Por Luis María Ruiz
28 Septiembre 2025
La causa judicial por el estacionamiento medido y pago en San Miguel de Tucumán sumó un nuevo revés contra la concesionaria del servicio, Tecno Agro Vial UTE.
Tras la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del decreto municipal 4.711/21 -instrumento que había adjudicado el contrato a esta firma-, el Ministerio Público Fiscal (MPF) elaboró el dictamen que, si bien no es vinculante, expresa ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que el recurso de casación interpuesto por la unión de empresas “es improcedente”.
Con la opinión formal del ministro fiscal Edmundo Jiménez, el expediente pasó a estudio del máximo tribunal. Y resta saber si Tecno Agro Vial logra revertir aquel fallo o, por el contrario, la decisión judicial queda firme.
En junio pasado, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con los votos de Ana María José Nazur y Felicitas Masaguer, les dio la razón los demandantes -la Defensoría del Pueblo, la organización de usuarios Fodecus y un grupo de “cuidacoches”, entre otros actores-, quienes habían cuestionado el contrato firmado para la aplicación del estacionamiento pago en el municipio.
Sin embargo, la empresa recurrió la decisión de los magistrados, y el caso llegó a la Corte provincial.
En el dictamen, el ministro fiscal coincidió con los camaristas de la Sala II en cuanto a que “la norma exige que todos los suscribientes de la UTE deban cumplir los requisitos del pliego, entre ellos la prohibición de ofertar a quienes se encuentren concursados, como en el presente caso”. “En consecuencia, la recurrente no ha formulado una crítica concreta y razonada que demuestre error jurídico, ni consigue refutar la premisa fáctica esencial del fallo: que una de sus empresas integrantes estaba concursada al momento de ofertar, en clara violación del pliego”, añadió el titular del MPF.
Ahora, el recurso de casación interpuesto por Tecno Agro Vial pasó a estudio de los miembros de la Corte de Tucumán. Si bien no hay plazos para una definición de este amparo colectivo, en la Capital se mantienen expectantes al respecto, dado que la intención es implementar un sistema de estacionamiento medido, aunque replanteando diversos aspectos del plan aplicado durante la gestión alfarista.
Claves del caso
1. En julio de 2022, durante la gestión de Germán Alfaro, en la Capital se comenzó a implementar el estacionamiento medido y pago.
2. El servicio funcionó solo 45 días, debido a que, tras una acción de amparo colectivo, la Justicia suspendió su funcionamiento.
3. En junio de 2025, la Sala III del fuero contencioso declaró la nulidad del decreto que sustentaba el contrato. La empresa recurrió a la CSJT.
