Por Guillermo Monti
19 Abril 2025
La Provincia y la UNT recibirán pronto, en el marco de negociaciones ya avanzadas, la donación de un predio en Casas Viejas, zona perteneciente a la comuna de El Mollar. Se trata de un espacio de alto valor histórico y fuente de valiosos hallazgos arqueológicos, propiedad de una familia que lo cederá al Estado siempre y cuando se lo destine a fines de estudio e investigación. A la vez, a partir de la protección que brinden responsables del área de Patrimonio y de la Universidad, quedaría a salvo de usurpaciones. El uso del potencial en este caso es imprescindible, teniendo en cuenta las permanentes disputas en el Valle de Tafí que involucran la posesión de la tierra. Y el de El Mollar es el caso paradigmático.
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Casas Viejas es la traducción de Ñaupa Huasi, nombre que lleva la comunidad indígena que habita la zona (cuya personería jurídica fue adquirida en 2005). Claro que llevan allí larguísimo tiempo y por eso, si algo conocen, son las tensiones puestas en evidencia desde que comenzaron las ocupaciones europeas. Los primeros encomenderos asentados en Tafí eligieron Casas Viejas para instalarse. Y era principalmente de Casas Viejas de donde arrancaron las huacas para pasearlas como trofeos de guerra. De paso las llamaron menhires, como si de megalitos franceses o británicos se tratara. Se entiende entonces por qué es tan importante Casas Viejas como reservóreo de una cultura ancestral, tanto que una familia tucumana está dispuesta a donar el terreno a los guardianes del patrimonio para evitar que construyan un barrio encima.
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Por un lado se registran conductas delictivas de servidores públicos habituados a hacer negocios con terrenos fiscales. Por el otro, los conflictos con las comunidades indígenas repartidas por toda la provincia. De ese embrollo conviene separar los tantos, pero la materia de la controversia sigue siendo la misma: la propiedad de la tierra.
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En diciembre pasado, por decreto (el 1083/2024), el Gobierno nacional derogó el artículo 2 de la Ley 26.160, conocida como la Ley de Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas. Esa norma, sancionada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, había declarado la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupaban los pueblos originarios. En la práctica, significó abrir un paréntesis en la cuestión catastral hasta la realización de un relevamiento técnico y jurídico de los terrenos en disputa, y además suspendió los desalojos que venían practicándose. “Pero un relevamiento no implica la posesión”, le explicó a LA GACETA un especialista en el tema. Este es un punto clave, ya que muchas comunidades dieron por sentado que la Ley 26.160 les confería -y les confiere- automáticamente la propiedad de las tierras.
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Es tal el nivel de conflictividad que un tema que debía resolverse con premura terminó eternizándose: la 26.160 daba un plazo de cuatro años -hasta 2010- para completar su cometido, pero empezó a prorrogarse una y otra vez (la última prórroga vence en diciembre de este año). Hasta que el cambio de vientos políticos e ideológicos modificó por completo el panorama y el decreto firmado por Javier Milei lo demuestra. El artículo 2 de la ley suspendía la ejecución de sentencias y de actos administrativos tendientes al desalojo de los territorios; al derogarse quedó abierta la vía para actuar por la fuerza. En el mismo decreto el Estado nacional reconoce que en los más de 250 conflictos territoriales vigentes lo que debe primar son los derechos de los “legítimos propietarios”. En muchos casos esto retrotrae las cosas a la situación previa a 2006.
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Las huacas están alojadas hoy en el Museo Arqueológico a Cielo Abierto Los Menhires, frente a la plaza de El Mollar. Ni siquiera ese predio está a salvo de las usurpaciones, con el agregado de que alberga pozos que proveen de agua potable a numerosos vecinos. En otro museo a cielo abierto tucumano, el de Ibatín, también avanzan los usurpadores, como describen los artículos que viene publicando LA GACETA. En este caso el riesgo es mucho mayor, habida cuenta de la extensión del territorio. A la antigua San Miguel de Tucumán, fundada en 1565 y trasladada al actual emplazamiento 120 años después, no se la aprecia a simple vista. La ciudad está bajo tierra, tapada por el monte que avanzó a lo largo de siglos, mientras a Ibatín la sepultaba el olvido. Si se dispusiera de los recursos necesarios para excavaciones los hallazgos podrían ser extraordinarios: el Cabildo, iglesias, conventos, viviendas y todos los elementos que hacen a la vida en comunidad aguardan para emerger y para mostrarse. Acometer este desafío es una decisión política con resultados a mediano y/o largo plazo. E implica destinarle mucho dinero. Mientras tanto, los buscadores de tesoros recorren palmo a palmo el predio, soñando con encontrar -por ejemplo- una jarra de plata como la que se exhibe en el Museo Histórico Nicolás Avellaneda. Tal vez ya lo consiguieron y piezas de esa calidad reposan en algunas colecciones privadas.
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Un clásico
Los huaqueros son un clásico de la geografía tucumana. Vienen depredando los sitios arqueológicos sin respiro, aún cuando las legislaciones que protegen los bienes patrimoniales prohiben y penalizan ese saqueo. A veces la justicia poética hace de las suyas y los materiales vuelven, como es el caso de la “colección Weiss”. Un alemán llamado Arminio Weiss juntó más de 600 piezas precolombinas, en su mayoría esparcidas por la zona de Choromoro, y se las llevó para exhibirlas en un museo de Rafaela. De eso pasaron más de 60 años. El nieto de Arminio, Carlos Weiss, las devolvió en óptimo estado de conservación y ahora están guardadas en un depósito del Ente Cultural. La discusión pasa por el destino de esa colección: ¿dónde construir el centro de interpretación (o el museo) que deberá albergar el material? ¿En Choromoro o en Trancas? En esta determinación pesará la palabra de las comunidades indígenas, a las que ya les entregaron los restos óseos humanos que Arminio había acumulado como si se tratara de vasijas de cerámica o hachas de piedra.
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El de Casas Viejas es un caso testigo potente. Allí confluyen todos los elementos del puzzle: las disputas por la propiedad de la tierra, la presencia de una comunidad indígena consolidada, el delito de usurpación que involucra a personal del Estado, el riquísimo valor arqueológico de la zona, el robo y tráfico de bienes patrimoniales. Si un sector de Casas Viejas termina preservado por las autoridades, como todo indica que sucederá, representará algo de alivio, aunque -queda claro- no la solución para el grave y enredado problema de fondo. Será un tiro para el lado de la cultura, lo que no es poco en estos tiempos de vale todo económico y social. Pero jamás hay que descuidarse, porque apenas se baja la guardia aparecen un alambrado por acá, una pirca por allá, y con la misma velocidad una vivienda ilegal pisotea nuestro pasado milenario.
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