El descenso sostenido en los índices delictivos en la provincia en los últimos tres años ha llevado a las autoridades a resaltar los costados positivos de la tarea que se viene implementando, sobre todo en el período desde que asumió la actual administración. “La política de seguridad que hemos aplicado en los 18 meses de gobierno ha generado una baja sustancial de los indicadores de los diferentes delitos”, aseguró el gobernador, Osvaldo Jaldo.
Los datos, explicados por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, indican que hubo un descenso del 33% en los delitos contra la propiedad en tres años y que el número de homicidios desde 2023 hasta la fecha llega al 58%.
El funcionario explicó que estos números se desprenden de la estadística con respecto al mapa del delito y al empleo de una aplicación de inteligencia artificial. “Nos ha logrado ayudar a reducir los tiempos también para poder saber cómo se van moviendo los delitos, también hacer una diagramación con respecto a los operativos que realiza la Policía todos los días”.
Añadió que se está “acercando la fuerza a los barrios con las cabinas, como también un patrullaje constante y las divisiones en cuadrantes de toda la provincia. Esto posibilita el acercamiento con los ciudadanos. En el próximo mes van a estar todas interconectadas”.
Esto se ha ido explicando, desde el punto de vista oficial, con los efectos del nuevo código procesal penal, que permite actuar en el acto ante la comisión de delitos, la detención inmediata y el dictado de prisiones preventivas; y también en un mejor análisis de la tarea que realiza la Policía. “Hay un mayor y mejor análisis de la realidad con lo que se realizan planificaciones permanentemente. Eso no sólo generó una baja en los homicidios, sino también en el robo con armas”, dijo en su momento el ministro.
Los cambios derivaron primero en un agravamiento de las condiciones carcelarias a causa del incremento de detenciones, lo cual llevó a crisis que comenzaron a bajar cuando se habilitaron las cárceles de Benjamín Paz y de Delfín Gallo. La incorporación de más agentes y de guardias penitenciarios incidió en la mejora de estas condiciones. No obstante, hay situaciones de violencia que salen a luz y parecen también mostrar un mundo oscuro sin control como ha sido el terrible asesinato de un preso a manos de otros reos en la comisaría de Los Pocitos.
También se debe señalar la inquietud que han generado los operativos masivos en zonas periféricas, en lo que hace a las detenciones arbitrarias, por breves horas, de muchas personas sólo por averiguación de antecedentes. En este sentido hubo un reclamo importante por la detención de jóvenes solidarios en Tafí Viejo, que ha dado lugar a reclamos en la Legislatura advirtiendo del riesgo de violencia institucional. Los funcionarios han optado por el silencio, apoyados en las estadísticas, aunque ya en otra ocasión de reclamos sobre los llamados “trencitos” han contestado que son acompañados por representantes de la Justicia en esos operativos.
Mientras los datos estadísticos dan cuenta de una mejora de la tranquilidad en lo que hace al delito -que se viene dando también en el país- los funcionarios tienen un sustancial apoyo para actuar. Esto, sin dejar de lado el reconocimiento de que el crecimiento del narcotráfico sin pausa plantea desafíos que por ahora no se sabe bien cómo enfrentar con eficacia. Y sin dejar de estar atentos a las cifras de violencia de género -ya ocurrieron tres femicidios en lo que va del año- a la que no se le ha podido poner freno.







