El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

Juan Alberto Cerisola. Juan Alberto Cerisola. ARCHIVO

Los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl decidieron que mañana martes, desde las 9.30, los cuatro imputados en la causa por irregularidades en obras de la UNT con fondos mineros, Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino tendrán la oportunidad, si lo desean, de decir sus últimas palabras.

Luego habrá un pequeño cuarto intermedio y finalmente se conocerá el veredicto.

Así habrán pasado 15 meses de audiencias, con casi 60 testigos, muchos de ellos de manera presencial y otros por videollamada ya que declararon desde Buenos Aires. Sea cual fuere la sentencia, seguramente habrá apelaciones.

Supuestas irregularidades

El caso se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) y el abogado Oscar López denunciaron ante la Justicia Federal supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El juicio oral se centra en los fondos mineros transferidos. Por ley, la UNT debía destinar el 40% de las utilidades a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.

Sin embargo, en diciembre de 2007 el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje al 20%, liberando la otra parte de los fondos. En enero de 2008, Cerisola firmó el acta que oficializó la medida y abrió la puerta a un esquema especial de contrataciones que, según los investigadores, se apartó de la Ley de Obras Públicas. 

Durante su gestión, resoluciones rectorales alteraron la orgánica de Construcciones Universitarias y habilitaron ese régimen especial para administrar esas obras. Con ese esquema se ejecutaron 13 proyectos que hoy están bajo sospecha. Con ese dinero, en vez de terminar lo que se conoce como “La ciudad universitaria de San Javier” se inició una serie de obras relevantes en las dependencias del gran San Miguel de Tucumán,

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que se montó un sistema discrecional y fraudulento, mientras que las defensas replicaron que todo se hizo con dictámenes jurídicos, controles internos y dentro de la autonomía universitaria.

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