09 Marzo 2006 Seguir en 
Las encuestas cotidianas que se difunden por internet, de medios con orientaciones muy diferentes, muestran invariablemente una importante mayoría de opositores a la destitución de Aníbal Ibarra como intendente porteño. Otro dato para pensar es que quienes resolvieron deponerlo representan a los partidos que obtuvieron más votos en las elecciones legislativas de octubre en el distrito. Todo es muy contradictorio, pero seguramente la explicación reside en que la Legislatura capitalina está constituida por un conjunto de bloques en permanente recomposición que no asegura mayoría para ninguno, como pudo observarse hasta horas antes del fallo. De todos los sectores, el más volátil es el ibarrista, virtualmente inexistente, lo que advierte sobre el frágil hilo por el que transitaba el alcalde despedido. La historia electoral del distrito porteño es desde hace décadas la más ilustrativa de la desacreditada política argentina y hoy se repite, además, en otro golpe demoledor al PJ y el Frente para la Victoria, donde la víctima más rotunda después del alcalde es el jefe del Gabinete de ministros, Alberto Fernández, titular del distrito, hostigado por el silencio de Kirchner.
Hace 33 años Juan Domingo Perón, tras su triunfal retorno, trató de imponer a Marcelo Sánchez Sorondo como senador porteño, pero fue claramente derrotado por Fernando de la Rúa. El término “contreras” es un genuino invento porteño, y quienes piensan que el juicio político de Ibarra implica un saneamiento de nuestra política probablemente se equivocarán.
La omisión procesal
Los votos clave para el desenlace estuvieron finalmente bajo la presión insoportable de la indignación pública por la tragedia de Cromagnon, pero la ciudadanía porteña no ha dejado por ello de castigar a su clase política. En primer término, porque los legisladores que describieron con tanta cantidad de argumentos y conclusiones la incapacidad administrativa de Ibarra estuvieron desconociendo igualmente durante años los altos riesgos que afectaban a los locales de reuniones públicas. Testimoniaron con ello que las omisiones del alcalde, si bien más directas, no fueron menores que las demostradas por los representantes de quienes los votaron. Entre esas omisiones, no ha sido menos gravoso que el juicio consumado haya adolecido de falta de un procedimiento procesal, lo que viene a contribuir a la dosis de incapacidad que la mayoría legislativa porteña demostró desde la instauración constitucional de autonomía. Esa ausencia procesal hizo del juicio una chapuza, por la que Aníbal Ibarra piensa llegar al Poder Judicial para revisar el procedimiento, ya que no sus graves omisiones de gestión. En este punto, son los juristas más destacados los que no se ponen de acuerdo; es decir, sobre si la destitución es anulable o no, o simplemente se trata de impugnar su escandaloso trámite. (De nuestra Sucursal)
Hace 33 años Juan Domingo Perón, tras su triunfal retorno, trató de imponer a Marcelo Sánchez Sorondo como senador porteño, pero fue claramente derrotado por Fernando de la Rúa. El término “contreras” es un genuino invento porteño, y quienes piensan que el juicio político de Ibarra implica un saneamiento de nuestra política probablemente se equivocarán.
La omisión procesal
Los votos clave para el desenlace estuvieron finalmente bajo la presión insoportable de la indignación pública por la tragedia de Cromagnon, pero la ciudadanía porteña no ha dejado por ello de castigar a su clase política. En primer término, porque los legisladores que describieron con tanta cantidad de argumentos y conclusiones la incapacidad administrativa de Ibarra estuvieron desconociendo igualmente durante años los altos riesgos que afectaban a los locales de reuniones públicas. Testimoniaron con ello que las omisiones del alcalde, si bien más directas, no fueron menores que las demostradas por los representantes de quienes los votaron. Entre esas omisiones, no ha sido menos gravoso que el juicio consumado haya adolecido de falta de un procedimiento procesal, lo que viene a contribuir a la dosis de incapacidad que la mayoría legislativa porteña demostró desde la instauración constitucional de autonomía. Esa ausencia procesal hizo del juicio una chapuza, por la que Aníbal Ibarra piensa llegar al Poder Judicial para revisar el procedimiento, ya que no sus graves omisiones de gestión. En este punto, son los juristas más destacados los que no se ponen de acuerdo; es decir, sobre si la destitución es anulable o no, o simplemente se trata de impugnar su escandaloso trámite. (De nuestra Sucursal)
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