La Magistratura, en riesgo

Sin enmienda alguna, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto con media sanción del Senado que reforma el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuyas modificaciones serán efectivas a partir de noviembre del corriente y marzo del 2007, respectivamente. La decisión legislativa -148 votos afirmativos, 89 por la oposición y dos abstenciones- fue precedida por meses de discusiones extraparlamentarias y gestiones del oficialismo, carente de quórum propio, para alcanzar el apoyo imprescindible de 129 votos. No obstante ese laborioso proceso, la aprobación en particular del complejo y numeroso articulado de la norma se produjo en seis minutos siguiendo en su integridad el proyecto original de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Tan singular rapidez ha contrastado necesariamente no sólo con la significativa representación del múltiple espectro opositor. También mostraron su rechazo las expresivas y renovadas manifestaciones de calificados sectores vinculados a dicha reforma - organizaciones forenses, colegios de abogados, académicos y ONG- coincidentes con múltiples argumentos respecto de que los cambios legislados sin aceptarse contrapropuesta romperán el equilibrio entre la Justicia y la política plasmado en el artículo 114 de la Constitución Nacional.
La flamante ley reduce de 20 a 13 los integrantes del cuerpo cuyas funciones son seleccionar y acusar a los jueces, y administrar al Poder Judicial. Esa reducción se produce de tal manera que el oficialismo de turno retiene sus cinco representantes, y dispone así de un virtual poder de veto sobre las nominaciones y acusaciones del Consejo, pues dichas decisiones deben concretarse por mayoría calificada de dos tercios. Otras enmiendas al actual régimen del Consejo y el Jurado completan ese cuadro operativo esencial que supedita el Poder Judicial al político, contribuyendo a contrariar el equilibrio expresado por la Ley Suprema. Momentos antes del debate en Diputados, el presidente Kirchner había instado públicamente a votar en la dirección establecida y había calificado a la oposición de “corporaciones vetustas y viejas”, enfrentadas a los intereses del pueblo. Esa presión a propósito de un tema constitucional que entraña el funcionamiento vital del sistema republicano de separación del poderes, prescindiendo de una valoración jurídico-política y optando por la tribuna abierta, ha incurrido en un grave error: descalificar por anacrónico e innecesario a un vasto sector apolítico o con militancias múltiples que representa al pensamiento jurídico del país. Tal definición, más la invariable voluntad de no transigir con una sola opinión, entre las numerosas que aceptaban la conveniencia de revisar el funcionamiento del Consejo y del Jurado, han dejado señales no ya de autoritarismo político sino de convicción en el pensamiento único.
Si dóciles -cuando no cautivas de esas consignas- han sido muchas de las adhesiones consumadas, no menos sorprendente lo fue el comportamiento puntual del arco opositor, carente en primer término de propuestas consecuentes con la compartida necesidad de actualizar el funcionamiento del Poder Judicial. Con ese clímax, entre el abatimiento y la incapacidad para enfrentar el compromiso público y sin reservas ideológicas en la defensa de la institucionalidad, la Cámara de Diputados, o el Congreso en suma, ha demostrado sus dificultades para asumir su rol republicano, haciendo suya una vez más la histórica consigna del senador oficialista Miguel Angel Pichetto: “El Senado va a seguir siendo el soporte de mayor cohesión parlamentaria, el reaseguro para legislar lo que el Poder Ejecutivo requiera”. Un concepto inaceptable sobre la responsabilidad del Congreso ni aun en tiempos de guerra, de concesiones limitadas al Presidente, en el que se pierde el principio de representatividad que involucra a mayorías y minorías.