30 Junio 2025
IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Fernando Martín Rodrigo, ex fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, fue condenado este lunes a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo se conoció tras un juicio abreviado que puso fin a una causa iniciada en 2017, cuando se descubrió que había engañado a jueces para intervenir el teléfono de su entonces pareja y de personas de su entorno.
El caso, que generó conmoción en el ámbito judicial santafesino, fue homologado por el juez Gonzalo Fernández Bussy durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal. La fiscal a cargo de la investigación fue Natalia Benvenuto, de la localidad de Cañada de Gómez, quien tomó el expediente para garantizar imparcialidad en la causa.
La maniobra delictiva de Rodrigo ocurrió entre junio y agosto de 2017, cuando, en el marco de investigaciones sobre robos de vehículos y desarmaderos, presentó ante la Justicia listas de números telefónicos que supuestamente estaban vinculados a los hechos. Sin embargo, varios de esos números pertenecían a su entonces novia, sus familiares y amigas.
Gracias a este engaño, logró obtener autorizaciones judiciales para interceptar las comunicaciones de 12 líneas telefónicas, y llegó a acumular 183 CD con escuchas, que él mismo retiraba de la sede local de la Dirección Nacional de Captación de Comunicaciones, consignó Infobae.
El caso salió a la luz el 7 de agosto de 2017, cuando un empleado del fiscal detectó que uno de los teléfonos intervenidos pertenecía a una compañera de trabajo y decidió denunciar la situación. A raíz del temor por posibles represalias, se le asignó custodia policial.
Cuatro días después, el entonces fiscal general Jorge Baclini ordenó su suspensión preventiva y, tras tramitar una licencia psiquiátrica, Rodrigo presentó su renuncia el 25 de agosto, la cual fue aceptada por el ex gobernador Miguel Lifschitz.
Un intento de regreso que generó polémica
Pese a la gravedad del caso, en junio de 2022 Rodrigo volvió a generar controversia al figurar en la terna de candidatos para ocupar la Fiscalía Federal de Río Gallegos. Su nombre había sido elevado al Poder Ejecutivo por el procurador general Eduardo Casal, en el marco del concurso N° 114, lo que generó cuestionamientos por parte de organismos judiciales y sectores políticos.
Ahora, con la condena ya firme y la inhabilitación perpetua, queda descartada cualquier posibilidad de que el ex fiscal regrese a ocupar cargos públicos. La resolución pone fin a una causa que durante años atravesó distintas jurisdicciones, discusiones de competencia e instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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