
IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN

Mientras continúan las tareas para contener el incendio forestal que ya devastó más de 2.200 hectáreas en Chubut, el Gobierno Nacional y la administración provincial vincularon el siniestro con la existencia de grupos radicalizados y comunidades autoproclamadas mapuches en la región donde se originó el fuego. Si bien evitaron una imputación directa, ambas gestiones coincidieron en advertir sobre antecedentes de violencia en la zona.
El Ministerio de Seguridad de la Nación hizo referencia a la presencia de “grupos terroristas”, identificados como comunidades mapuches, “con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”. La mención figura en un comunicado oficial difundido por la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva.
La postura nacional coincidió con las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien habló de la existencia de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.
En ese marco, el gobierno provincial anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información certera que permita identificar a los responsables del incendio registrado en Puerto Patriada, en el extremo norte del territorio chubutense, luego de confirmar que el fuego fue provocado de manera intencional.
La investigación, que es llevada adelante de oficio por la justicia ordinaria de Chubut, avanza con la incorporación de documentación probatoria para dar con los autores del siniestro. En ese contexto, el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, vinculó los incendios con el hallazgo de explosivos en zonas inhóspitas, elementos que fueron secuestrados por la Policía local.
Durante los incendios registrados en 2025, el Ejecutivo patagónico ya había relacionado hechos similares con la usurpación de tierras fiscales en el Parque Nacional Los Alerces y había señalado al mapuche Ernesto Cruz Cárdenas como presunto responsable de ataques incendiarios. Aquella acusación pública generó fuertes cuestionamientos por parte de comunidades mapuches, aunque la investigación no prosperó.
Cruz Cárdenas se encuentra actualmente en libertad tras haber sido condenado por la usurpación de un predio perteneciente a Parques Nacionales en El Maitenal, una seccional ubicada dentro del área protegida de Los Alerces. Estuvo prófugo, fue capturado y juzgado, pero desde agosto de 2025 no volvió a realizar apariciones públicas ni declaraciones mediáticas. Según los investigadores, “difícilmente tenga algo que ver con el incendio de Puerto Patriada”.
La causa también investiga amenazas telefónicas recibidas horas antes del inicio del fuego. El lunes previo al siniestro, se registraron llamadas a una central de brigadistas forestales en las que se anunciaban incendios en la jurisdicción. Esas comunicaciones forman parte del expediente judicial.
Antes de referirse a la existencia de grupos violentos, el gobernador Torres aclaró que con la mayoría de las comunidades mapuches de la región “existe buena convivencia”. Remarcó que “son gente de bien y de trabajo, y pertenecen a comunidades legalmente inscriptas”.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron además el despliegue de recursos para combatir el fuego. Según el comunicado oficial, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) “opera de manera plena, permanente y coordinada en todo el territorio nacional, y en particular en la provincia de Chubut”, con aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de fuerzas federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia.
El escrito oficial subrayó que el 95% de los incendios forestales tiene origen humano. “En la zona no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, aseguró el organismo.







