Algunas discusiones pendientes de la universidad pública

Cuando desde el gobierno nacional se habló de auditar las universidades, al comenzar los roces por el presupuesto, algunos apelaron a la autonomía para oponerse. Esa línea no duró mucho. Como correspondía. La universidad se sostiene esencialmente con aportes del Estado nacional, por lo tanto de todos  quienes soportan impuestos. Y si se usa dinero ajeno deben rendirse cuentas.

No se puede pretender que la población ponga dinero y simplemente confíe en  que será bien gastado. Cuando los recursos son escasos debe evaluarse a qué vale pena destinarlos, más con tantas alternativas de evidente utilidad social. Al respecto, hay unidades de auditoría interna y al menos la de la UNT trabaja  bien. Pero es información para las autoridades universitarias, no para la  sociedad. También existe la Auditoría General de la Nación pero debe cubrir todo el Estado, lo hace por muestreo de áreas, apenas si toca algunas universidades y el Congreso (del que es organismo de apoyo) suele ignorar sus informes.

Sería más útil la transparencia. Un simple link en la página de Internet de cada universidad desde donde acceder a información completa y ordenada. Por ejemplo, número y tipo de empleados, agrupamiento de gastos salariales (para  que haya idea de los gastos por categorías sin violar la privacidad),  rendimientos laborales, como carga horaria por función (docentes y no  docentes), investigaciones realizadas o en marcha, publicaciones, número de  alumnos y egresados por carrera y duración media de los estudios tanto de los  estudiantes activos como de los egresados.

¿Para qué? Para tener elementos con los que evaluar el desempeño de la universidad. Información útil para discutir qué mantener, profundizar, cambiar o llamar la atención en lo que no dependa de los mismos universitarios. Es parte de la responsabilidad social de la universidad.

Lo que hace volver al financiamiento. La universidad no es gratuita. Como mínimo tiene el costo alternativo de los recursos dedicados a ella, esto es, los beneficios que se dejan de obtener por dirigir los recursos allí y no darles otra aplicación. Ahora bien, así como la educación primaria no tarifada genera más beneficios sociales que privados, la universitaria es al revés. Esto último porque el egresado beneficia a la sociedad al ejercer su profesión pero le cobra honorarios a los beneficiados. Y como no pagó la inversión en capital humano durante su carrera, tiene rentabilidad extraordinaria. Por lo tanto, sería de justicia pagar por recibir formación universitaria.

Ahora bien, se sostiene que la universidad es clave para la movilidad social ascendente. Hoy eso es falso. La mayoría de los jóvenes de familias pobres no accede a ella, en especial porque no termina la secundaria. Según cálculos de Martín de Simone, del Banco Mundial, del segmento del 20 por ciento superior de ingresos el 70 por ciento de los jóvenes en edad universitaria desarrolla estudios terciarios; del 20 por ciento inferior, sólo el 24 por ciento. Pero nadie  abona aranceles. Ni siquiera quienes podrían. Sin embargo, el IVA, principal impuesto argentino, alcanza a todos, incluso a aquellos cuyos hijos nunca irán a la universidad (pero que cuando necesiten profesionales deberán pagar sus  honorarios como antes cubrieron parte de sus estudios). No pagar por estudiar no es integración, ascenso ni justicia social sino un privilegio para los pudientes.

La alternativa directa es cobrar un arancel y con su recaudación becar a quienes necesiten ayuda. Pero en Argentina no hay un mercado de capitales tan amplio como para ofrecer suficientes créditos para estudiar, y seleccionar quién paga y quién no haría de la universidad algo parecido a la Afip. Tal vez fuera más práctico cobrar un impuesto al egresado; durante algunos años el profesional contribuiría a la universidad con parte de lo que ganara. Así, a nadie se le impediría estudiar por razones arancelarias y en definitiva pagarían los egresados de carreras con gran rendimiento privado. Por supuesto, el arancel o el impuesto no financiarían todo el presupuesto universitario; su principal papel sería erradicar la injusticia de subsidiar a los ricos.

Tres apartes. Primero, no concluye carrera alrededor del 80 por ciento de los ingresantes, entre ellos la gran mayoría de los pocos que provenían de hogares de bajos ingresos. Eso significa hospitales que no se construyen con recursos  que tampoco generan profesionales. No sólo la universidad debería  preocuparse por eso.

Otro, el gobierno denuncia adoctrinamiento desde las cátedras. Cuidado. Hay carreras donde es imposible no exponer una visión del mundo que incluya valores y objetivos. El problema es cuando no hay ciencia por detrás. Las herramientas del método científico deben acompañar la visión del docente. Por otra parte, fomentar el espíritu crítico suena lindo como objetivo académico pero para ejercer tal espíritu hay que saber. El pensamiento crítico necesita enciclopedismo previo, de lo contrario es humo.

Último: la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria evalúa carreras para acreditarlas mientras busca que todas las universidades enseñen lo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno avala los títulos. ¿Pero por qué habría de hacerlo? Cada universidad tiene su prestigio, ganando décadas antes de que existiera la Coneau; los mejores exponentes de la universidad pública, quienes son mostrados como ejemplos de calidad del sistema cada vez que hay conflictos, son todos pre-avales; y la acreditación frena la innovación  porque la Coneau admite sumar conceptos nuevos, no que se reemplacen los viejos ya acreditados por nuevos. Cada universidad debería ofrecer sus carreras, planteles y orientaciones como le parezca. La transparencia y los inscriptos indicarán cómo lo hace. La acreditación de carreras es un error y la Coneau un gasto innecesario. Como herramienta de control de planes de estudio es anti autonomía y las autoridades universitarias deberían rechazarla.

En resumen, entre otros temas la universidad pública debe trabajar en su transparencia, discutir cómo reducir la injusticia de la no tarifación y bregar para que más jóvenes reciban educación de buena calidad y terminen la secundaria así puedan ingresar a la universidad. Más dinero, solo, no alcanza.