Acusan a una empleada pública de liderar una usurpación en San Pablo

Una empleada de la comuna de El Manantial fue acusada de haber organizado una usurpación de un terreno en la localidad de Ohuanta, San Pablo. La mayoría de los 23 ocupantes de un predio privado, con el correr de los meses, vendieron los lotes a terceros. Después de un proceso que duró casi dos años, la Justicia ordenó la restitución provisoria del predio.

El caso comenzó a escribirse en junio de 2023. Según la acusación realizada por el fiscal Carlos Saltor y la auxiliar Daniela Briz Tomas, liderados por la empleada comunal Valeria Ramasco tomó con una treintena de personas un predio ubicado frente al barrio 6 Viviendas, detrás del country The Point.

“Munidos de machetes sacaron un portón y rompieron el alambrado perimetral para cortar las plantas de frutales y destruir la plantación de choclos y zapallos que existía en el lugar”, relató Briz Tomas sobre el hecho registrado el sábado 17 de junio de 2023. “Cuando se hizo presente la persona que cuenta con la tenencia del terreno descubrieron que en el lugar había un grupo de hombres. Los desconocidos, después de escucharlo, se reunieron con Ramasco, le respondieron que no abandonarían el predio porque estaba desocupado y no tenía dueño. Por último, lo obligaron a que saque sus animales”, resumió la representante del Ministerio Público.

El 11 de marzo, en el marco de la investigación, personal policial de la Unidad Regional Oeste se presentó en el lugar para realizar un informe sobre la situación del lugar. Los pesquisas descubrieron que había 10 viviendas en plena construcción y que la mayoría de los ocupantes originales habían vendido los terrenos a otras personas. Mientras los peritos tomaban fotografías y realizaban el relevamiento planimétrico, fueron atacados por un grupo de personas, por lo que fueron detenidas Ramasco y otra mujer. Fueron detenidas y procesadas por atentado y resistencia a la autoridad.

En la audiencia por ese caso, según lo informado por Briz Tomas, la acusada dijo ser ama de casa, pero al avanzar la investigación surgió que había omitido informar que tenía un cargo en la comuna de El Manantial y que trabajaba políticamente para su titular. Actualmente continúa el proceso en su contra en libertad, ya que se trata de un delito excarcelable.

Audiencia

El expediente por la usurpación comenzó a ser resuelto en una maratónica audiencia que se hizo durante dos días y que tuvo una duración total de 12 horas. En el debate, Saltor logró que imputaran a 23 personas (nueve hombres y 13 mujeres) del delito de usurpación por despojo mediante violencia y amenazas. Mónica Varona, que asumió la querella, con el apoyo del Ministerio Público, solicitó la restitución del inmueble a sus propietarios.

“La situación es bastante grave y luego de dos años pudimos llegar a esta audiencia por las intervenciones que tuvieron los imputados a fin de evitar que la investigación avance. Hoy, por ejemplo, una persona no se presentó (por lo que se pidió la detención y captura). Las víctimas (tenedor y poseedora) se vieron ilegítimamente privadas del uso de su propiedad, incluso, los acusados continuaron construyendo y vendiendo los terrenos usurpados, lo que genera un gran perjuicio y afectando a la sociedad porque esta situación de ilegalidad puede hacer incurrir en errores a terceros que actuaron de buena fe”, afirmó la investigadora Briz Tomás.

“Fue un accionar violento y los propios vecinos observaron los movimientos, el ingreso y cómo los han despojado del terreno”, añadió. “Actuaron con violencia y como modus operandi se manejaron en hordas para agredir al personal policial. Emplearon machetes y palos para atacar y amenazar”, sostuvo la auxiliar fiscal.

Los acusadores solicitaron que los acusados cumplan una serie de medidas para no entorpecer la investigación y de protección para los tenedores del terreno por seis meses. El juez Sebastián Norniella Parache aceptó parcialmente los pedidos. Sí hizo lugar a la imputación y aceptó que los señalados cumplan con reglas de conducta, pero sólo por cuatro meses. También dispuso la entrega voluntaria de la propiedad. Los ocupantes tendrán un plazo de 30 días para abandonar el lugar y si no lo hacen, serán retirados por la fuerza pública.