10 Junio 2025
El presidente de la Nación, Javier Milei, se pronunció este martes respecto a la ratificación de la condena a la ex vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema de Justica.
“Justicia. Fin. La República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”, afirmó Milei, en su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter).
Justicia.
— Javier Milei (@JMilei) June 10, 2025
Fin.
PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de polÃtico$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad.
Durante esta tarde, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, había citado a sus colegas, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, a una reunión a las 16. El encuentro se realizó en virtud del artículo 84 (2° párrafo) del Reglamento para la Justicia Nacional (Acordada 36/2003). Tras una larga conversación, todos emitieron su voto y lo entregaron a la Secretaría Penal. Finalmente, pasada las 17.30, se conoció el fallo que definió el futuro de Cristina.
El fallo, cabe recordar, también había sido emitido anteriormente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 y confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024, lo que representa la primera condena penal en la historia argentina contra una ex mandataria democrática por hechos de corrupción durante su gestión.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional, en 2016. El expediente fue instruido por el juez Julián Ercolini, con intervención de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. La causa fue elevada a juicio en 2019 y atravesó múltiples instancias judiciales hasta su reciente llegada a la Corte Suprema.
De qué se la acusó y por qué fue condenada Cristina Kirchner
El fiscal Diego Luciani sostuvo que existía una estructura estatal orientada a favorecer al empresario Lázaro Báez mediante licitaciones dirigidas, obras inconclusas, pagos indebidos y sobreprecios, y consideró a Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Solicitó 12 años de prisión por ese delito y por administración fraudulenta.
Sin embargo, el tribunal descartó el cargo de asociación ilícita y la condenó únicamente por administración fraudulenta agravada. Según los jueces, si bien hubo corrupción, no se acreditó que la finalidad del aparato estatal fuera exclusivamente delictiva, condición necesaria para configurar una asociación ilícita. Pese a no aplicar la figura de asociación ilícita, los jueces consideraron que la gravedad de los hechos ameritaba la pena máxima prevista para la administración fraudulenta: 6 años de prisión.
El tribunal valoró distintas pruebas, entre ellas el Decreto 54/2009, que modificó un fideicomiso existente y permitió direccionar fondos públicos con escaso control. También se destacaron mensajes del ex secretario de Obras Públicas José López, que revelaron coordinación entre funcionarios y empresarios tras las elecciones de 2015.
Además, se demostró que parte del dinero pagado por el Estado habría regresado a empresas familiares de la ex mandataria, estableciendo un circuito económico de retorno que benefició a su entorno directo.
Para los fiscales, se trató de una “defraudación monumental” al Estado mediante la concesión de contratos viales a la firma Austral Construcciones, propiedad de Báez. Sostuvieron que las licitaciones estaban amañadas, que hubo sobreprecios y obras pagadas sin ejecutar.
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