Una nueva iniciativa de la administración de Donald Trump en el seno de la Organización de las Naciones Unidas abrió un frente de alta sensibilidad para la política exterior argentina. La representación de los Estados Unidos ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General propuso de manera formal poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización -conocido como el C-24-, bajo el argumento de que el organismo “dejó de cumplir su propósito original” y representa un “desperdicio de recursos” presupuestarios. El planteo golpea de lleno el andamiaje histórico del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, pero encontró una respuesta de cautela y eventual sintonía en la Casa Rosada.
El Comité de los 24, establecido por la Asamblea General en 1961, constituye el principal ámbito multilateral específico donde la diplomacia argentina expone anualmente su posición y logra la aprobación sistemática de resoluciones que reconocen la existencia de una disputa territorial e instan al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales. Desde la resolución 2065 de 1965, este foro ha sido la piedra basal para desestimar el principio de autodeterminación aplicado a los habitantes británicos del archipiélago, definiendo el diferendo como un caso especial de quebrantamiento de la integridad territorial argentina.
La propuesta impulsada por Washington desconoce el valor de esas declaraciones periódicas y propone cerrar el cuerpo en el marco de una política más amplia de desmantelamiento de estructuras multilaterales que la Casa Blanca considera burocráticas o ineficientes. Aunque la delegación norteamericana no aludió de forma explícita a la cuestión Malvinas, la eliminación del C-24 desarticularía el espacio donde la Argentina consigue año a año el respaldo formal de las naciones de América Latina, África y Asia contra la ocupación británica y contra la explotación unilateral de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en el Atlántico Sur.
Pese al impacto técnico de la medida, el gobierno de Javier Milei evitó rechazar la iniciativa estadounidense y reconoció que evalúa plegarse al pedido de Trump. En conferencia de prensa, el portavoz gubernamental confirmó que la propuesta de clausurar el comité se encuentra “bajo análisis” de la Cancillería argentina, señalando que la posición de Washington guarda sintonía con la visión del Poder Ejecutivo sobre la ineficacia del sistema de gobernanza global de la ONU.
Antecedentes
Desde los despachos oficiales relativizaron las advertencias de diplomáticos de carrera y sectores opositores. Fuentes de la Presidencia argumentaron que décadas de resoluciones favorables en el C-24 no se tradujeron en avances concretos ni obligaron a Londres a sentarse a discutir la soberanía, coincidiendo con las críticas de Milei sobre la falta de consecuencias prácticas en los pronunciamientos de Naciones Unidas. Bajo esa premisa, el oficialismo pondera priorizar su alineamiento ideológico y geopolítico con el mandatario republicano antes que preservar un foro al que consideran un ámbito declarativo agotado.
La posición de la Casa Rosada encendió alarmas entre especialistas en derecho internacional y excancilleres, quienes advierten que renunciar al Comité de Descolonización implicaría un retroceso estratégico mayúsculo. Para los expertos, el C-24 es la herramienta que mantiene vivo el reconocimiento internacional de que existe un territorio colonizado y en disputa, evitando que la posición británica de consolidar el statu quo se imponga por defecto.
