Abogados para los pobres

La asistencia jurídica a los pobres fue dispuesta en el “Auto General concerniente a los S.S. Jueces y Abogados”, dado por la Cámara de Apelaciones de Tucumán el 15 de julio de 1846.

Con la firma de los doctores De la Vega, Domínguez y Aráoz, tenía en cuenta que una de sus “primeras atribuciones” era “cuidar se guarde y observe estrictamente la práctica del foro ordenada por las leyes que actualmente nos rigen, como otras tantas garantías que encuentra el ciudadano litigante”. Especialmente, “aquellas que se dirigen a la protección de las personas pobres y desvalidas, tan dignas de sus cuidados y de la filantropía que inspiran la indigencia y la miseria”.

Habían notado que “por una dolorosa prescindencia de lo ordenado por el Derecho en este importante ramo”, habían “quedado indefensos algunos de los dichos contendores, por no tener recursos pecuniarios u otros medios de inteligencia que les faciliten la entrada al estudio de un abogado para la defensa de sus derechos”. Estas personas, con frecuencia, caían “en el abatimiento que suele infundir el aspecto de un poderoso litigante”.

En consecuencia, disponían que, de acuerdo a las leyes de la “Recopilación de Indias”, en caso de hallarse impedido el Defensor General de Pobres para patrocinar las causas contenciosas de los pobres, “deberán los Juzgados nombrarles de oficio (en caso que lo pidieran), otro abogado defensor, para que, en el cumplimiento de la misma ley y el uso del oficio más noble de su profesión, haga la expresada defensa gratis y sin exigir un horario alguno”. Disponía que “lo mismo se ejecutará, según el espíritu de la ley últimamente citada, cuando ambos contendores sean pobres de solemnidad, y el uno de ellos haya quedado sin la protección que a los de esta clase dispensa el referido ministerio”. Al día siguiente, el gobernador Celedonio Gutiérrez confirmó el auto en todas sus partes, y dispuso su cumplimiento.