A la deriva

Sometida a una fuerte presión de la sociedad, la Policía busca desesperadamente claves para resolver el crimen de Paulina Lebbos, tras el sofocón vivido por el cuestionado ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo. El desafío desborda a la fuerza y a sus responsables políticos, porque los sorprende en un proceso de transición indefinido, en el que no se sabe claramente hacia dónde quieren ir y en el que se han puesto brutalmente de manifiesto las contradicciones. Mientras el ministro elogia la labor de la fuerza, la falta de respuestas sobre el crimen sume en la zozobra a la sociedad toda, que se da cuenta de que hay un asesino suelto, que actuó con total impunidad y del que no hay rastros.
Ahora, desesperados por la caída en picada de la imagen de la fuerza -y muy pocas semanas después de la gran purga que sacó de escena a 300 agentes de escena, entre ellos la cúpula y los principales comisarios- los responsables políticos ordenan operativos a diestra y siniestra (control de autos en las rutas y control de boliches), y ruegan que alguna casualidad los ayude, así como en medio de los rastrillajes desesperados en busca de Paulina apareció un lugareño de Raco que la encontró. Baillo y sus secretarios, que al poner a los nuevos jefes quisieron dar el mensaje de que ponían énfasis en la prevención, ahora se "policializaron" y tratan de calmar la ansiedad social con medidas efectistas.
Pero la realidad los supera. En primer lugar, se trata de un caso para el que no están preparados. Tucumán no tiene gente capacitada para investigar homicidios de este tipo, presuntos asesinos seriales ni secuestros. Tras las dudas y la desjerarquización de la Dirección de Investigaciones, al comienzo de esta gestión de Gobierno, se anunció que se iba a crear una Dirección de Inteligencia Criminal pero todo quedó en palabras. A eso se agrega que las desinteligencias en la legislación de los últimos lustros llevaron a una serie de cosas negativas que coincidieron en este caso.
Tucumán carece de soporte tecnológico para investigar patentes de autos. Ni siquiera Rentas puede saber quiénes son los dueños de los 200.000 vehículos que circulan en la provincia, porque debe pagar por los informes a los privatizados Registros Automotores. La falta de soporte tecnológico hizo que demoraran casi dos semanas en averiguar datos de los autos bajo sospecha. Tampoco hay forma de agilizar las escuchas telefónicas (lo cual no ocurre en otras provincias más adelantadas, como Buenos Aires) y, si bien Baillo se defendió diciendo que la Policía depende de lo que ordena el fiscal de Instrucción, lo cierto es que las demoras fueron terribles. A los investigadores les faltó el "buchón"que suele aparecer en los casos de asaltos o en los ataques de menores drogados.
El esquema de operativos constantes puede arrojar resultados, pero depende de la suerte. No está mal que se hagan, pero, ¿qué política hay por detrás? Cuando aflojen los controles a los remises y a los boliches, ¿habrá cambiado en algo la sociedad tucumana?
El caso que conmueve a Tucumán ha sorprendido a la Policía en una involución en la que la prevención está cediendo paso a los viejos esquemas de fuerza militarizada y de reacción al delito. No se ha preparado científicamente y los efectivos -que se ven a sí mismos como combatientes contra el delito- no creen que el acercamiento a la gente en los barrios ayude a hacer bajar la inseguridad. Por eso este triste episodio puso en zozobra a una fuerza que, con 8.000 hombres, tiene más gente que nunca.
El gobernador José Alperovich, que se resiste a cambiar hombres por presión del escándalo, salvó el pellejo de Baillo, que es hoy más un fantasma que un ministro. Este caso ha disparado el miedo, porque es una muestra de lo que le puede ocurrir a cualquiera, y eso no es algo que la sociedad pueda digerir.