Resumen para apurados
- Un expolicía federal fue condenado en Tucumán a dos años de prisión condicional por usurpar de forma clandestina un terreno del Estado provincial en El Cadillal.
- El acusado alteró el alambrado para ocupar 443 metros cuadrados del predio en 2023. La fiscalía remarcó que su condición de exefectivo agravaba la comprensión del delito.
- La sentencia del juicio oral ratifica la protección de los bienes del Estado y establece reglas de conducta estrictas, como la prohibición de acercarse al terreno usurpado.
Un jubilado de la Policía Federal (PFA) fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional por usurpar parcialmente un inmueble perteneciente al Estado provincial, en El Cadillal. El juicio oral y público concluyó luego de cinco jornadas.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, dirigida por Fernando Blanno. El ex integrante de la fuerza de seguridad federal fue acusado por el delito de usurpación por despojo parcial mediante clandestinidad, cometido entre mayo y agosto de 2023, de un predio ubicado en la ruta provincial 347, kilómetro 2,7.
En representación de la Fiscalía, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, acompañada por la instructora Sofía Alderete Bimbi, sostuvo que el imputado ingresó al predio alegando ser propietario del terreno y comenzó a instalar postes de madera para delimitar una porción del inmueble, despojando al Gobierno provincial de parte de su posesión.
Durante el debate, la representante del Ministerio Público explicó que el acusado avanzó sobre el sector noreste del terreno, donde desplazó el alambrado perimetral y ocupó una superficie de 443 metros cuadrados. Según la acusación, aprovechó que los cuidadores residían en el sector sur del inmueble, a unos 193 metros de distancia, utilizando como medio comisivo la clandestinidad.
Como parte de la prueba, la Fiscalía presentó un informe técnico elaborado por ingenieros y agrimensores que constató el corrimiento del alambrado perimetral.
En su alegato de clausura, Briz Tomás solicitó una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y la imposición de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de concurrir al predio.
"Como jubilado de la Policía Federal debió tener un mayor arraigo con el cumplimiento de la ley, lo que implica un reproche mayor en cuanto a su capacidad para comprender la antijuricidad de sus actos", sostuvo.
Tras un cuarto intermedio para deliberar, el juez interviniente resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Fiscal y condenó al acusado a dos años de prisión de cumplimiento condicional, además de imponerle reglas de conducta.
