Por Luis María Ruiz
16 Enero 2020
Tiene el poder de congelar la dieta de los legisladores con solo un llamado telefónico, incluso estando de licencia por vacaciones y fuera de la provincia.
Con una lapicera en su puño, es capaz de cambiar de un día para el otro la vida interna de la Legislatura. En los hechos, gracias a las letras de la Constitución y del reglamento legislativo, es quien todo lo da o todo lo quita en la espejada sede de Muñecas 951.
Así, hace ya tres años descansan en paz los “gastos sociales”, aquel oscuro sistema de circulación de valijas y de sobres para supuestos subsidios.
Los cientos de millones de pesos que hasta 2016 se consumían en esas “ayudas” le alcanzaron luego para reforzar la secreta partida para sueldos. Ningún legislador de entonces protestó por el cambio. Hubo reuniones y algún sana sana. Y al dueño de la lapicera le sobraron fondos para generar “ahorros” ocultos. Los suficientes para abonar el boleto de ómnibus a 70.000 alumnos del interior tucumano. Así se hará también en 2020. Así funcionan las cosas en jaldolandia.
Los exploradores
Como exploradores de mares desconocidos, los legisladores manzuristas navegan con especial atención por las aguas que administra Osvaldo Jaldo.
En la travesía de la nueva gestión, que apenas lleva un trimestre, la mayoría se mantuvo al margen de posibles disputa. Otros, sin embargo, izaron la bandera del gobernador Juan Manzur. Con matices -algunos de forma directa, otros con sutilezas-, evidenciaron en jaldolandia su identificación con el jefe del Ejecutivo.
En su edición del sábado, LA GACETA publicó la opinión del vicepresidente 1° de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, sobre los efectos del fallo “Iriarte”, a través del cual la Corte de Tucumán fulminó la potestad constitucional del vicegobernador -electo en fórmula con el titular del Poder Ejecutivo- de fijar la dieta de los legisladores. “Todas las Constituciones (tucumanas) han sostenido la ambigüedad originaria y poco clara en el rol de vicegobernador; ante ello se hace necesaria una ley reglamentaria que determine con certeza los alcances y límites del vicegobernador en su función de presidente del Poder Legislativo”, analizó el ex diputado nacional.
En el jaldismo sostienen que la idea de Vargas Aignasse tiene nulas posibilidades de prosperar en el cuerpo legislativo. Quizás el legislador peronista ya lo sabía al momento de escribir esas líneas, y sólo le interesaba dar su opinión, como abogado y político, sobre una sentencia de alto impacto institucional.
Pero en las filas del tranqueño, al margen de descartar una ley de esas características, interpretan el mensaje como una avanzada -más literaria que real, por el momento- del manzurismo sobre su territorio.
En tanto, Vargas Aignasse, habitual acompañante del gobernador en los actos oficiales, no aparece en ninguna de las fotos que le tomaron a Jaldo en sus recientes recorridas como encargado del Ejecutivo.
No tan bienvenidos
Aunque en la composición legislativa que se marchó en octubre también había dirigentes que respondían a Manzur -como Reneé Ramírez-, en aquellos tiempos las tensiones en la cúpula del PJ eran pocas e intrascendentes. Jaldo tenía la certeza de que no estaba en condiciones de mirar a la Casa de Gobierno. Y el jefe del PE tenía todo para retener el poder, como sucedió.
El escenario ha cambiado.
Manzur, a menos que impulse una reforma constitucional, ya no tiene posibilidades de un nuevo mandato. Y Jaldo entiende que en 2023 debería ser su turno de conducir la Provincia. Allí están enfrascados. Eso sí: hablan por teléfono a diario -según testigos, en tono ameno, sin reproches- y no criticarían en público las decisiones que pudiera tomar el otro.
Es cierto que las preocupaciones centrales son otras. Aunque la coparticipación federal llega en tiempo y forma, la recaudación provincial se “frenó” por la caída del consumo. Así, el cronograma de pagos de diciembre a los estatales se aplazó algunos días. Y para poder afrontar los sueldos, el Gobierno recurrió a una deuda de $3.000 millones con el Banco Macro, a un anticipo financiero de $1.000 millones de la Nación y a un giro en descubierto de unos $800 millones. La suspensión de la “cláusula gatillo”, sin consulta previa con los gremios, abrió un conflicto social con final incierto para el oficialismo. El horizonte financiero es poco alentador. Pero la rueda de la política jamás se detiene. Y allí están, subidos al barco de su líder, los exploradores manzuristas, sospechando que quizás no sean tan bienvenidos en su llegada a jaldolandia.
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