26 Marzo 2004
RIESGOS. Miles de personas revuelven la basura a diario en Los Vásquez.
El conflicto de la basura de los tucumanos llegó a la Justicia Federal con características delictivas. El gerente de la recolectora de residuos Transporte 9 de Julio, Ricardo Otrino, fue procesado como presunto autor responsable de un delito penal federal, por considerarse que "habría envenenado, adulterado o contaminado de modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general en el predio de Los Vázquez".
El juez federal Jorge Parache resolvió dictar el procesamiento de Otrino, disponer que continúe en libertad y trabar un embargo a sus bienes por $ 500.000.
El abogado Orlando Stoyanoff denunció que Transporte 9 de Julio arroja residuos tóxicos sin el debido tratamiento en el predio de Los Vázquez, por lo que el fiscal federal Carlos Brito inició una investigación tras la cual imputó al empresario porque habría violado la Ley 24.5051, de residuos peligrosos.
Stoyanoff y Brito le presentaron a Parache numerosas pruebas, testimonios y fotografías, en base a actas labradas por la Policía Ecológica, por el ex director de Medio Ambiente de la Provincia Juan González, además de actuaciones cumplidas por la Fiscalía de Instrucción de la IIº Nominación a cargo de Carlos Albaca junto con el Siprosa, inspecciones de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental e informes de la Policía Científica del Departamento Químico de Gendarmería Nacional.
Hallazgos espeluznantes
Las diferentes reparticiones detectaron residuos patógenos y hospitalarios esparcidos por el vaciadero; charcos de líquido negro y aceitoso que burbujean gases pestilentes; restos humanos provenientes de hospitales; y bolsas rojas semienterradas con gasas, algodones con manchas sanguinolentas, jeringas usadas, pañales y plasma sanguíneo.
En distintas pruebas químicas realizadas en el río Salí, próximo al basural, en donde fluyen los líquidos lixiviados del vaciadero, también se hallaron metales pesados (letales para el ser humano) por valores 1.000 veces superior a los niveles permitidos, lo mismo que cifras alarmantes de bacterias aeróbicas, coliformes y bacterias e-coli en pruebas tomadas hasta a un kilómetro del basural. "El problema es que al estar (Los Vázquez) a la orilla del río Salí, la cuenca podría resultar una cuba receptora de la basura y del drenaje de los líquidos lixiviados que generan, resultando de esta manera un peligroso foco de contaminación y un potencial riesgo para la salud", concluye el informe químico de Gendarmería.
Para dictar el procesamiento de Otrino -quien ayer se ausentó de la provincia-, el juez consignó que los peritos también advirtieron: "se aprecia que la crecida del río arrasó con parte importante del terreno que contenía relleno de basura tratada y -como consecuencia de esto- quedó un barranco de dos metros, con riesgo de derrumbe debido a la forma como fue socavado por el agua... En el cauce del agua se observan animales muertos y restos de basura dispersa por todos lados..."
Parache entendió que la empresa 9 de Julio posee en Los Vázquez un predio en el que se arrojan residuos tóxicos y patógenos y que la proximidad del predio con el río Salí es suficiente para hacer que los residuos contaminen las aguas del río -"lo cual constituye un grave peligro para la salud, por lo que asevera la posibilidad de daño que requiere este delito", explicó-.
El Estado mantiene un largo enfrentamiento con la recolectora
Ni en la Municipalidad de la capital ni en el Gobierno provincial tenían conocimiento de que el gerente de Transporte 9 de Julio, Ricardo Otrino, había sido procesado por la Justicia Federal, confirmaron funcionarios de alto nivel. En ambas administraciones se sigue de cerca el conflicto que afronta la ciudad con la recolectora de residuos.
En el caso de la Provincia, porque soporta un diferendo con Santiago del Estero a raíz de la contaminación del dique El Frontal, producto de los desechos tóxicos que los tucumanos arrojan en el río Salí.
El municipio, por su parte, negocia hace tiempo el monto de la deuda que mantiene con la concesionaria de la recolección. El Estado sostiene que deben descontarse de la deuda los incumplimientos del contrato y las numerosas multas que se labraron a la firma, justamente por provocar daños al medio ambiente.
La jueza Nilda Graciela Dalla Fontana de Antoraz dispuso en 2002 una multa de $ 2.000 diarios a Transportes 9 de Julio por violar la ley provincial 6.253 de Medio Ambiente. La magistrada ordenó además una serie de medidas, como por ejemplo la colocación de mallas para evitar que los tóxicos lleguen al río Salí, pero ninguna de estas medidas se cumplió. Actualmente la causa se encuentra paralizada.
El juez federal Jorge Parache procesó a Otrino en virtud de la Ley 24.051, que protege a la salud pública. Los delitos previstos en esa ley no requieren una efectiva lesión, sino que resulta suficiente poner en peligro la salud de las personas. Por lo tanto, procesó a Otrino como presunto autor del delito de haber envenenado, adulterado o contaminado de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente.
El juez federal Jorge Parache resolvió dictar el procesamiento de Otrino, disponer que continúe en libertad y trabar un embargo a sus bienes por $ 500.000.
El abogado Orlando Stoyanoff denunció que Transporte 9 de Julio arroja residuos tóxicos sin el debido tratamiento en el predio de Los Vázquez, por lo que el fiscal federal Carlos Brito inició una investigación tras la cual imputó al empresario porque habría violado la Ley 24.5051, de residuos peligrosos.
Stoyanoff y Brito le presentaron a Parache numerosas pruebas, testimonios y fotografías, en base a actas labradas por la Policía Ecológica, por el ex director de Medio Ambiente de la Provincia Juan González, además de actuaciones cumplidas por la Fiscalía de Instrucción de la IIº Nominación a cargo de Carlos Albaca junto con el Siprosa, inspecciones de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental e informes de la Policía Científica del Departamento Químico de Gendarmería Nacional.
Hallazgos espeluznantes
Las diferentes reparticiones detectaron residuos patógenos y hospitalarios esparcidos por el vaciadero; charcos de líquido negro y aceitoso que burbujean gases pestilentes; restos humanos provenientes de hospitales; y bolsas rojas semienterradas con gasas, algodones con manchas sanguinolentas, jeringas usadas, pañales y plasma sanguíneo.
En distintas pruebas químicas realizadas en el río Salí, próximo al basural, en donde fluyen los líquidos lixiviados del vaciadero, también se hallaron metales pesados (letales para el ser humano) por valores 1.000 veces superior a los niveles permitidos, lo mismo que cifras alarmantes de bacterias aeróbicas, coliformes y bacterias e-coli en pruebas tomadas hasta a un kilómetro del basural. "El problema es que al estar (Los Vázquez) a la orilla del río Salí, la cuenca podría resultar una cuba receptora de la basura y del drenaje de los líquidos lixiviados que generan, resultando de esta manera un peligroso foco de contaminación y un potencial riesgo para la salud", concluye el informe químico de Gendarmería.
Para dictar el procesamiento de Otrino -quien ayer se ausentó de la provincia-, el juez consignó que los peritos también advirtieron: "se aprecia que la crecida del río arrasó con parte importante del terreno que contenía relleno de basura tratada y -como consecuencia de esto- quedó un barranco de dos metros, con riesgo de derrumbe debido a la forma como fue socavado por el agua... En el cauce del agua se observan animales muertos y restos de basura dispersa por todos lados..."
Parache entendió que la empresa 9 de Julio posee en Los Vázquez un predio en el que se arrojan residuos tóxicos y patógenos y que la proximidad del predio con el río Salí es suficiente para hacer que los residuos contaminen las aguas del río -"lo cual constituye un grave peligro para la salud, por lo que asevera la posibilidad de daño que requiere este delito", explicó-.
Ni en la Municipalidad de la capital ni en el Gobierno provincial tenían conocimiento de que el gerente de Transporte 9 de Julio, Ricardo Otrino, había sido procesado por la Justicia Federal, confirmaron funcionarios de alto nivel. En ambas administraciones se sigue de cerca el conflicto que afronta la ciudad con la recolectora de residuos.
En el caso de la Provincia, porque soporta un diferendo con Santiago del Estero a raíz de la contaminación del dique El Frontal, producto de los desechos tóxicos que los tucumanos arrojan en el río Salí.
El municipio, por su parte, negocia hace tiempo el monto de la deuda que mantiene con la concesionaria de la recolección. El Estado sostiene que deben descontarse de la deuda los incumplimientos del contrato y las numerosas multas que se labraron a la firma, justamente por provocar daños al medio ambiente.
La jueza Nilda Graciela Dalla Fontana de Antoraz dispuso en 2002 una multa de $ 2.000 diarios a Transportes 9 de Julio por violar la ley provincial 6.253 de Medio Ambiente. La magistrada ordenó además una serie de medidas, como por ejemplo la colocación de mallas para evitar que los tóxicos lleguen al río Salí, pero ninguna de estas medidas se cumplió. Actualmente la causa se encuentra paralizada.
El juez federal Jorge Parache procesó a Otrino en virtud de la Ley 24.051, que protege a la salud pública. Los delitos previstos en esa ley no requieren una efectiva lesión, sino que resulta suficiente poner en peligro la salud de las personas. Por lo tanto, procesó a Otrino como presunto autor del delito de haber envenenado, adulterado o contaminado de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente.
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