarial que crecía este año.







