19 Marzo 2006 Seguir en 
Hace pocos días, informamos acerca de la denuncia formulada por el presidente del Concejo Deliberante de Tafí Viejo. Este imputó a un legislador provincial la entrega de bolsones a sus punteros políticos, una semana después de los comicios para constituyentes, en los cuales resultó electo. Los bolsones, que contenían media docena de variedades de mercadería, llevaban leyendas con el nombre del parlamentario y una tarjeta de agradecimiento, como lo comprobó la foto que ilustró nuestra nota.
El legislador -y actual convencional-, por su parte, reconoció que dirigentes cercanos a él repartieron estas dádivas, aunque negó que persiguieran fines electoralistas. "Eran parte de la ayuda social que realizo de mi bolsillo todos los meses", afirmó en su momento. Y en cuanto a la inscripción de su nombre en las bolsas, señaló: "son mías, por eso llevan mi nombre".
El tema del reparto de bolsones de mercaderías representa una constante de estos últimos años en la política local.
Le hemos dedicado numerosas notas críticas, y con mucha frecuencia se han publicado juicios condenatorios de los lectores a esta práctica. A pesar de todo, los bolsones se siguen distribuyendo. En las explicaciones que los responsables suministran al respecto, como vemos, inveteradamente se niega el carácter de dádiva electoralista de la distribución, para afirmar que se trata, simplemente, de un socorro a las familias de muy bajos recursos.Pareciera innecesario decir que resulta burdo utilizar tal argumento como justificativo de algo que, a todas luces, constituye una retribución o una garantía de favores. Representa la expresión más consumada de ese clientelismo que ha desnaturalizado la relación entre elector y elegido. Y que ha contribuido fuertemente al desprestigio de ese sistema democrático en el cual hemos elegido vivir, y que todos tenemos la obligación de afianzar y prestigiar.
La dádiva no puede ser el camino por el cual se logran los votos. Por el contrario, es algo que juega inescrupulosamente con las necesidades de la población, que viene así a ser utilizada electoralmente.
Extraña sobremanera que algo tan evidente no sólo se practique de modo abierto, sino que se vaya incorporando, con rapidez, a las prácticas normales de la política. No hay ninguna exageración en este juicio, ya que la cuestión se encuentra a la vista de todos.
Con acusada frecuencia se proclama, desde los distintos niveles del Estado y de los partidos, la necesidad de moralizar la política. Es decir, de lograr que funcione de manera que cumpla realmente sus fines, y que no se utilice para logros que debieran tener un cimiento más noble y más legítimo.
Si aquellas afirmaciones no están huecas de sentido, hay que decir que la distribución de mercaderías debiera ser erradicada en forma definitiva. Nada puede autorizarla, y su propósito electoralista es inocultable. Y afirmar que se trata de ayudas particulares, tampoco constituye un justificativo válido. La función de un legislador, por otra parte, es muy concreta: ha sido elegido para legislar, y no le corresponde distribuir socorros.Como decimos arriba, el tema que nos ocupa ya tiene larga data, sin que se advierta en quienes actúan en política, intención alguna de terminar con estas prácticas francamente clientelistas.
Nos parece que llegó la hora de operar una corrección definitiva en las costumbres cívicas, y hacer desaparecer una dádiva que denigra al ciudadano, denigra al sistema republicano y falsea la respetuosa relación que debiera existir entre candidato y elector. Mientras no se lo entienda así, la vida democrática continuará perturbada y deformada, con todas las negativas consecuencias que ello tiene.
El legislador -y actual convencional-, por su parte, reconoció que dirigentes cercanos a él repartieron estas dádivas, aunque negó que persiguieran fines electoralistas. "Eran parte de la ayuda social que realizo de mi bolsillo todos los meses", afirmó en su momento. Y en cuanto a la inscripción de su nombre en las bolsas, señaló: "son mías, por eso llevan mi nombre".
El tema del reparto de bolsones de mercaderías representa una constante de estos últimos años en la política local.
Le hemos dedicado numerosas notas críticas, y con mucha frecuencia se han publicado juicios condenatorios de los lectores a esta práctica. A pesar de todo, los bolsones se siguen distribuyendo. En las explicaciones que los responsables suministran al respecto, como vemos, inveteradamente se niega el carácter de dádiva electoralista de la distribución, para afirmar que se trata, simplemente, de un socorro a las familias de muy bajos recursos.Pareciera innecesario decir que resulta burdo utilizar tal argumento como justificativo de algo que, a todas luces, constituye una retribución o una garantía de favores. Representa la expresión más consumada de ese clientelismo que ha desnaturalizado la relación entre elector y elegido. Y que ha contribuido fuertemente al desprestigio de ese sistema democrático en el cual hemos elegido vivir, y que todos tenemos la obligación de afianzar y prestigiar.
La dádiva no puede ser el camino por el cual se logran los votos. Por el contrario, es algo que juega inescrupulosamente con las necesidades de la población, que viene así a ser utilizada electoralmente.
Extraña sobremanera que algo tan evidente no sólo se practique de modo abierto, sino que se vaya incorporando, con rapidez, a las prácticas normales de la política. No hay ninguna exageración en este juicio, ya que la cuestión se encuentra a la vista de todos.
Con acusada frecuencia se proclama, desde los distintos niveles del Estado y de los partidos, la necesidad de moralizar la política. Es decir, de lograr que funcione de manera que cumpla realmente sus fines, y que no se utilice para logros que debieran tener un cimiento más noble y más legítimo.
Si aquellas afirmaciones no están huecas de sentido, hay que decir que la distribución de mercaderías debiera ser erradicada en forma definitiva. Nada puede autorizarla, y su propósito electoralista es inocultable. Y afirmar que se trata de ayudas particulares, tampoco constituye un justificativo válido. La función de un legislador, por otra parte, es muy concreta: ha sido elegido para legislar, y no le corresponde distribuir socorros.Como decimos arriba, el tema que nos ocupa ya tiene larga data, sin que se advierta en quienes actúan en política, intención alguna de terminar con estas prácticas francamente clientelistas.
Nos parece que llegó la hora de operar una corrección definitiva en las costumbres cívicas, y hacer desaparecer una dádiva que denigra al ciudadano, denigra al sistema republicano y falsea la respetuosa relación que debiera existir entre candidato y elector. Mientras no se lo entienda así, la vida democrática continuará perturbada y deformada, con todas las negativas consecuencias que ello tiene.







