El federalismo, en crisis

La calidad y la fortaleza del sistema federal están relacionadas estrechamente con el régimen de coparticipación de los impuestos que recaudan la Nación y las provincias, cuyas autonomías se apoyan fundamentalmente en los recursos fiscales. La Constitución de 1853 determinó sabiamente la discriminación de fuentes tributarias para asegurar el modelo que permitió al país desenvolverse entre las naciones más progresistas desde la Organización Nacional. Pero a partir de 1930, un creciente centralismo puso fin a ese régimen de coparticipación impositiva, hasta el punto de que más del 60% del gasto provincial es financiado con fondos de la Nación, a la vez que dos de cada tres provincias superan el 70%. La circunstancia constituyó uno de los factores que más influyó en la caída del gobierno de la Alianza, obligado por los mandatarios provinciales a realizar transferencias de sumas superiores a las que permitía el desenvolvimiento económico nacional. Por su parte, el gobierno duhaldista desistió de encarar la reforma del régimen de coparticipación federal dispuesta por los constituyentes de l994, ante la resistencia de los gobernadores a obligar a sus comunidades a cumplir con los deberes tributarios propios de la autonomía. Pasaron así a ser las provincias las interesadas en evitar las presiones recaudatorias sobre sus contribuyentes.
La Constitución del 53 determinaba la discriminación de fuentes tributarias nacionales y provinciales para asegurar las autonomías, pero los constituyentes de 1994 abandonaron esa regla y no ha sido así posible sancionar una ley de coparticipación. Se recurrió entonces a remedios temporarios, que beneficiaron el creciente centralismo que consolidó esa dependencia a partir de 1930. Así lo entendió el presidente Kirchner, y se comprometió a enfrentar el problema, cuya gran víctima es el federalismo. Sin embargo, no hubo novedades desde entonces, ni en el reciente mensaje presidencial al Congreso se ha reiterado ese compromiso, como se señaló días atrás en este lugar. Por el contrario, desde la asunción del actual gobierno el centralismo fiscal se ha intensificado a niveles sin precedentes desde la reforma de 1994, mediante la amplia delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, así como por medio del intenso dictado de decretos ley (DNU) no reglamentados. Mediante esos atajos dudosamente constitucionales, el poder central reparte fondos a las provincias de tal forma que se llega al caso de que algunas, gobernadas por la oposición, retribuyen esos favores mediante apoyos en el Poder Legislativo, como ocurrió con la reforma del Consejo de la Magistratura.
El perverso modelo que ha terminado por construirse mediante acciones y omisiones es otra réplica de la precaria situación institucional del país, y esa inseguridad jurídica provoca la retracción de las inversiones. Para ponerle fin -algo improbable en cercanías de otro proceso electoral-  se requiere atender un objetivo inexcusable: mantener para la Nación la recaudación de tributos equivalentes a su gasto -aduaneros, ganancias de empresas e IVA- y dejar a las provincias los mejor identificados con sus jurisdicciones; todo ello sin perjuicio de un régimen de compensación para las de menor capacidad tributaria. No se trata de tarea sencilla, pero comenzar a corregir tan graves y abusivos desvíos históricos es otra de las decisiones para el largo plazo requeridas para recuperar los valores indeclinables de la Nación federal, que la lucha de corto plazo por la conservación del poder tiene olvidados. El rango de esa demanda es tan elevado que afecta la propia identidad nacional, deformada largamente por el abusivo centralismo de los recursos fiscales.