Jorge Gorini
El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), comenzará una licencia de una semana a partir del lunes. En su lugar asumirá su colega Rodrigo Giménez Uriburu, quien tendrá a su cargo —junto al juez Andrés Basso— decisiones clave sobre la ejecución de la pena contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros siete condenados por corrupción en la causa Vialidad.
La licencia de Gorini, solicitada con antelación, coincide con un momento crucial: este martes la Corte Suprema tiene previsto pronunciarse sobre la sentencia que le impuso a la ex presidenta su primera condena por hechos de corrupción, mientras ejercía la vicepresidencia de la Nación.
Como presidente del TOF 2, el juez Gorini es el responsable de ejecutar la pena de seis años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, una maniobra que generó un perjuicio económico calculado en más de $86.000 millones. Con su licencia vigente, las decisiones operativas recaerán en sus colegas.
Entre las resoluciones pendientes figura la definición del lugar de cumplimiento de la condena para los nueve acusados: además de Cristina Kirchner y Báez, figuran Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Santibáñez y Raúl Daruich. El plazo para que se presenten en Comodoro Py vence este jueves por la mañana.
Antes de esa fecha, Giménez Uriburu y Basso deberán resolver una solicitud clave: el pedido de arresto domiciliario presentado por el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi. La defensa también solicitó que la medida se implemente sin tobillera electrónica y que se mantenga la custodia actual a cargo del comisario Diego Carbone.
El fiscal federal Diego Luciani deberá expedirse en los próximos días sobre si corresponde o no concederle ese beneficio a la ex mandataria. Solo después de su dictamen, el tribunal tomará una decisión final.
Giménez Uriburu, quien ahora debe decidir sobre el futuro inmediato de Cristina Kirchner, fue uno de los jueces más cuestionados por la ex presidenta durante el juicio. Además, fue blanco de diversos episodios anómalos: en agosto de 2022, mientras la fiscalía preparaba sus alegatos, su teléfono celular fue hackeado mediante la suplantación del chip, en un intento por acceder a información privada.
Ese mismo mes, también se detectó una intrusión en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales del Consejo de la Magistratura. Las declaraciones juradas reservadas de Giménez Uriburu fueron sustraídas. Y en enero de 2023, vehículos con patentes falsas fueron registrados tomando fotografías frente a su domicilio en horas de la madrugada. La investigación de ese episodio quedó en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.








