Daniel Abad: “La Argentina se encamina hacia un ajuste ortodoxo”

El ministro de Economía defendió el recorte en el Presupuesto 2024. Justificó los cambios en los impuestos y demandó otro Consenso Fiscal.

PROYECCIÓN. Abad cree que se viene una fuerte devaluación y recesión. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SANCHÉZ NOLI PROYECCIÓN. Abad cree que se viene una fuerte devaluación y recesión. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SANCHÉZ NOLI

Daniel Abad es hoy el ministro más expuesto del momento. ¿La razón? Conduce la cartera de Economía y Producción en un período signado por las restricciones y la incertidumbre de lo que puede llegar a acontecer, a nivel nacional, con las medidas que adoptará el presidente Javier Milei. El gobernador Osvaldo Jaldo le ha confiado dos áreas sensibles. Por la mañana, generalmente se dedica a analizar las finanzas; por la tarde le da más prioridad a las cuestiones productivas. Aún así, siempre está pendiente de las planillas de ingresos. Abad no se siente el ministro del ajuste, pero reconoce que la tarea no será sencilla y que habrá que adecuarse a las restricciones ortodoxas de la economía nacional. El titular de Economía lo dice en la entrevista brindada a LA GACETA.

-¿El proyecto de Presupuesto 2024 que presentó Juan Manzur estaba sobreestimado o ahora está subvaluado?

-El Presupuesto no estaba sobreestimado. Cuando se lo elabora, generalmente se toma en cuenta el gasto del año anterior y se le suma la inflación prevista para el período. En el caso de la gestión actual, a la iniciativa que está en tratamiento legislativo se la hizo a partir de los ingresos y, con esa pauta, se avanzó con el crédito presupuestario que se le da a cada área para gastar. De allí surgió el recorte de los $ 220.000 millones al proyecto anterior; no es que esté subvaluado. Aún más, al principio habíamos previsto que las restricciones en el gasto del año que viene llegarían a los $ 312.000 millones, pero en el camino se cruzó el costo fiscal de las medidas adoptadas por Nación respecto del IVA y de Ganancias, además de la primera suma fija de $ 40.000 por agente que otorgamos a cuenta de las paritarias. Luego surgió el proyecto que está en manos de los legisladores.

-¿Cómo podrá percibir la sociedad de que el recorte de erogaciones se aplicará, según las pautas anunciadas?

-Los tucumanos ya lo han visto desde que el gobernador firmó el decreto para dar de baja a la Unidad de Reconversión Laboral; también en la reducción de los aportes no reintegrables a las comunas rurales; en el esquema de obras públicas que se redujo a la mínima expresión y en todas aquellas designaciones que se encuadran en lo que se denomina el gasto de la política. Nos quedará un superávit ínfimo de $ 2.200 millones para 2024 y el recorte se verá al final de ese ejercicio. Nadie puede discutir que el gobernador Jaldo ha tomado la decisión política de restringir el gasto político, atendiendo a la demanda social de disminuir la carga del Estado y ponerse a tono con lo que pasa en el país.

-¿Qué puede pasar con la economía a partir del lunes?

-Creo que la Argentina se encamina hacia un ajuste ortodoxo. Y eso implica menor actividad económica, recesión y, naturalmente, una elevada inflación por efecto de una actualización de precios. A ese escenario hay que agregarle una fuerte devaluación. Si nos guiamos por las cifras que dio Guillermo Francos (futuro ministro del Interior), con el dólar a $ 650, eso implicaría una devaluación del 62%, mucho más fuerte de la que se aplicó en agosto, tras las PASO. Así, la tasa de inflación aumentará con fuerza y probablemente el país se dirija hacia un fuerte ajuste fiscal y emisión cero a partir de enero, porque ahora necesitará billetes para pagar sueldos y aguinaldo. Un esquema típico del ajuste ortodoxo.

-¿Se siente el ministro del ajuste en la provincia?

-No. Hay que hacer diferencias. Cuando haces ajustes involucras tres cuestiones: lo fiscal, lo monetario y lo cambiario. La provincia sólo puede tomar medidas en lo primero, pero no en los dos restantes. Eso le cabe a la Nación.

-Siempre ha sostenido que hay tres formas que puede apelar una provincia para financiarse: impuestos, deuda y emisión. ¿Hay riesgo de que vuelvan las cuasimonedas en este esquema de ajuste?

-No hay riesgo de emisión de bonos. Pero hay que ver cómo se maneja el Gobierno nacional en el reparto del dinero. Hoy cobra más relevancia el déficit fiscal que, hasta ahora, fueron disimulados con aportes no reintegrables de la Nación y con Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Hoy estamos frente al dilema de cómo financiar ese rojo fiscal por el cierre de una ventanilla que hasta hace poco gozaban las anteriores gestiones. Ojo, no habló sólo de la de Juan Manzur, porque todas las provincias usaron esta mecánica financiera para que los gobernadores digan que sus distritos tenían superávit, mientras la Nación tenía déficit.

-¿Cree que hay que ir hacia un nuevo acuerdo o consenso fiscal entre Nación y provincias?

-Tocar la coparticipación es algo difícil en los tiempos actuales. Es el sustento principal de los ingresos de las provincias y algunas leyes especiales. Creo que el consenso fiscal debe adoptarse en esta nueva etapa de la Argentina para asegurar que las provincias sigan siendo viables y evitar escenarios del pasado, con necesidades que llevan a la búsqueda de herramientas de financiación. No hay crédito para las provincias; tampoco autorización para emitir cuasimonedas y muchos distritos están revisando las asimetrías tributarias, como el caso de Tucumán. El mejor ejemplo es el caso de los automóviles. Si uno analiza el gasto tributario, puede explicar porqué se otorgan alícuotas cero y exenciones a ciertas actividades. Eso debe responder a tres variables: tratarse de un sector estratégico, de capitales intensivos y que genere mano de obra intensiva. El Estado ha transferido fondos a una actividad que no es estratégica y ahora esas condiciones se cambian. Si vamos al Inmobiliario, sólo adecuamos los valores de las propiedades y se hizo progresivo el impuesto tomando en cuenta la zona donde está instalada la propiedad y la capacidad contributiva del poseedor. Yerba Buena aumentó un 130% y Concepción un 300%. La provincia lo hizo entre un 70% y un 98%. La novedad ahora es que la actualización de los valores de las viviendas se hará cada tres meses.

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