11 Febrero 2007
El proyecto oficial que reduce las comisiones que perciben las AFJP y otorga libertad de movilidad a los afiliados del sistema, restaura un equilibrio largamente reclamado por distintos sectores de la comunidad. Desde esa perspectiva se lo considera una decisión oportuna.
En efecto, desde julio de 1994 cuando fue sancionada la Ley 24.241, existía la conciencia de que era desproporcionado el nivel de comisiones (22%) que cobraban las AFJP por administrar los fondos de los afiliados. Como contrapartida, se esperaba que la rentabilidad que prometía la gestión podría compensar las quitas que sufrían los capitales. Luego de transcurridos 12 años, y a pesar de que las AFJP lograron rentabilidades excelentes, el resultado neto para los afiliados resultó nítidamente deficitario; esto es, en lugar de capitalizarse, los ahorros se descapitalizaron. Estudios cuantitativos sobre esta cuestión estiman un quebranto del 25% para trabajadores en relación de dependencia, situación que se agrava para el caso de los trabajadores autónomos.
Como consecuencia inmediata de lo oneroso del sistema, de la falta de incentivos para incrementar los aportes y de la crisis de 2002, el esquema generó 6,7 millones de afiliados en mora con sus aportes sobre un total de 11,3 millones de inscriptos. Ello significa que una masa importante de individuos (60%) estarán desprotegidos o parcialmente protegidos frente a la contingencia de la vejez.
Por otro lado, la norma impedía toda movilidad de los afiliados, excepto si se realizaba dentro del mismo sistema privado. Si un aportante que había creído en el esquema de capitalización encontraba que este no resultaba conveniente para sus intereses, se enfrentaba con la imposibilidad de alterar su resolución inicial: no podía cambiar de sistema, se encontraba cautivo, privado de ejercer su libre albedrío y rectificar un error del pasado.
Todo el entramado de la jubilación privada "huele" mal: es muy probable que se trate de una operación gigante montada sobre poderosos intereses económicos, que fueron motorizados por operadores inescrupulosos.
El proyecto previsional se desarrolla en un período de 30 a 40 años, en el largo plazo, y es particularmente complejo por todas las variables que intervienen. La triste realidad es que mientras Argentina no construya instituciones sólidas que funcionen con independencia, transparencia y estabilidad, no habrá modelo jubilatorio que brinde garantías a sus afiliados. Cualquier otra idea, es pura utopía.
En efecto, desde julio de 1994 cuando fue sancionada la Ley 24.241, existía la conciencia de que era desproporcionado el nivel de comisiones (22%) que cobraban las AFJP por administrar los fondos de los afiliados. Como contrapartida, se esperaba que la rentabilidad que prometía la gestión podría compensar las quitas que sufrían los capitales. Luego de transcurridos 12 años, y a pesar de que las AFJP lograron rentabilidades excelentes, el resultado neto para los afiliados resultó nítidamente deficitario; esto es, en lugar de capitalizarse, los ahorros se descapitalizaron. Estudios cuantitativos sobre esta cuestión estiman un quebranto del 25% para trabajadores en relación de dependencia, situación que se agrava para el caso de los trabajadores autónomos.
Como consecuencia inmediata de lo oneroso del sistema, de la falta de incentivos para incrementar los aportes y de la crisis de 2002, el esquema generó 6,7 millones de afiliados en mora con sus aportes sobre un total de 11,3 millones de inscriptos. Ello significa que una masa importante de individuos (60%) estarán desprotegidos o parcialmente protegidos frente a la contingencia de la vejez.
Por otro lado, la norma impedía toda movilidad de los afiliados, excepto si se realizaba dentro del mismo sistema privado. Si un aportante que había creído en el esquema de capitalización encontraba que este no resultaba conveniente para sus intereses, se enfrentaba con la imposibilidad de alterar su resolución inicial: no podía cambiar de sistema, se encontraba cautivo, privado de ejercer su libre albedrío y rectificar un error del pasado.
Todo el entramado de la jubilación privada "huele" mal: es muy probable que se trate de una operación gigante montada sobre poderosos intereses económicos, que fueron motorizados por operadores inescrupulosos.
El proyecto previsional se desarrolla en un período de 30 a 40 años, en el largo plazo, y es particularmente complejo por todas las variables que intervienen. La triste realidad es que mientras Argentina no construya instituciones sólidas que funcionen con independencia, transparencia y estabilidad, no habrá modelo jubilatorio que brinde garantías a sus afiliados. Cualquier otra idea, es pura utopía.
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