Nuestro deterioro republicano

Desde que la crisis hizo eclosión hace un lustro con las rápidas sucesiones en el Poder Ejecutivo Nacional, La Gaceta ha venido señalando editorialmente que el perjuicio mayor para la República ha sido su prolongado deterioro institucional. Deterioro unas veces formal mediante decisiones oficiales, y otras de hecho, provocadas por el ejercicio abusivo del poder político. La irrupción de la emergencia en nuestra vida pública no se produjo como consecuencia del tradicional golpe de Estado militar, sino por una virtual anomia gubernamental que el Congreso trató de resolver constitucionalmente en rápidas y sucesivas circunstancias, hasta que la adelantada convocatoria a elecciones restableció dificultosamente la normalidad. Nada de ello habría sido posible si la sociedad no hubiese demostrado una firme conciencia democrática, a pesar del creciente desprestigio de sus organizaciones representativas. Desprestigio de los partidos políticos que, a más de dos décadas de la restauración constitucional, no han sido capaces todavía de encarar sus reorganizaciones, ni siquiera cuando se desempeñaron en el poder. Secuela de esas circunstancias es el bajo nivel de institucionalidad como herencia forzosa de la crisis y que el actual gobierno fundamenta mediante el régimen legal de emergencia económica anualmente prorrogado.
En su reciente visita al país, el sociólogo francés Alain Touraine, profundo conocedor de nuestros problemas, tuvo oportunidad de señalar personalmente al presidente Kirchner la “pobre institucionalidad” que nos impide avanzar hacia un adecuado horizonte histórico. Esa observación fue compartida por el anfitrión, si bien después de haber mediado su mandato no hay señales de pasos hacia la recuperación y, por el contrario, los avances hacia un presidencialismo sin precedentes son la constante del modelo gubernamental. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso han sido testimonio recientemente de esa tendencia, favorecida por el régimen de emergencia económica, mediante la cual la situación financiera de gran parte de las provincias depende de los favores del poder central. Se trata de un círculo cerrado de intereses donde el arbitraje es ejercido por el Presidente y por el jefe del Gabinete, cajero virtual de los movimientos de recursos fiscales por concesión parlamentaria. Bajo la ley de emergencia económica sancionada en 2002 -cuya prórroga aprueba el Legislativo pero es el Ejecutivo el que dispone sobre la oportunidad de su fin o reducción- se oculta una de las dos grandes causas del deterioro institucional por ejercicio abusivo del poder.
La otra son los decretos de necesidad y urgencia, cuya constitucionalidad requiere su compleja reglamentación, eludida por el Congreso, y la exigencia expresa de excepcionalidad, a pesar de lo cual el doctor Kirchner ha dictado desde que asumió más de 200 sin que ninguno de ellos haya sido rechazado, e inclusive en numerosos casos mediante sanción tácita o ficta, vetada concretamente por la Carta Magna. Tan gruesos testimonios de irregularidad institucional, en contraste con los positivos resultados económicos que parecieran no ser posibles en el marco de la Constitución, remiten al criterio oficial según el cual “mientras haya pobres habrá emergencia”. Una concepción del jefe del Gabinete, donde no se advierte que el flagelo social es otra de las consecuencias -la más bochornosa- de los graves deterioros institucionales padecidos por el país y no al revés. La Argentina no está en emergencia económica, como pudo justificarse años atrás, sino en crisis institucional, en la medida que se mantiene interrumpido el equilibrio entre los poderes republicanos.