La remisería ilegal

La desaparición de una joven, que aparentemente se produjo luego de ascender a un remise en esta ciudad, ha suscitado una gran movilización policial. Pero, a la vez, ha puesto bajo la atención pública el tema del transporte ilegal de pasajeros, tanto en la capital como en todo el territorio de la provincia.
Es por todos conocido el núcleo del asunto. Hace unos cuantos años, empezó a difundirse la modalidad de que cualquiera que tuviera un auto podía atar a su antena una cinta y convertirlo así en "remise". Es verdad, por otra parte, que el sistema existía en otras ciudades del país. Como su nombre lo sugiere (en francés, "remise" es "acción de enviar"), se trataba de coches que transportaban pasajeros sólo cuando estos los llamaban previamente por teléfono, y de ninguna manera podían levantar a personas en la calle. Pero, entre nosotros, esa modalidad se desnaturalizó desde el comienzo. El remise vino a constituir, en los hechos, un taxi ilegal, ya que carecía de toda autorización para circular.
Si el problema hubiera sido encarado por la Municipalidad en el mismo momento en que apareció, por medio del secuestro de todo automotor embarcado en esa actividad, tal forma de transporte no se hubiese difundido. Pero, como por desgracia resulta tan frecuente en Tucumán, sucedió que las autoridades prefirieron mirar al costado. Nadie impidió la circulación de los mal denominados remises -y hasta puede decirse que se la alentó-, con lo que fue creciendo hasta alcanzar la descomunal extensión que hoy exhibe.
En los hechos, tenemos implantado en nuestra provincia un peligroso sistema. Cualquiera puede resolver ser remisero. No importa que no se halle registrado en institución oficial alguna, o que carezca hasta de carnet de conductor, o que su automotor esté destrozado. Y quien maneja tanto puede ser una persona decente como un criminal, un asaltante o un violador.
No sabemos que exista ninguna provincia argentina en donde un cometido tan delicado como es el de llevar y traer personas se desarrolle al margen de todo control y de toda norma del Estado.
En muchas oportunidades se ha utilizado, como argumento para justificar la remisería ilegal, la falta de trabajo. Nadie puede negar que esta última ciertamente existe; pero de ninguna manera es posible invocarla para vulnerar la ley. Y, mucho menos, en un tema de máxima gravedad como es lo que se refiera a la seguridad de las personas.
Como es conocido, en estos últimos tiempos apareció algún intento legislativo para regularizar semejante cuadro. Evidentemente, no ha tenido éxito. Cada vez circulan más remises ilegales por las calles y por todo el territorio provincial, y todo hace pensar que el fenómeno continuará en proceso de franco crecimiento.
Parece obvio decir que el poder público no puede mantenerse indiferente ante tan escandalosa situación. Por el contrario, debe encarar su solución como una de las cuestiones prioritarias y urgentes. Ha de diseñarse una salida legal, realista y definitiva para este caso, sin olvidar que, de cualquier manera, no será posible encontrar alguna que satisfaga absolutamente a todos. Los que no puedan encuadrarse en la normativa deberán buscarse otra actividad, en lugar de que continúe tan mayúsculo cuadro de ilegalidad y de peligro para todos.
Pero, cualquiera sea el marco legal que finalmente se adopte, resultará fundamental que el Estado utilice su poder de policía para hacerlo cumplir con estrictez, y en absolutamente todos los casos.
Urge proteger realmente al público usuario, que en la actualidad se halla en total desamparo. Es imposible, repetimos, admitir que continúe vigente la actual realidad. Ella contradice abiertamente principios elementales de seguridad pública que no pueden ser obviados bajo ninguna excusa.