La meta de 2019

¿Puede la Asamblea Constituyente tucumana, que sesionará desde el lunes 13, declararse soberana? Este interrogante sobrevuela los despachos gubernamentales y las oficinas de los políticos, y trasunta múltiples enfoques y cursos de acciones sobre lo que pueda ocurrir con el producto final. Las cavilaciones que se hacen en esta materia no son ociosas, porque se vinculan a un determinado modelo institucional.
Los políticos prácticos sugieren que existen dos vías para precipitar la asunción de la soberanía por la Convención: a) la declaración formal por los propios asambleístas; b) el avance por la vía de los hechos. En cualquier caso, el resultado final será el apartamiento de la norma que declaró la necesidad de modificar la Carta Magna. Nadie ignora en el mundo político que la ley 7.469 fulmina de manera terminante la incorporación de asuntos que no están incluidos en forma expresa en la agenda reformista. Esto no es un capricho del legislador, sino el ajuste de la ley a la Constitución vigente, cuyo artículo 129 precisa que no puede cambiarse aquello que ha sido excluido del debate. Es un cerrojo que no puede violarse por las consecuencias políticas e institucionales que generaría. La madurez de los convencionales constituyentes se pondrá a prueba en las próximas semanas. De su apego a la ley y de su sensatez dependerá que la constitución reformada no se derrumbe por su defectuosa juridicidad. Alfredo Dato, presidente de la Corte Suprema de Justicia, advirtió con suficiente antelación que el máximo tribunal ejercerá con rigurosidad el control de constitucionalidad pertinente. Una constitución desviada del marco de reformas acordadas es susceptible de ser impugnada judicialmente. El fantasma del derrumbe por inconstitucionalidad de la norma es un peligro latente.

Lo desubicó
El primer desafío al orden programado para la asamblea constituyente lo lanzó nada menos que el gobernador José Alperovich. Curiosamente, este promulgó la ley 7.469, que no contiene ninguna referencia al llamado derecho a réplica. En forma tardía, reparó en ello y propuso abiertamente que los constituyentes removieran la cláusula constitucional que prohíbe su invocación en el ámbito provincial.
La movida de Alperovich catapultó el problema al ámbito nacional y puso en guardia a la oposición. De hecho, como planteó el constitucionalista Gregorio Badeni, la imposición de ese instituto implicará "la prohibición de publicar una nota que no se quiere difundir". El mismo especialista considera que lesiona la garantía prohibitiva de la censura previa.
La oposición pluripartidaria interpretó también que es el intento de asegurar la existencia de un pensamiento único: el originado en las usinas de la Casa de Gobierno. Paradójicamente, el gobernador descolocó al secretario de Gobierno, Javier Noguera, cuando consultó en Buenos Aires a Badeni, entre otros expertos, respecto de la problemática constitucional tucumana. El funcionario lo atacó por impugnar el derecho de réplica y por defender la Constitución de 1990. Noguera, además, había descalificado a Badeni por ser el letrado del ex gobernador Antonio Domingo Bussi.
En todo esto olvidó que el jurista cuestionado asesoró a Alperovich en la redacción del escrito que tumbó la exigencia del juramento confesional y le posibilitó competir por la gobernación de Tucumán en 2003. Alperovich demostró con ello que se mueve con absoluta libertad de criterio. No obstante, otros funcionarios del Ejecutivo creen que el mandatario obró con poco tacto político, ya que instaló un asunto urticante, sin haber capitalizado el clima social pacífico que reina en la provincia.

El clima recalentado
La pelea interna del peronismo registra picos de altas y bajas temperaturas. Esas oscilaciones obedecen a los desencuentros entre el gobernador y el vicegobernador Fernando Juri. Sin embargo, este último se las ingenió para no producir rupturas definitivas.
El desarrollo de las sesiones de la asamblea constituyente será una caja de resonancia de esos roces. Una de las mayores expectativas está centrada en la cantidad de períodos en que se habilitará la reelección del gobernador.
Hasta ahora, se habló de dos turnos consecutivos a partir de 2007. Carlos Courel, desde los aliados al Gobierno, había esbozado esa posición. Pero, desde otros sectores del poder, se insinuó que debía dársele esa posibilidad por tres períodos seguidos, a contar también desde 2007.
En matemática pura, eso significa que en lo más recóndito del alperovichismo se calcula que su jefe político tendría oxígeno y proyectos para gobernar hasta 2019, si el electorado se mantiene fiel.
Es una curiosa sintonía con las especies que sugieren la pretensión continuista del presidente Néstor Kirchner por largos períodos -se habla de 2019-. Las variaciones que algunos proyectan no se agotan en los preparativos relacionados con la agenda de la reforma constitucional.
Se deslizó, en algunas charlas reservadas, que el Ejecutivo podría ampliar el número de plazas en la Corte Suprema de Justicia. Se buscaría sumar dos jueces a los cinco que la componen actualmente. Cada vez que en la Argentina se aumentó la cantidad de vocales del máximo tribunal, se procuró alterar la orientación de sus fallos. Ese precedente hace suponer que en Tucumán se ensayaría algo parecido si se materializa la idea que propulsan algunos hombres de la máxima confianza del Ejecutivo.
Quienes discrepan con las orientaciones del Gobierno en Tucumán, se preocupan por hallar una fórmula que les permita encontrar un lugar bajo el sol, mientras esperan el desgaste del alperovichismo. Para ellos, 2007 es una meta intermedia, porque la actual relación de fuerzas les impide soñar con el desalojo del gobernador.
En el bussismo se llegó a esa conclusión tras la sucesión de reveses políticos acumulados desde 2003. Cifran esperanzas en la reconciliación de los hermanos Ricardo y Luis José Bussi, y en una política de alianzas con partidos de centroderecha. Desde otros ámbitos, se pone la mira en una eventual fractura del peronismo para 2007.