El mediocre rol de la oposición

El Interbloque Propuesta Federal (PRO), que forma parte de la oposición en la Cámara de Diputados, ha solicitado una audiencia al Presidente de la Nación, con la finalidad de hacerle llegar una serie de propuestas legislativas. La iniciativa ha sido una virtual respuesta al doctor Néstor Kirchner, quien en su reciente mensaje al Congreso, al inaugurarse el nuevo período ordinario de sesiones, manifestó, a modo de reproche, sus deseos de que la oposición contribuya con  ideas y propuestas, así como un insistente interés por mejorar la calidad institucional de la República. En ese orden se trata de proyectos reglamentarios de los decretos de necesidad y urgencia; caducidad de las facultades delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo; sanción de la ley de coparticipación federal de impuestos, y otros temas. Se supone que todas esas cuestiones deberían hallarse entrando en el Congreso por iniciativa de PRO, si bien en algún caso se requiere la colaboración del PE, tal cual ocurre con el régimen de coparticipación federal. Pero la decisión de solicitar una entrevista al Presidente ha sido, más bien, un llamado de atención por la virtual carencia de relaciones entre el Gobierno y la oposición, más allá del forzoso ámbito institucional del Poder Legislativo.
Como es notorio, el jefe del Estado suele sostener que su gestión se propone un nuevo orden y que quienes se desempeñan en la oposición lo hacen con criterios pasatistas tratando de impedirle la gobernabilidad. En el viejo orden, ha señalado Kirchner en más de una ocasión, hay acuerdos y pactos permanentes, calificando a estos como estigmas de la acción política.
En respuesta a esa visión de la realidad, el Presidente ha limitado sus diálogos a un círculo cerrado que ni siquiera incluye reuniones regulares del gabinete de ministros, y a la comunicación con la ciudadanía mediante actos acotados, donde el mensaje no forma parte del diálogo.
Seguramente que, con tal modalidad de gestión, no debe esperarse que el equívoco “nuevo orden” sea precedido por la profunda reforma política y del sistema representativo que repetidamente se ha prometido desde la restauración constitucional y que también hizo suyo Kirchner a poco de asumir. La diferencia en esta oportunidad ha sido la atribución de intenciones conspirativas a todos los sectores que se expresan desde la oposición institucional, sin  excluir a los del propio partido oficialista, cuya crisis no termina de superarse. Si el camino del consenso es el diálogo y este el ejercicio natural de la democracia, no cabe duda de que nuestro sistema republicano pluralista se desenvuelve con no pocas dificultades.
El reciente debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura ha mostrado variados testimonios de esa realidad, pero el hecho de que el oficialismo parlamentario pueda lograr mayorías en ambas cámaras, no debe desalentar en la oposición la responsabilidad esencial que le compete. Los diversos sectores que la integran pueden responder, y así ocurre, a ideologías o programas diversos, mas no por ello podrán justificar abstención alguna a la hora de exigir de común acuerdo el nivel de institucionalidad requerido por la gestión del Ejecutivo.
En ese sentido no puede haber otro pacto político que el constitucional, frente a los abusos con que sucesivos gobiernos afectaron crecientemente nuestro sistema republicano. Abusos que en asuntos fundamentales se han hecho crónicos y hasta forman parte del ritual discursivo oficial, mientras la oposición parece no advertir que tan importante como el diálogo que conduce al consenso, es el acuerdo para la defensa de los valores compartidos en ese gran proyecto que es la Constitución nacional.