JUICIO. Miguel “La Gata” Lizárraga en el extremo izquierdo de la mesa. ARCHIVO
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la última puerta legal de la defensa de Miguel Antonio Lizárraga, alias “La Gata”, y de los integrantes de la organización criminal que encabezaba. Con su resolución, el máximo tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firmes las condenas de hasta 16 años y medio de prisión contra los delincuentes que sembraron pánico en Tucumán durante la pandemia, valiéndose de permisos falsos para circular y cometer más de veinte robos violentos en plena emergencia sanitaria.
El fallo ratifica lo decidido en septiembre de 2023 por el Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital, integrado en aquella ocasión por los magistrados Bernardo L'Erario Babot (presidente), Fanny Siriani y Eliana Gómez Moreira, que habían calificado a los imputados como “profesionales, expertos y con una aceitada distribución de roles”. “La Gata” fue condenado a 18 años, pena luego reducida a 16 años y medio por el Tribunal de Impugnación, mientras que su hijo, Juan de Dios López, recibió 15 años y medio. También fueron sentenciados Luis Ricardo Carreras (15 años y medio, con pena unificada), Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga (8 años) y Cristian Nicolás Caro (5 años y seis meses).
Los hechos investigados revelaron la audacia de la banda. En medio de las restricciones nacionales por el Covid-19, los integrantes adulteraban permisos de circulación haciéndose pasar por trabajadores esenciales. Viajaban desde Córdoba a Tucumán en autos con patentes falsas o registrados a nombre de terceros, alquilaban departamentos por pocos días, ejecutaban los robos y luego regresaban a su provincia, buscando deshacerse de los vehículos utilizados para borrar rastros.
Lizárraga es uno de los delincuentes más conocidos de Tucumán, autos de decenas de robos, muchos de ellos perpetrados con gran violencia y que incluso llegó a enfrentarse con el fallecido Mario “Malevo” Ferreyra.
En el marco del último juicio, las víctimas relataron ante la Justicia escenas de violencia. “Utilizaron barretas para violentar aberturas, arrancaron motores de mampostería para destruir puertas y llegaron a abrir boquetes en las paredes”, describió el tribunal en su sentencia. El material fílmico y fotográfico, junto al secuestro de herramientas y objetos, terminó de sellar la responsabilidad de los acusados. “No eran principiantes, sino profesionales que actuaban en cuestión de minutos”, se subrayó en el fallo.
El prontuario de los condenados ya revelaba un derrotero delictivo previo. Miguel “La Gata” Lizárraga, con antecedentes por robos y encubrimiento, había sido identificado por los fiscales como el cerebro operativo de la asociación ilícita. Su hijo, López, lo secundaba en la planificación, mientras que Carreras cumplía el rol de enlace para obtener vehículos y logística. “Tuta” Lizárraga y Caro se ocupaban de las irrupciones violentas en los domicilios.
El fiscal de juicio, Diego López Ávila, había sostenido que la organización operaba “con un diseño estable y permanencia en el tiempo”, rasgos típicos de una asociación ilícita. Por ello, los jueces aplicaron penas severas, señalando que “el daño social producido excede largamente la cuantía de los bienes sustraídos, porque se afectó la seguridad y la tranquilidad de la comunidad en un contexto de excepcional vulnerabilidad”.
La defensa de los acusados intentó, sin éxito, revertir las condenas. Tras la sentencia del tribunal de juicio, interpusieron recursos ante el Tribunal de Impugnación, que sólo redujo algunos montos punitivos. Luego, la Corte Suprema de Tucumán declaró inadmisibles sus planteos. El último capítulo se escribió en Buenos Aires, donde la Corte Suprema de la Nación rechazó los recursos extraordinarios por considerarlos “carentes de fundamentación autónoma”.
Con esta decisión, los condenados deberán cumplir sus penas en el sistema penitenciario. El caso también dejó en evidencia la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales durante la pandemia. “Mientras la sociedad estaba encerrada, ellos falsificaban permisos y montaban estructuras de viaje para delinquir”, dijo López Ávila durante el alegato, frase que fue recogida por la sentencia como ejemplo del plan delictivo.
