Economía sin marco institucional

El Estado es la organización jurídica de la Nación y el Gobierno la gerencia a cargo de su administración, que en la democracia se renueva periódicamente a través del mandato popular. Ese triángulo de poder se rige mediante instituciones apoyadas en la Constitución y, cuando es eficiente, configura el sistema político menos imperfecto de la historia. El introito es forzoso, a los efectos de comprender por qué los crecientes índices macroeconómicos de la actividad productiva no condicen con la desigualdad que desde hace más de un lustro se produce entre los ingresos más elevados y los menores; es decir, el humillante contraste entre la riqueza y la pobreza que un país con tan excepcionales recursos ofrece al mundo después de haber figurado entre los once primeros. A propósito del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el que una vez más se advierte ese proceso contrastante que desde el Gobierno se trata de disimular arguyendo defectos del sistema estadístico, el singular fenómeno vuelve a poner de relieve que, más que una razón técnica, su causa profunda es política y, más aún, institucional.
Una referencia muy poco atendida cuando se analiza por qué la economía crece y no se producen cambios estructurales en igual proporción, necesarios para reducir dicho contraste, es la relación entre los periodos de deterioro institucional y el creciente divorcio de los índices en cuestión. Paradójicamente, la decadencia en el orden institucional se agravó a partir de la reforma de la Constitución de l994, con la que se procuró reducir facultades del Poder Ejecutivo sin que hasta el momento se haya satisfecho esa orientación; ya sea por falta de reglamentaciones legislativas, ya por incumplimiento de los poderes responsables. Ha sido así que el propósito de reducir el presidencialismo siguió un fenómeno inverso; tal el caso del uso abusivo de los excepcionales decretos de necesidad y urgencia (DNU), carentes de reglamentación desde hace una década; la prolongada delegación por el Congreso de numerosas facultades especiales en el Presidente y en su jefe del Gabinete, incluso de carácter fiscal; la reforma pendiente durante el mismo lapso de la ley de coparticipación federal, que somete a las provincias en el orden fiscal al poder presidencial; el estado legal de emergencia cuyo cese debe establecer el Poder Ejecutivo pero no lo hace, y la nula atención de la Cámara de Diputados a la Comisión Bicameral de Seguimiento de facultades delegadas. A esas condiciones se agregan otros manejos irregulares; entre ellos, las repetidas inasistencias al Congreso del jefe del Gabinete de Ministros para rendir informes. Se puede afirmar por ello que ese proceso de fragilidad institucional ha llegado durante diferentes gobiernos del mismo partido no solo a cerrar cauces para las políticas de Estado, sino al propio rol constitucional del Congreso, donde la mayoría oficialista continúa siendo la misma, salvo escasas excepciones. En consecuencia, las gestiones económicas de gobiernos con el mismo origen partidario fueron diferentes y hasta contradictorias, por haber eludido el diálogo en el orden estructural de la economía, que la Constitución centraliza sobre el Parlamento en función de las políticas de Estado. Puede afirmarse así que el manejo de la política económica ha llegado a centralizarse en un reducido gabinete fundado en el régimen de emergencia cuya extensión establece el Presidente. No se trata, pues, de modificar el modelo estadístico con que el Indec evidencia la creciente desproporción entre riqueza y pobreza, sino de recuperar el sentido institucional del largo plazo con que debe encararse estructuralmente el bienestar en la sociedad democrática.