Resumen para apurados
- La Justicia dictó prisión preventiva para el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Martínez, acusado de blanquear dinero del narcotráfico mediante la estructura municipal salteña.
- Condenado por drogas en 2013, fue electo intendente en 2023. El municipio fue intervenido tras quedar involucrado en maniobras que encubrieron el homicidio de su hermano.
- La causa expone la infiltración del crimen organizado en el poder político del NOA y marcará un precedente clave para investigar redes de narcopolítica y lavado en el país.
La historia de Carlos “Conejo” Martínez podría considerarse un reflejo del avance narco en el NOA. Este hombre, que dijo ser verdulero, pasó de cumplir una condena por tráfico de drogas a convertirse en intendente de Aguas Blancas, la localidad salteña fronteriza con Bolivia, considerada uno de los puntos clave para el ingreso de drogas y mercaderías de contrabando. Hoy, después de años de sospechas, quedó imputado en una nueva causa por lavado de activos.
De su vida poco se sabe. Su perfil es similar al de muchas otras personas vinculadas con el mundo del narcotráfico. No hay demasiados detalles biográficos anteriores a la aparición de su nombre en un expediente judicial. En este caso, “Conejo” fue detenido en 2012 por transportar seis kilos de cocaína. En 2013 fue condenado a cinco años de prisión por ese delito. En 2015 accedió a la libertad condicional por su buen comportamiento y por el tiempo que llevaba detenido.
Martínez desapareció del radar de los investigadores. En Aguas Blancas cuentan que su paso por la cárcel le habría servido para establecer nuevos vínculos con el narcotráfico. No se supo nada de él hasta que, en marzo de 2019, durante un control de rutina en el puesto Las Tijeras, en Santiago del Estero, personal de Gendarmería Nacional descubrió que transportaba US$ 100.000 ocultos en una camioneta. Él dijo que era verdulero y que ese dinero provenía de su actividad comercial. Para los investigadores, se habría tratado del pago por un envío de estupefacientes. Lo concreto es que fue procesado por lavado de activos, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en 2023, es decir, cuatro años después.
La carrera política
Pese a la condena por narcotráfico, Martínez fue elegido candidato a intendente de Aguas Blancas por el frente electoral Salta Avanza con Vos, que tenía entre sus candidatos a dirigentes vinculados con el espacio libertario. Se impuso con claridad en mayo de 2023. La nueva investigación judicial sostiene que habría utilizado dinero de origen ilícito para comprar votos y garantizar su triunfo electoral.
Antes de asumir como intendente, su nombre quedó vinculado con la investigación de un homicidio de características mafiosas. En noviembre de 2023, cuatro personas que se movilizaban en dos motos se presentaron en el domicilio de su hermano, César “Oreja” Martínez, y lo acribillaron a balazos. La víctima, que cumplía arresto domiciliario por una causa de violencia de género, habría sido la encargada de transportar drogas para una organización criminal. Su muerte podría haberse originado por la desaparición de un importante cargamento de estupefacientes.
Los fiscales que investigaban el caso denunciaron dificultades para concretar allanamientos y secuestrar elementos que consideraban fundamentales. Entre las medidas solicitadas figuraban procedimientos en propiedades vinculadas con “Conejo” Martínez y el secuestro de su teléfono celular.
En junio de 2024, el Tribunal de Impugnación autorizó nuevas medidas y apartó al juez Francisco Oyarzú por las demoras y los obstáculos advertidos en la investigación. En septiembre de ese año, Martínez fue detenido, acusado de realizar maniobras para entorpecer el esclarecimiento del asesinato de su hermano. También quedó involucrado el juez Claudio Parisi, quien había intervenido en causas relacionadas con la víctima. El magistrado terminó destituido por su actuación en el caso, mientras que el municipio de Aguas Blancas fue intervenido.
En diciembre de 2025, “Conejo” recibió una condena de un año y dos meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, luego de que se comprobara que había realizado maniobras destinadas a entorpecer la investigación del asesinato de su hermano.
El último golpe
Después de una ardua investigación realizada por los fiscales Eduardo Villalba y Diego Velasco, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (Procunar NOA) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), respectivamente, se ordenó una serie de allanamientos para secuestrar pruebas y detener a 12 personas, entre ellas Martínez. Sin embargo, el supuesto líder de la organización, pese a que se encontraba bajo arresto domiciliario, se escapó. Terminó entregándose cinco días después.
“Este caso tiene una gran importancia para todo el país”, sostuvo el fiscal general Villalba. Explicó que la relevancia de la investigación no se limita a las modalidades delictivas que se analizan, sino que también radica en la presunta utilización del municipio de Aguas Blancas para disimular el ingreso de fondos provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico y el contrabando.
Según la hipótesis fiscal, “Conejo” Martínez habría montado una estructura criminal y destinado importantes sumas de dinero en dólares a la compra de votos para acceder a la intendencia, cargo para el que fue electo en mayo de 2023 y que asumió en diciembre de ese año. Desde esa posición, habría ampliado las actividades ilícitas de la organización, en particular las vinculadas con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando.
Para ello, habría utilizado un entramado de sociedades y contrataciones que, de acuerdo con la acusación, funcionaban como pantallas para encubrir el origen de los fondos. La Fiscalía también señaló el presunto desvío de dinero del municipio.
En ese aspecto, se destacó la participación de tres contadores imputados, quienes habrían intervenido en el movimiento del dinero a través de empresas creadas o utilizadas para ese fin. Los investigadores intentan determinar cómo se habrían canalizado los fondos y qué participación tuvo cada uno de los acusados en las maniobras.
En el área logística, la Fiscalía describió el rol de otros tres imputados. Uno de ellos habría dirigido un sistema de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, mediante una carpintería que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, funcionaba como pantalla. En esa actividad también habría intervenido un ciudadano colombiano.
El juez Gustavo Montoya hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva de Martínez por 60 días, al considerar que existía un elevado riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Así, el hombre que pasó de una celda por narcotráfico al despacho de la intendencia de una de las localidades fronterizas más sensibles del país volvió a quedar tras las rejas. Esta vez, acusado de haber utilizado el poder político para blanquear dinero de actividades ilícitas.
