Culpas

Hay un inquietante abismo entre el elogio al trabajo de la gente de seguridad expresado por el ministro Pablo Baillo y la conmoción que causó en la sociedad el terrible desenlace de la búsqueda de Paulina Lebbos. Mientras los funcionarios en las distintas áreas prefirieron no hablar del tema por temor a que se note más el fracaso estatal para prevenir crímenes, Baillo tuvo que hacerlo porque debió dar respuesta a una familia destrozada y a una comunidad muy asustada. Pero habló de más. No se puede decir: “hicimos una gran labor por nuestros propios medios”, ante una tragedia como la que sacude a Tucumán, y en la que aún no hay pistas claras ni móvil ni asesino. Frente a esta realidad, otra frase desafortunada del ministro: “no necesitamos al FBI”, dejó totalmente descolocado al andamiaje de seguridad, criticado duramente por el padre de Paulina. “Con ellos, estamos todos en peligro”, dijo Alberto Lebbos.
Pero es ese mismo abismo entre los dichos del funcionario y el impacto que sufre la sociedad lo que marca cuán indefensos estamos y qué largo es el camino por recorrer. ¿Basta con la histérica reacción de los organismos estatales (provinciales y municipales) de salir a multar a remises ilegales o a clausurar boliches para cambiar las cosas? No basta. Hay poca claridad y demasiados intereses contrapuestos; pero, ante todo, una larga historia de desaciertos legislativos, de improvisaciones, de creciente ilegalidad y de sospechas de corrupción (nunca probadas del todo), en lo que se llamó la “municipalidad paralela”.
La reacción oficial fue, como siempre, improvisada. A fines de 2005, a propósito del aniversario de la tragedia de Cromagnon, los funcionarios se jactaban de la acción municipal y provincial para controlar los boliches. Y ahora, dos meses después, denuncian a los dueños de los pubs por pedir habilitación para un rubro y trabajar como boliches después de determinados horarios. ¿No lo sabían en diciembre? El director de Transporte municipal dice que a diario combaten a 5.000 remises ilegales. Pero la Policía salió a apoyar los operativos desde el martes pasado. En 10 días hicieron 3.000 multas. ¿Servirá eso para erradicar los remises? ¿No debería, desde hace 10 años, haber sido multado y secuestrado cada remise -legal o ilegal- que levanta pasajeros en la calle (lo que se dice “perrear”, en la jerga de los conductores), dado que no están habilitados por ley para funcionar como taxis?
El secretario de Transporte de la Provincia, Ramiro Gutiérrez, dice que se espera que se apruebe un convenio entre la Policía y la Gendarmería para controlar y erradicar a los ilegales. ¿Se olvida que la misma Gendarmería dijo hace cinco años que es imposible erradicarlos? Y lo es porque la misma sociedad política les ha dado alas para funcionar y los usa de diversos modos. Por ejemplo, en el reparto de bolsones en tiempos de elecciones.
La gente padece y usa un sistema de taxis y remises degradado, semiilegal y semimarginal, desde hace años. Los fines de semana o cuando llueve es imposible conseguir autos en las agencias. Incluso los vehículos legales distan mucho de cumplir con la ley, gracias a las concesiones constantes que los políticos les han dado y que les siguen dando, por ejemplo a través de la ley de Transporte Rural Compartido. ¿Con qué elementos se puede culpar a los padres por dejar que sus hijos tomen remises en las calles? ¿Quién es más irresponsable: el chico que para cualquier remise o la autoridad que deja que ese auto circule sin control?
“Una vez que tenga la ley, actuaré para poner orden”, dijo el gobernador José Alperovich. Falta saber qué ley, porque hasta ahora el caos impera y nos ha dado esto. La diferencia entre esta tragedia y el caso Cromagnon está dada sólo por la cantidad de víctimas. La negligencia de los funcionarios es la misma.