El Gobierno creó un registro único para beneficiarios de políticas sociales en todo el país
El nuevo sistema busca unificar datos, evitar superposiciones y mejorar la evaluación del impacto de la asistencia estatal. Funcionará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
EN CASA ROSADA. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una herramienta destinada a consolidar y armonizar la información de todas las personas que reciben prestaciones o servicios sociales en la Argentina.
La medida se formalizó esta madrugada a través de la resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial. Según se detalló, el objetivo central es contar con una base administrativa única que permita identificar con precisión a los beneficiarios, así como las características específicas de cada caso.
El RIB funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que está bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Este organismo tendrá a su cargo la administración, el resguardo y la actualización permanente de la base de datos.
El SIIS había sido creado en septiembre de 2024 por el Ministerio de Capital Humano como un repositorio central que permite integrar e interoperar información proveniente de distintas áreas del Estado. En ese marco, el Consejo es el responsable de la custodia y el cruce de datos, además de la elaboración de estadísticas y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencia.
La resolución establece que los gastos de implementación del RIB serán cubiertos con partidas presupuestarias del propio Consejo y dispone la intervención de la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archivo.
Desde el Gobierno sostuvieron que la puesta en marcha del registro permitirá contar con un panorama actualizado y preciso de la cobertura de las políticas sociales, lo que facilitará tanto la gestión de la inversión pública como la medición de resultados.
En términos operativos, el RIB integrará información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintas dependencias estatales. El objetivo es evitar duplicidades, superposiciones y vacíos de datos, garantizando la integridad y la trazabilidad de la información. Según lo dispuesto, el sistema se nutrirá exclusivamente de datos provistos por organismos competentes y será administrado bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.
La creación de este registro apunta además a fortalecer la transparencia y mejorar la coordinación entre organismos del Estado en materia de políticas sociales.
En este contexto, a comienzos de marzo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, planteó que “no existen los planes sociales” en sentido técnico, sino que se trata de prestaciones de la seguridad social y programas con características diferentes.
“Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley y se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, afirmó en un video difundido en redes sociales.
La funcionaria remarcó que esas prestaciones no dependen de cupos ni de intermediarios y no son discrecionales, mientras que los programas sociales constituyen herramientas de política pública focalizada, con objetivos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados.
Además, sostuvo que en diciembre de 2023 la Asignación Universal por Hijo con su complemento alimentario cubría el 54% de la canasta básica alimentaria, mientras que en la actualidad alcanza cerca del 100%. Según indicó, esto responde a una recomposición del poder adquisitivo para enfrentar la indigencia y la pobreza extrema, y no a un aumento en la cantidad de programas ni de personas asistidas.
