La oposición puesta a prueba

La reforma del Consejo de la Magistratura. Por Angel Anaya

21 Febrero 2006
BUENOS AIRES.- Asegurada en los papeles la mayoría oficialista de Diputados para aprobar mañana la reforma del Consejo de la Magistratura, la bancada del Gobierno tiene como única preocupación que se sienten en sus bancas los propios y también los seducidos. Pero no todo termina ahí, pues la votación en particular planteará un intrincado debate que puede provocar enmiendas parciales que obligarían al Senado a pronunciarse nuevamente.
Ninguna voz oficialista ha explicado hasta el momento por qué se ha recurrido al período extraordinario en vez de al ordinario, con menos dificultades; esa causa es un secreto tan bien guardado como las relaciones que el Presidente mantiene con la media docena de autoridades de ambos bloques, la gran mayoría de cuyos miembros nunca se reunió con él. Tampoco se han preocupado demasiado por hacerlo para apreciar de cerca cómo utiliza las facultades que la mayoría parlamentaria le concedió desde que asumió ni cómo hace uso de la Ley de Emergencia. Se dirá que hay una Comisión Bicameral de Seguimiento de esos poderes, pero también es cierto que sus dictámenes no obligan y nunca fueron debatidos por la Cámara de Diputados, cuya pereza parlamentaria es proverbial. En ese punto, si bien domina el oficialismo, debe señalarse que la oposición tampoco ha hecho notar sus exigencias.

Punto de quiebre

El debate previsto para mañana en la Cámara Baja puede ser, sin embargo, un punto de quiebre en esa tendencia amodorrante del Congreso, pues se trata del primero para el que la oposición más diversa comprometió una alianza puntal. Coalición ocasional que podría repetirse en lo sucesivo cuando se trate de la defensa de principios institucionales y no de coincidencias ideológicas, como ocurre con el proyecto de la Magistratura.
En ese sentido y pese a la relativa dispersión estival, los líderes de los diferentes sectores se encuentran ajustando una estrategia que trate de impedir la sanción en general del proyecto remitido por el Senado y también algunas coincidencias en particular. Lo esencial para la oposición a esa reforma es que ha sido cuestionada por una cantidad y calidad extraordinaria de sectores académicos, forenses y sociales que esperan del Congreso un comportamiento de recuperación política, por más que no implique necesariamente impedir el polémico proyecto.
Esas expresiones, por su naturaleza, no generan desfiles callejeros, pero la condición de sus protagonistas incide considerablemente sobre la imagen con que se observa la realidad nacional al momento de comprometerse con ella. Estas observaciones se han producido incluso en el seno del propio oficialismo, señalándose como testimonio más elocuente el del ex canciller y ahora diputado oficialista Rafael Bielsa, quien no comparte la politización del Consejo de la Magistratura como se ha proyectado y por ello ve cerrada la puerta presidencial. (De nuestra Sucursal)





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