Por Juan Manuel Asis
23 Abril 2017
Se los dijo en la cara. A 13 gobernadores, entre ellos a Manzur; y sólo uno le salió al cruce. Hay que dejar de lado la intervención nociva que tuvo la política de convertir al Estado en un aguantadero, apuntó Macri. El Estado, a criterio del líder del PRO, se convirtió en una guarida de delincuentes por culpa de la dirigencia política. ¿Lo decía por los funcionarios que manejaron el Estado o por los empleados que lo componen y que ingresan a la administración pública? No es un aguantadero, nosotros respetamos y valoremos el esfuerzo de todos los trabajadores públicos; replicó Alberto Weretilneck, mandatario de Río Negro. Su par santafesino Miguel Lisfschitz tildó de poco afortunada la frase y abrió una puerta para el debate al reconocer que hay quienes “trampean”.
No fue inocente Macri; sus dardos apuntaron a Cristina en su afán de polarizar los comicios nacionales con el pasado. Macri debe estar rezando para que Cristina aparezca en la lista del PJ, abonó Beatriz Sarlo. ¿Y si la ex presidenta no se presenta? ¿Chau estantería? Un par de días antes de los dichos del Presidente -como para sostenerlos políticamente-, el Ministerio de Trabajo de la Nación difundió un informe sobre el empleo público nacional, provincial y municipal con valores a diciembre de 2016. El cuarto párrafo de la primera página señala que “mientras que en diciembre de 2015 -cuando Cristina dejaba el poder- el empleo público nacional creció un 5,1%, en diciembre de 2016 -primer año de la gestión de Cambiemos- se redujo un 0,2”. ¿A partir de esos números Macri reiteraba que el kirchnerismo usó al Estado como bolsa de trabajo para sus militantes y que por eso era un aguantadero?
Las cifras marcan diferencias que tienen interpretaciones interesadas; más cuando se está en el medio se firma un Compromiso Federal para la Modernización del Estado. El Presidente no teme afectar las buenas intenciones institucionales con salidas políticas que trasuntan la pelea con su antecesora para dividir el voto; y cuya efectividad sólo puede quedar reducida a Buenos Aires. Polarizar sólo allí no sirve; debe irradiarla al resto del país; donde hay algunos gobiernos peronistas que reniegan de Cristina.
Los gremios estatales entendieron que el ataque fue dirigido a los trabajadores. ATE replicó la acusación. el Estado es nuestra casa, no es un aguantadero; señaló Eduardo Nasif (ATE-Capital). En Tucumán, sólo Martín Rodríguez -ante la consulta- sostuvo: ningún empleado público hace negociados como los Báez o la familia Macri con el Estado. No son vagos como quiere hacer creer. Atendía al flanco político, y tal vez electoral, que ofrece Macri, ya que por cuestionar al kirchnerismo ofende a los trabajadores. Y de ahí a que la oposición salga a decir que el Presidente pretende poner el Estado al servicio de los ricos sólo hay un paso.
Rodríguez dijo algo más: lástima que Manzur no los haya defendido. El gobernador no dijo una palabra al respecto. El que calla, otorga. O bien no quiso decir nada porque pocos días después tenía la visita de Dietrich, quien no suele hacer comentarios elegantes de la gestión provincial. Además, es Jaldo quien hace de “policía malo” frente a la Nación. El mandatario trataría de conservar mínimamente las formas institucionales.
Menos en la Nación
El informe de la cartera laboral, además, tiene otras perlitas. En la primera página, como para que se entienda el mensaje, dice que “con respeto a la evolución del empleo público, se observan tasas de crecimiento diferenciadas: mientras que tanto en el sector público municipal como el provincial mostraron crecimientos interanuales del 2,4% y 0,9% respectivamente, el sector público nacional registró una caída del 0,2%”. O sea, desde los números para el macrismo los “aguantaderos” crecen en provincias y municipios y no en la Nación. Es una interpretación. En política no hay coincidencias, a veces hay premeditación.
Primero el informe con números favorables al Estado nacional, luego Macri suscribiendo un acuerdo para modernizar el Estado y su acusación de “aguantadero”. Apuntando al kirchnerismo, Macri lanzó ese día: “muchos se han enriquecido”. Mirada al pasado. Y el viernes, desde Cambiemos han aportado a la pelea electoral; dijeron que no enviarán un peso a la Provincia por la sospecha de que los dineros no vayan a destinos específicos sino a alimentar las campañas electorales. Por las dudas, nada para Manzur. Ni un bolsón.
El informe precisa que el crecimiento de la planta estatal se da más en las provincias y municipios, lo que lleva a recordar un concepto acuñado allá por los 80 por algunos dirigentes radicales tucumanos: empleomanía. Se acusó al gobierno de Riera de incorporar gente de manera indiscriminada a la estructura estatal. De hecho, en tiempos de crisis, el peronismo suele meter mano en el Estado y a los planes sociales para mitigar los efectos negativos de la economía. Y va de suyo que cualquier gestión de Gobierno incorpore al Estado simpatizantes o militantes de sus filas para atender la demanda política interna y, también, para hacer frente a los tiempos electorales. Entonces, el flanco a atacar es el manejo, o desmanejo, del Estado por parte de la dirigencia política.
Un trabajo del Cipecc (Rompecabezas del empleo público en Argentina: ¿quiénes hacen funcionar la maquinaria del Estado?) indica que entre 2001 y 2014, la cantidad de empleados públicos creció un 70% y que entre 2010 y 2014 el Gobierno nacional incorporó 170.000 nuevos agentes. ¿Se quiso mejorar la calidad del servicio estatal o satisfacer necesidades políticas? La mirada crítica sobre el funcionamiento del Estado lleva a sostener que no se pensó en el tamaño del Estado o en la calidad de las políticas públicas. El trabajo del Cipecc sugiere consensos políticos “que viabilicen la aplicación de políticas públicas orientadas a mejorar la capacidades del sector público”.
Bien, pero si mientras se firma un acuerdo al respecto se cuestiona a los políticos firmantes, más que consensuar, las relaciones se tensan. Surge la especulación política-electoral. Desde este aspecto se puede entender el silencio de Manzur frente a los dichos de Macri. No era el momento, ni el lugar; dijo un oficialista en su defensa.
Curiosidades matemáticas
La crítica a los estatales va de la mano con las acusaciones de clientelismo, la de incorporación de personas al Estado para garantizar la fidelidad en épocas electorales. Cuando Macri alude al “aguantadero” de cierta manera apunta a esta situación, y nadie puede extrañarse de que ocurra porque la cantinela sobre el tema se repite continuamente; tanto que se acepta como una verdad revelada. Sin embargo, ¿es así? ¿Es demostrable? Bien vale hacer algunos ensayos con números oficiales y algunos extrapolados para tratar de determinar si existe una relación entre el número creciente de agentes estatales y los resultados del oficialismo, por lo menos en Tucumán, donde el peronismo y sus candidatos se impusieron en ocho de nueve elecciones gubernamentales desde la vuelta de la democracia.
Desde 1983 la planta estatal creció de 32.746 empleados públicos (cifra proporcionada por el último gobernador de la dictadura, Mario Fattor) a 117.250 a diciembre de 2016 (según el informe del ministerio de Trabajo), Se podría concluir que la relación es proporcional; a más agentes estatales, más victorias del peronismo. Se diría, clientelismo puro.
Sin embargo, al observar los números y realizar comparaciones, las conclusiones cambian de vereda. Veamos: la relación entre empleados públicos y votos obtenidos por Riera en 1983 (253.485) era de 7,7 votos por cada estatal. Cuatro años después, en 1987, la planta estatal aumentó a más de 36.000 trabajadores; por lo que si aquella relación se mantenía, el oficialismo debía reunir más de 277.000 sufragios. Sin embargo, lo sumado entre Domato y Cirnigliaro llegaban a 236.000. En cierta forma, además, matemáticamente estos cálculos pondrían en duda las acusaciones a Riera de empleomanía, ya que se llegó a hablar de más de 87.822 empleados públicos. Si a este valor se multiplicaba por 7,7 resultaba que el peronismo debía juntar 676.229 voluntades. Imposible, hasta ahora a esa cifra no se llegó. Es especulación matemática.
Renzo Cirnigliaro, mano derecha de Riera, recordó que el caudillo de Bella Vista era muy austero y que le pedía justificar los nombramientos. Había que solucionar los problemas de la gente, pero no a costa de aumentar el gasto; señaló. Afirmó que la planta estatal no creció bajo la gestión rierista.
En la polarizada elección Ortega-Bussi, en 1991, la relación agentes-votos fue de 7,1. Bajó, pese a que aumentó el número de agentes del Estado. Incluso, el 13 de julio de ese año; antes de la votación, la intervención federal dispuso por el decreto ley 6.181 el ingreso de 12.000 empleados a la planta estatal. La planilla de empleados siguió creciendo, pero la relación estatales-voto al oficialismo se redujo: 4,4. ¿Y la supuesta fidelidad o el clientelismo matemático?
En 2007, con la reelección de Alperovich se dio el mayor valor: nueve votos por cada empleado público. El senador consiguió 529.499 adhesiones. En 2011, la relación mermó, fue de 8,2 agentes estatales por sufragio. Alperovich sumó 589.115 boletas. En 2015, y aquí está la mayor paradoja, la cifra de nuevos estatales casi se duplicó, llegando a 115.000 (según la cartera laboral). La relación votos-estatales empeoró; 4,2 estatales por voto. O sea, aumentaba la planilla y se reducía la relación sufragios-estatales. Ergo; no había forma de hablar de clientelismo estatal. Claro, matemáticamente.
Es que si se hace la multiplicación del valor de 2011 (8,2) por la cifra de estatales, el oficialismo debería haber obtenido 943.000 adhesiones en 2015, más del total de votos emitidos en esos comicios (916.507). Y sólo consiguió 491.951. La especulación matemática concluye que si la planta aumenta, no implica que la cantidad de sufragios por fidelidad al oficialismo crezca en la misma proporción. Por el contrario, la tendencia en los tres últimos comicios dicen que a mayor cantidad de agentes, menos relación porcentual respecto de los sufragios. Matemáticamente, y sólo matemáticamente, el “aguantadero” de supuestos militantes no sería tan exitoso. Pero, claro, es un juego matemático. En política dos más dos no da cuatro, a veces da cinco; otras tres.
No fue inocente Macri; sus dardos apuntaron a Cristina en su afán de polarizar los comicios nacionales con el pasado. Macri debe estar rezando para que Cristina aparezca en la lista del PJ, abonó Beatriz Sarlo. ¿Y si la ex presidenta no se presenta? ¿Chau estantería? Un par de días antes de los dichos del Presidente -como para sostenerlos políticamente-, el Ministerio de Trabajo de la Nación difundió un informe sobre el empleo público nacional, provincial y municipal con valores a diciembre de 2016. El cuarto párrafo de la primera página señala que “mientras que en diciembre de 2015 -cuando Cristina dejaba el poder- el empleo público nacional creció un 5,1%, en diciembre de 2016 -primer año de la gestión de Cambiemos- se redujo un 0,2”. ¿A partir de esos números Macri reiteraba que el kirchnerismo usó al Estado como bolsa de trabajo para sus militantes y que por eso era un aguantadero?
Las cifras marcan diferencias que tienen interpretaciones interesadas; más cuando se está en el medio se firma un Compromiso Federal para la Modernización del Estado. El Presidente no teme afectar las buenas intenciones institucionales con salidas políticas que trasuntan la pelea con su antecesora para dividir el voto; y cuya efectividad sólo puede quedar reducida a Buenos Aires. Polarizar sólo allí no sirve; debe irradiarla al resto del país; donde hay algunos gobiernos peronistas que reniegan de Cristina.
Los gremios estatales entendieron que el ataque fue dirigido a los trabajadores. ATE replicó la acusación. el Estado es nuestra casa, no es un aguantadero; señaló Eduardo Nasif (ATE-Capital). En Tucumán, sólo Martín Rodríguez -ante la consulta- sostuvo: ningún empleado público hace negociados como los Báez o la familia Macri con el Estado. No son vagos como quiere hacer creer. Atendía al flanco político, y tal vez electoral, que ofrece Macri, ya que por cuestionar al kirchnerismo ofende a los trabajadores. Y de ahí a que la oposición salga a decir que el Presidente pretende poner el Estado al servicio de los ricos sólo hay un paso.
Rodríguez dijo algo más: lástima que Manzur no los haya defendido. El gobernador no dijo una palabra al respecto. El que calla, otorga. O bien no quiso decir nada porque pocos días después tenía la visita de Dietrich, quien no suele hacer comentarios elegantes de la gestión provincial. Además, es Jaldo quien hace de “policía malo” frente a la Nación. El mandatario trataría de conservar mínimamente las formas institucionales.
Menos en la Nación
El informe de la cartera laboral, además, tiene otras perlitas. En la primera página, como para que se entienda el mensaje, dice que “con respeto a la evolución del empleo público, se observan tasas de crecimiento diferenciadas: mientras que tanto en el sector público municipal como el provincial mostraron crecimientos interanuales del 2,4% y 0,9% respectivamente, el sector público nacional registró una caída del 0,2%”. O sea, desde los números para el macrismo los “aguantaderos” crecen en provincias y municipios y no en la Nación. Es una interpretación. En política no hay coincidencias, a veces hay premeditación.
Primero el informe con números favorables al Estado nacional, luego Macri suscribiendo un acuerdo para modernizar el Estado y su acusación de “aguantadero”. Apuntando al kirchnerismo, Macri lanzó ese día: “muchos se han enriquecido”. Mirada al pasado. Y el viernes, desde Cambiemos han aportado a la pelea electoral; dijeron que no enviarán un peso a la Provincia por la sospecha de que los dineros no vayan a destinos específicos sino a alimentar las campañas electorales. Por las dudas, nada para Manzur. Ni un bolsón.
El informe precisa que el crecimiento de la planta estatal se da más en las provincias y municipios, lo que lleva a recordar un concepto acuñado allá por los 80 por algunos dirigentes radicales tucumanos: empleomanía. Se acusó al gobierno de Riera de incorporar gente de manera indiscriminada a la estructura estatal. De hecho, en tiempos de crisis, el peronismo suele meter mano en el Estado y a los planes sociales para mitigar los efectos negativos de la economía. Y va de suyo que cualquier gestión de Gobierno incorpore al Estado simpatizantes o militantes de sus filas para atender la demanda política interna y, también, para hacer frente a los tiempos electorales. Entonces, el flanco a atacar es el manejo, o desmanejo, del Estado por parte de la dirigencia política.
Un trabajo del Cipecc (Rompecabezas del empleo público en Argentina: ¿quiénes hacen funcionar la maquinaria del Estado?) indica que entre 2001 y 2014, la cantidad de empleados públicos creció un 70% y que entre 2010 y 2014 el Gobierno nacional incorporó 170.000 nuevos agentes. ¿Se quiso mejorar la calidad del servicio estatal o satisfacer necesidades políticas? La mirada crítica sobre el funcionamiento del Estado lleva a sostener que no se pensó en el tamaño del Estado o en la calidad de las políticas públicas. El trabajo del Cipecc sugiere consensos políticos “que viabilicen la aplicación de políticas públicas orientadas a mejorar la capacidades del sector público”.
Bien, pero si mientras se firma un acuerdo al respecto se cuestiona a los políticos firmantes, más que consensuar, las relaciones se tensan. Surge la especulación política-electoral. Desde este aspecto se puede entender el silencio de Manzur frente a los dichos de Macri. No era el momento, ni el lugar; dijo un oficialista en su defensa.
Curiosidades matemáticas
La crítica a los estatales va de la mano con las acusaciones de clientelismo, la de incorporación de personas al Estado para garantizar la fidelidad en épocas electorales. Cuando Macri alude al “aguantadero” de cierta manera apunta a esta situación, y nadie puede extrañarse de que ocurra porque la cantinela sobre el tema se repite continuamente; tanto que se acepta como una verdad revelada. Sin embargo, ¿es así? ¿Es demostrable? Bien vale hacer algunos ensayos con números oficiales y algunos extrapolados para tratar de determinar si existe una relación entre el número creciente de agentes estatales y los resultados del oficialismo, por lo menos en Tucumán, donde el peronismo y sus candidatos se impusieron en ocho de nueve elecciones gubernamentales desde la vuelta de la democracia.
Desde 1983 la planta estatal creció de 32.746 empleados públicos (cifra proporcionada por el último gobernador de la dictadura, Mario Fattor) a 117.250 a diciembre de 2016 (según el informe del ministerio de Trabajo), Se podría concluir que la relación es proporcional; a más agentes estatales, más victorias del peronismo. Se diría, clientelismo puro.
Sin embargo, al observar los números y realizar comparaciones, las conclusiones cambian de vereda. Veamos: la relación entre empleados públicos y votos obtenidos por Riera en 1983 (253.485) era de 7,7 votos por cada estatal. Cuatro años después, en 1987, la planta estatal aumentó a más de 36.000 trabajadores; por lo que si aquella relación se mantenía, el oficialismo debía reunir más de 277.000 sufragios. Sin embargo, lo sumado entre Domato y Cirnigliaro llegaban a 236.000. En cierta forma, además, matemáticamente estos cálculos pondrían en duda las acusaciones a Riera de empleomanía, ya que se llegó a hablar de más de 87.822 empleados públicos. Si a este valor se multiplicaba por 7,7 resultaba que el peronismo debía juntar 676.229 voluntades. Imposible, hasta ahora a esa cifra no se llegó. Es especulación matemática.
Renzo Cirnigliaro, mano derecha de Riera, recordó que el caudillo de Bella Vista era muy austero y que le pedía justificar los nombramientos. Había que solucionar los problemas de la gente, pero no a costa de aumentar el gasto; señaló. Afirmó que la planta estatal no creció bajo la gestión rierista.
En la polarizada elección Ortega-Bussi, en 1991, la relación agentes-votos fue de 7,1. Bajó, pese a que aumentó el número de agentes del Estado. Incluso, el 13 de julio de ese año; antes de la votación, la intervención federal dispuso por el decreto ley 6.181 el ingreso de 12.000 empleados a la planta estatal. La planilla de empleados siguió creciendo, pero la relación estatales-voto al oficialismo se redujo: 4,4. ¿Y la supuesta fidelidad o el clientelismo matemático?
En 2007, con la reelección de Alperovich se dio el mayor valor: nueve votos por cada empleado público. El senador consiguió 529.499 adhesiones. En 2011, la relación mermó, fue de 8,2 agentes estatales por sufragio. Alperovich sumó 589.115 boletas. En 2015, y aquí está la mayor paradoja, la cifra de nuevos estatales casi se duplicó, llegando a 115.000 (según la cartera laboral). La relación votos-estatales empeoró; 4,2 estatales por voto. O sea, aumentaba la planilla y se reducía la relación sufragios-estatales. Ergo; no había forma de hablar de clientelismo estatal. Claro, matemáticamente.
Es que si se hace la multiplicación del valor de 2011 (8,2) por la cifra de estatales, el oficialismo debería haber obtenido 943.000 adhesiones en 2015, más del total de votos emitidos en esos comicios (916.507). Y sólo consiguió 491.951. La especulación matemática concluye que si la planta aumenta, no implica que la cantidad de sufragios por fidelidad al oficialismo crezca en la misma proporción. Por el contrario, la tendencia en los tres últimos comicios dicen que a mayor cantidad de agentes, menos relación porcentual respecto de los sufragios. Matemáticamente, y sólo matemáticamente, el “aguantadero” de supuestos militantes no sería tan exitoso. Pero, claro, es un juego matemático. En política dos más dos no da cuatro, a veces da cinco; otras tres.
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