Hacer la vista gorda

Cada tragedia vial nos sume en un pozo depresivo. “Somos una sociedad infractora”, dice el fiscal Diego López Ávila. “¿No hay nada que sacuda al ser social? Estamos anestesiados”, se lamenta Clara Pucheta, hermana del canillita Marcelo Pucheta, que murió atropellado en El Cristo en 2010. “Es una cuestión cultural. El respeto es la excepción y la infracción es la norma”, afirma Enrique Romero, subsecretario de Tránsito municipal. “Yo no hablo de seguridad, sino de inseguridad vial”, añade Benjamín Nieva, secretario de Transporte de la provincia.

“Es una epidemia”, sentenció el gobernador Juan Manzur en febrero de 2016. Ahora la sociedad se ha hundido en el pozo de tristeza y enojo por la conjunción de accidentes de los últimos días, en los que intervinieron conductores menores de edad. Sobre todo se habla del caso de la estudiante de Medicina atropellada en la avenida Aconquija el domingo a las 4 de la mañana por un Honda Fit conducido por un adolescente de 16 años que huyó del lugar y se escondió en su casa en un country de Yerba Buena.

¿Cómo saldremos de este pozo? Las experiencias son personales y contundentes y hacen pensar que el drama se acrecienta; los datos oficiales, en cambio, son poco claros y dejan dudas. Las primeras son elocuentes. La misma avenida Aconquija, una de las más concurridas de la provincia, acumula historias duras de tragedias viales. Una es la del canillita Pucheta, embestido en 2010 por una camioneta cuyo conductor, Gonzalo Callejas, huyó y estuvo prófugo 24 días hasta que fue denunciado anónimamente. Callejas fue condenado en 2015 a cuatro años de prisión por homicidio culposo y a 10 años de inhabilitación para conducir. Clara Pucheta, hermana del canillita, profesora de inglés que enseña educación vial y participa en la campaña de concientización de estrellas amarillas, lamenta hoy que su caso no haya dejado huellas en la sociedad. Y no. En agosto pasado el motociclista Sergio Feris falleció al ser embestido en El Corte, a la altura del río Muerto, por un auto manejado por un adolescente. 

Doble lucha

La tragedia de la médica María Cecilia Reales, cuyo auto fue chocado en 2009 por otro que circulaba a alta velocidad, ocurrió en avenida Aconquija al 1.100, a dos cuadras del choque del domingo pasado. La hermana de la médica, Marcela Reales, reclamó públicamente hace dos meses que la causa contra el conductor del auto, Agustín Troncoso (quien tenía 17 años en 2009), estaba a punto de prescribir: se vencían todos los plazos el 11 de junio (mañana). 

“Se hizo un juicio abreviado con el juez correccional Marcelo Mendilaharzu. El conductor aceptó la responsabilidad del hecho y recibió dos años y medio de prisión en suspenso con inhabilitación para conducir”, dijo Marcela. El fallo ahora está bajo análisis de la jueza de Menores, Judith Solórzano. “Para mí ha sido una doble lucha: por la justicia lenta y porque nadie controla si las inhabilitaciones para conducir se hacen efectivas o no”, explica Marcela Reales.

Según el fiscal López Ávila, las leyes se han ido endureciendo. Antes las lesiones culposas tenían una pena de 1 a 2 años y ahora llegan a 3 años. Antes un accidente se consideraba culposo (imprudencia) y ahora es frecuente que se agregue la figura de dolo eventual (intención de cometer daño). En el caso de la tragedia de Ranchillos de febrero 2016, cuando el conductor Jorge Sánchez embistió a seis personas (tres fallecieron), escapó y enterró el auto en una finca de El Tala, han sido enviados a juicio Sánchez, por homicidio con dolo eventual, y sus hermanos, por encubrimiento (lo ayudaron a ocultar el auto). 

Aunque el fiscal considera que la fuga no es algo usual, sí advierte que se da con frecuencia en esta sociedad donde hay un relajamiento en todo sentido. Dice que tuvo dos casos de fuga en su turno anterior y que ocurre en el interior de la provincia, donde hay ausencia de controles. “En las ciudades ayuda la tecnología”, sostiene. En el accidente del domingo, fue útil la cámara de vigilancia de la avenida Aconquija al 1.200 para identificar el auto, y las pericias en los celulares del adolescente y de su madre (la dueña del auto) le servirán al fiscal para deslindar responsabilidades.

Sin autoridad

Este caso de la estudiante atropellada ha llevado al debate sobre la falta de autoridad de los padres para ponerles límites a sus hijos, pero también a la falta de reacción de la sociedad frente a las infracciones. 
Tanto Clara Pucheta como Mario Argañaraz, el padre de la estudiante, se preguntan si los padres de los compañeros del chico que manejaba el auto no se inquietaban al ver que un menor llevaba en auto a sus hijos; si las autoridades del colegio no decían nada al verlo conducir, y si los guardias del country no advirtieron que llegaba con el parabrisas destrozado y el capot abollado. “Esto dispara todos los miedos. Como sociedad estamos fallando si hacemos la vista gorda ante infracciones evidentes”, dice Pucheta. 
Pero ella añade que el que más hace la vista gorda es el Estado, que debe controlar y no lo hace en los momentos de crisis. “La avenida Aconquija es muy transitada por jóvenes los fines de semana y cuando hay boiliches. ¿Por qué no había controles?”, pregunta.

Las autoridades dicen que sí actúan. Hay 100 inspectores de Transporte provincial y 150 agentes de Policía Vial que van a cubrir 42 puntos negros (sitios de concentración de accidentes); en la Municipalidad capitalina dicen que hacen 20.000 multas por mes y que hasta se agregaron ahora inspectores en moto para sancionar a infractores. 

Enrique Romero opina que el gran problema es la anomia frente a un problema que crece: sólo en la capital hay 330.000 autos, 120.000 motos y 1.200 colectivos. El secretario provincial Nieva remarca que después de nueve años de vigencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se ha logrado en diciembre que las 19 municipalidades se adhieran a la ley nacional de tránsito. Se hacen campañas de concientización contra el alcohol, se ha hecho la ley de alcoholemia cero, se ha montado hace un año un observatorio (nacional) de seguridad vial, para recabar datos. ¿Entonces?

Fragmentación

Sin embargo, no existe un consejo de seguridad vial provincial (había uno pero nunca funcionó porque no se integró, dijo Nieva, que quiere reflotarlo con otra ley) que pueda obligar a los municipios a compartir una política común. Tampoco es que las entidades nacionales hagan mucho que cambie las cosas. De hecho, la ANSV y el sistema de carnet de manejo con scoring, creados en 2008, no se aplican porque la adhesión a la ley de los municipios es voluntaria y faltan muchos en el país. “Faltan menos”, dice Nieva. 
Pero faltan. Porque para poder implementar el carnet por puntos hay que montar una base de datos. Hasta ahora el sistema ha servido para que se compartan infracciones y así cuando alguien renueva su licencia le aparecen multas de otras jurisdicciones. El sistema ha servido para recaudar. No se conoce de nadie que haya perdido puntos o que haya quedado inhabilitado para conducir por infracciones. Otra perla: la ley de alcohol cero no rige en Yerba Buena porque el Concejo Deliberante, envuelto en peleas políticas desde hace un año y medio, no se reúne para aprobar la adhesión.

Precisamente el fiscal López Ávila señala que la atomización de responsabilidades es lo que marca una sociedad infractora. “Hay relajamiento de las autoridades. Los policías -como no sean los viales- no hacen nada cuando ven infracciones”, dice. Y agrega que la burocracia busca recaudar, entorpece las cosas y favorece esa fragmentación. “La mitad de las motos secuestradas no tiene papeles en regla. Y al tipo que le secuestran la moto le sale más caro  hacer la transferencia que comprar otra en la calle”, explica.
¿Cuestión cultural? Tal vez. Pero es fácil evadir la responsabilidad en todos cuando no hay estudios que permitan hacer un diagnóstico de lo que sucede y estrategias para lo que sucederá (cada vez habrá más vehículos y las motos van a reinar allá donde no haya transportes públicos eficientes) y cuando no hay evaluaciones de las políticas, ni sanciones para quienes fracasan en esas políticas. 

¿Se le puede pedir cultura vial a los usuarios de motos en poblaciones que no tienen transporte público o con transporte deficiente? ¿Qué estudios estratégicos tienen las autoridades para mitigar los riesgos? ¿Cómo es posible que después de 30 años no se haya podido generalizar el uso de casco en los motociclistas? ¿Qué lecciones han sacado de los accidentes? No es que hay ausencia de normas, sino que es la imposibilidad del Estado para establecer políticas medidas por el resultado. 
Marcela Reales, que aclara que no tiene la respuesta (”soy una ciudadana más... ojalá la tuviera”, dice) apunta a una razón posible y contundente: “hay especialistas. Pero si los cargos se ocupan de manera política y no con gente idónea, creo que esto va a seguir”.