24 Febrero 2006 Seguir en 
Los menores son autores de aproximadamente el 50% de los delitos atendidos entre el domingo y el miércoles últimos, según la información de la Justicia. Desde el hurto hasta el robo agravado y la tenencia de armas de fuego, constituyen la materia de las acusaciones. Pero sucede que, cuando estos jóvenes delincuentes son detenidos, se carece de un lugar apropiado para alojarlos, mientras los magistrados instruyen las respectivas causas.
Como se sabe, el sitio oficial destinado a ese fin es el Instituto Roca, cuya escasa capacidad ha sido superada ya hace tiempo. Por tal razón es que los jueces solamente detienen a los autores de delitos graves, o reincidentes, mientras el resto es devuelto a sus casas, con medidas tutelares que, por lo general, no se cumplen, con lo que el acusado vuelve a delinquir. Así lo comprueba la estadística judicial, que informa que, de los 35 adolescentes detenidos en enero que recuperaron la libertad, varios fueron aprehendidos otra vez, por haber protagonizado nuevos delitos.
No es la primera vez que nos referimos al candente asunto. Como se informó, se están realizando trabajos en el Instituto Roca, a fin de que su exigua capacidad de 24 internos se eleve, con un nuevo pabellón, a 120. Hasta ahora, los menores quedan en la alcaidía de la Jefatura de Policía, que carece de calabozos en condiciones mínimas de habitabilidad y de seguridad. El Hogar General Belgrano se usa también como sitio alternativo, a pesar de que está destinado a menores con problemas sociales y no a los encausados por delitos. En nuestra nota, consignábamos la opinión del juez de Menores, quien pensaba que el predio del Instituto Agrotécnico de Tafí Viejo, destinado originariamente a la rehabilitación de menores, sin que se lo use actualmente, constituiría una posibilidad para aliviar, en lo inmediato, la referida falta de un espacio adecuado.
Parece obvio recordar que la detención de menores no puede limitarse a la privación de la libertad. Resulta fundamental una acción destinada a recuperar a esas personas, ayudándolas a salir de las adicciones -droga, alcohol- que generalmente acompañan y estimulan su conducta antisocial, y tratando de infundirles otro tipo de valores. Esta tarea, de más está decirlo, requiere contar con equipos especializados, de manera que pueda realizarse de forma constante y efectiva. Si no se procede así, la etapa de detención se transforma en una antesala de reincidencia y nada más.
El delito de los menores constituye una de las cuestiones más graves que debe enfrentar la sociedad actual. En el trasfondo de aquellas tristes conductas se agitan muchas causas, donde están presentes la pobreza, la promiscuidad, el descuido de los progenitores, la falta de educación, la escasa posibilidad de salida laboral y un largo etcétera. Así es que, repetimos, el Estado no puede limitarse a guardar a estos jóvenes, sino que es su obligación adoptar medidas conducentes a su reinserción en la comunidad.
Como lo hemos dicho otras veces, armar -como corresponde y de acuerdo con las técnicas avanzadas- un sistema de guarda, contención y rehabilitación del menor delincuente, exige significativas decisiones de corte presupuestario. Si no se las toma, no se hará más que colocar parches a la cuestión, sin atacar su núcleo duro.
Nos parece que la realidad tucumana, con las elevadísimas cifras de menores que protagonizan los delitos más diversos, exige que se encare la problemática con verdadera preocupación.
En la estrategia para solucionarla debe participar el conjunto del cuerpo social, incluida -por cierto- la importante tarea preventiva que los docentes pueden llevar a cabo desde las aulas.
Como se sabe, el sitio oficial destinado a ese fin es el Instituto Roca, cuya escasa capacidad ha sido superada ya hace tiempo. Por tal razón es que los jueces solamente detienen a los autores de delitos graves, o reincidentes, mientras el resto es devuelto a sus casas, con medidas tutelares que, por lo general, no se cumplen, con lo que el acusado vuelve a delinquir. Así lo comprueba la estadística judicial, que informa que, de los 35 adolescentes detenidos en enero que recuperaron la libertad, varios fueron aprehendidos otra vez, por haber protagonizado nuevos delitos.
No es la primera vez que nos referimos al candente asunto. Como se informó, se están realizando trabajos en el Instituto Roca, a fin de que su exigua capacidad de 24 internos se eleve, con un nuevo pabellón, a 120. Hasta ahora, los menores quedan en la alcaidía de la Jefatura de Policía, que carece de calabozos en condiciones mínimas de habitabilidad y de seguridad. El Hogar General Belgrano se usa también como sitio alternativo, a pesar de que está destinado a menores con problemas sociales y no a los encausados por delitos. En nuestra nota, consignábamos la opinión del juez de Menores, quien pensaba que el predio del Instituto Agrotécnico de Tafí Viejo, destinado originariamente a la rehabilitación de menores, sin que se lo use actualmente, constituiría una posibilidad para aliviar, en lo inmediato, la referida falta de un espacio adecuado.
Parece obvio recordar que la detención de menores no puede limitarse a la privación de la libertad. Resulta fundamental una acción destinada a recuperar a esas personas, ayudándolas a salir de las adicciones -droga, alcohol- que generalmente acompañan y estimulan su conducta antisocial, y tratando de infundirles otro tipo de valores. Esta tarea, de más está decirlo, requiere contar con equipos especializados, de manera que pueda realizarse de forma constante y efectiva. Si no se procede así, la etapa de detención se transforma en una antesala de reincidencia y nada más.
El delito de los menores constituye una de las cuestiones más graves que debe enfrentar la sociedad actual. En el trasfondo de aquellas tristes conductas se agitan muchas causas, donde están presentes la pobreza, la promiscuidad, el descuido de los progenitores, la falta de educación, la escasa posibilidad de salida laboral y un largo etcétera. Así es que, repetimos, el Estado no puede limitarse a guardar a estos jóvenes, sino que es su obligación adoptar medidas conducentes a su reinserción en la comunidad.
Como lo hemos dicho otras veces, armar -como corresponde y de acuerdo con las técnicas avanzadas- un sistema de guarda, contención y rehabilitación del menor delincuente, exige significativas decisiones de corte presupuestario. Si no se las toma, no se hará más que colocar parches a la cuestión, sin atacar su núcleo duro.
Nos parece que la realidad tucumana, con las elevadísimas cifras de menores que protagonizan los delitos más diversos, exige que se encare la problemática con verdadera preocupación.
En la estrategia para solucionarla debe participar el conjunto del cuerpo social, incluida -por cierto- la importante tarea preventiva que los docentes pueden llevar a cabo desde las aulas.
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