Por Bárbara Nieva
25 Agosto 2023
El robo de una camioneta oficial en la que habitualmente se trasladaba el senador Pablo Yedlin despertó quejas y dudas en la oposición, que pide explicaciones al Gobierno tucumano. Tras la polémica desatada, diputados nacionales y legisladores provinciales coincidieron en que el funcionario “no debería usar un vehículo con fines personales”.
La Toyota que manejaba el chofer del dirigente peronista fue sustraída de calle Corrientes al 1600 y la denuncia se tomó en la seccional Séptima de Villa Luján. Lo que llamó la atención es que el vehículo de patente AB616JQ está a nombre del Superior Gobierno de la Provincia y, en particular, está asignado a la Secretaría General de la Gobernación. La titular de esta área, Silvia Pérez, confirmó a LA GACETA que es usual que se le presten vehículos oficiales a senadores y a diputados.
Ante esto, el legislador Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana (FR), impulsó un pedido de informe a dicha oficina respecto del inventario, afectación y recursos humanos destinados a la flota vehicular oficial.
En la solicitud, el candidato a diputado nacional resalta que el hecho “nos lleva a cuestionar sobre el destino que se le está dando a los recursos del Estado”. Así, pide “detalles del incidente ocurrido” y de “cuál era la misión o destino por medio de la cual se afectó dicho vehículo” a favor de Yedlin.
A su vez, el escrito presentado ante la comisión de Asuntos Constitucionales solicita respuestas sobre si el senador “tiene asignado un vehículo oficial para uso personal permanentemente” y lo mismo acerca de su chofer. “La Secretaría General de la Gobernación tiene como funciones impulsar y coordinar las políticas dictadas por la Superioridad, en materia de desarrollo, administración y control de recursos humanos”, añade.
“Viejas prácticas”
Que Yedlin tenga a su disposición un vehículo del Estado fue objetado también por otros opositores, como José María Canelada (Unión Cívica Radical). “Las viejas prácticas del oficialismo de utilizar los bienes del Estado en beneficio propio nunca se acaban”, señaló.
Mencionó al mandatario provincial, Juan Manzur, y dijo: “Más allá de lo obsceno que resulta, no sorprende que reparta camionetas a sus dirigentes el gobernador que usa los aviones como taxis, que organiza mítines políticos en Casa de Gobierno, que reparte plata de los tucumanos a plena vista cuando llegan las elecciones”.
Además, indicó que debería prohibirse el uso de vehículos de la Provincia para fines personales, familiares, políticos o electorales y que, por eso, el bloque radical presentará un proyecto en la Legislatura de Tucumán para “regular el uso de los vehículos oficiales”. “Vamos a proponer que estén identificados en los laterales para que se reconozcan a simple vista”, agregó Canelada.
Federico Masso (Libres del Sur) dijo que “es algo que se tiene que investigar a fondo” porque “por más que sea senador de la Nación, no puede andar con un vehículo oficial”, reclamó. “Tiene que andar en su auto particular porque el Gobierno no tiene nada que ver, pero son tan impunes (los referentes oficialistas) que no se despegan de la Casa de Gobierno”, manifestó Masso.
En tanto, Gerardo Huesen (Fuerza Republicana) caracterizó a la situación como “un papelón” y remarcó que “espera que Yedlin salga a dar explicaciones”. “Estamos cansados de que los funcionarios no estén a la altura de las circunstancias. Estoy siempre a favor del achique del Estado, pero con funcionarios así será imposible”, apuntó el legislador.
En el Congreso
La misma reacción tuvo la diputada nacional Lidia Ascárate (UCR). “Por respeto al uso de la cosa pública, debería existir un registro de la utilización del vehículo, con la clara asignación de las tareas dentro del territorio y su tiempo de duración”, consideró.
Además, subrayó que “particularmente” debería llevarse este control en épocas electorales.
La referente de CREO en el Congreso de la Nación, Paula Omodeo, lanzó: “Venimos exigiéndole a la política y a los funcionarios terminar con los privilegios y bajar el gasto público. El senador, como muchos otros, no está dispuesto a hacerlo”.
Sostuvo que el hecho en el que estuvo involucrado Yedlin “deja en evidencia la falta de información y transparencia en el uso de los recursos públicos y los privilegios de la clase política”.
“Es una muestra más de cómo no funcionan las cosas en Tucumán y del desmanejo de los bienes públicos”, resaltó Omodeo.
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