Se requiere una mediación

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ha manifestado que el Gobierno podría solicitar públicamente el cese de las asambleas de vecinos que están impidiendo el cruce de rutas entre Entre Ríos y Uruguay, si se paralizan temporalmente las obras de las plantas papeleras en Fray Bentos, permitiendo así un estudio medioambiental. Esa declaración siguió a la propuesta igualmente pública del presidente Kirchner -para suspenderlas por 90 días- a su colega Tabaré Vázquez, quien a su vez agradeció el tono cálido de la oferta, en medio de otras manifestaciones contradictorias de funcionarios del vecino país que apenas permiten vislumbrar un cauce de solución. Las negociaciones diplomáticas, o si se quiere mejor en este caso, entre vecinos unidos por fuertes lazos de hermandad, siguen sin dar señales, y todo lo que se puede conocer llega por el confuso medio de las declaraciones públicas con crédito relativo. Pronto hará tres meses que dio comienzo el conflicto de las papeleras y poco después el gobernador de Entre Ríos descalificaba al ex presidente uruguayo Jorge Batlle, mientras la comunidad vecinal de Gualeguaychú iniciaba sus movilizaciones hasta alcanzar el carácter ininterrumpido que afecta considerablemente al comercio exterior de nuestros vecinos, renuentes a la interrupción de las obras.
Fue en esas fases iniciales del conflicto cuando debieron comenzar las tratativas de gobierno a gobierno bajo la discreción de las cancillerías, tras la inobservancia por Uruguay del estatuto sobre control del río común que impone controles conjuntos de las partes sobre la condición de las aguas. Los cambios políticos e institucionales en ambos países contribuyeron probablemente a esas omisiones, mientras la cuestión no parecía cruzar los límites entrerrianos. En mayo de 2005, tras una marcha de protesta en Gualeguaychú, ambos gobiernos conformaron una Comisión Técnica Mixta que debería redactar una evaluación conjunta sobre el impacto ambiental. Pero el propósito fracasó, y se produjeron dos informes separados y opuestos en enero último. Tal resultado agravó la marcha de los acontecimientos con manifestaciones de vecinos y ambientalistas y el respaldo oficial uruguayo a la continuidad de las plantas, cuya inversión es la más elevada en Uruguay. A la situación se sumó la intervención de Greenpeace, organización que trató de impedir el acceso fluvial a las obras. Por su parte, las autoridades de nuestro país no trataron de disuadir a esos piquetes inicialmente estimulados por el gobernador Jorge Busti. Sólo tiempo después, el presidente Kirchner se hizo presente en el problema en su reciente mensaje en el Congreso, con relativo resultado y los repetidos condicionamientos: Uruguay no paralizará las obras y los piquetes tampoco se detendrán.
Como ya se señaló en este lugar, la pésima conducción del problema por ambas autoridades condujo a los resultados que están a la vista, con el agravante de una repercusión altamente negativa sobre el Mercosur.  Es por ello que el incierto desenlace que podría conducir a situaciones más graves está planteando la necesidad de una vía mediadora excepcional que restaure el diálogo para colocar el problema sobre una mesa de tratamiento técnico. El simple planteo requerido no parece posible a través de las recelosas cancillerías e inclusive de los propios presidentes, por lo que se requiere la elevada autoridad de un mediador, probablemente individual, pero cuya solvencia moral e internacional permita advertir a las partes que las relaciones de argentinos y uruguayos pueden quedar heridas de manera irreparable, con repercusiones regionales impropias de comunidades con idénticas raíces.