13 Enero 2017
Un juez frena el decreto mediante el cual Jaldo cesanteó a asesores de un legislador opositor
Según Ruiz -a cargo de la feria del fuero contencioso-, la decisión del vicegobernador estuvo por fuera de sus potestades reglamentarias Los letrados participan de la demanda que inició el macrista Brodersen para que se defina la legalidad o no de los gastos sociales.
EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA. Brodersen inició una demanda por los “gastos sociales” y sus asesores letrados fueron cesanteados por la Legislatura. la gaceta / foto de antonio ferroni
La Justicia provincial le dio un revés a la decisión que había tomado el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, de dejar cesantes a asesores del equipo del legislador Luis Brodersen (bloque PRO-A).
Se trata de tres abogados que, además de integrar el staff de colaboradores del dirigente macrista, lo representan en la demanda que inició el año pasado ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de que se determine la legalidad o constitucionalidad -o no- de la entrega de subsidios por parte del Poder Legislativo.
Entre las ayudas económicas cuestionadas por Brodersen están los millonarios gastos sociales, que fueron derogados en agosto pasado (siguen los aportes a personas jurídicas).
El 26 de diciembre, el vicegobernador dictó una serie de decretos internos en los que establecía el cese de los contratos temporarios en la Legislatura de los abogados Carlos Correa (secretario del bloque PRO-A), Hernán Correa, Carlos Valls y Rafael Eduardo Rillo Cabanne. En todos los casos se los dio por desvinculados a partir del 1 de enero. La decisión, refrendada por el secretario legislativo, Claudio Antonio Pérez, indicaba que habían “desaparecido las causales” que motivaban la designación de estos asesores de Brodersen.
Esas causales constan en el reglamento interno del cuerpo parlamentario. “Los bloques tendrán personal nombrado y removido en cualquier tiempo por el presidente de la Legislatura a propuesta de la autoridad de aquellos, el que cesará automáticamente al desaparecer el mismo o a cada renovación legislativa”, señala el artículo 41 de esa normativa. Y añade que el titular de la Legislatura “podrá aplicar medidas disciplinarias hasta cesantía, por faltas que afecten al orden y al decoro del cuerpo o de los legisladores, y éstas deberán ser comunicadas a las autoridades del respectivo bloque”. El artículo 42 establece que cada legislador “será asistido por personal a su elección, el que será designado por el presidente de la Legislatura, a propuesta del respectivo legislador”.
En principio, tres de los asesores de Brodersen plantearon un recurso de reconsideración ante el vicegobernador. Al no haber recibido la respuesta esperada, decidieron concurrir a la Justicia. Y Salvador Ruiz, juez a cargo de la feria en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictó el martes una medida cautelar a favor de Carlos Correa, de Hernán Correa y de Rillo Cabanne.
“Los actos que dispusieron el cese (de los asesores de Brodersen) no refieren a petición alguna formulada por el parlamentario, remitiendo sólo a la desaparición de las causales que motivaron cada uno de los nombramientos, siendo precisamente la causal que llevó a las designaciones (tras) la propuesta del referido legislador”, indicó el camarista Ruiz. Y añadió que “la decisión del presidente de la Legislatura de disponer el cese de los actores luciría efectuada fuera de las potestades conferidas reglamentariamente a tal fin”.
Tras remarcar que tampoco hubo faltas disciplinarias, Ruiz dictó una cautelar que ordena la suspensión de la ejecutoriedad de los decretos objetados, “debiendo retrotraerse la situación al estado imperante antes del dictado de aquellos actos”.
Por último, el camarista ordenó que se le informe del cumplimiento de la medida, bajo apercibimiento de notificar al fiscal penal de feria por una posible desobediencia judicial.
Se trata de tres abogados que, además de integrar el staff de colaboradores del dirigente macrista, lo representan en la demanda que inició el año pasado ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de que se determine la legalidad o constitucionalidad -o no- de la entrega de subsidios por parte del Poder Legislativo.
Entre las ayudas económicas cuestionadas por Brodersen están los millonarios gastos sociales, que fueron derogados en agosto pasado (siguen los aportes a personas jurídicas).
El 26 de diciembre, el vicegobernador dictó una serie de decretos internos en los que establecía el cese de los contratos temporarios en la Legislatura de los abogados Carlos Correa (secretario del bloque PRO-A), Hernán Correa, Carlos Valls y Rafael Eduardo Rillo Cabanne. En todos los casos se los dio por desvinculados a partir del 1 de enero. La decisión, refrendada por el secretario legislativo, Claudio Antonio Pérez, indicaba que habían “desaparecido las causales” que motivaban la designación de estos asesores de Brodersen.
Esas causales constan en el reglamento interno del cuerpo parlamentario. “Los bloques tendrán personal nombrado y removido en cualquier tiempo por el presidente de la Legislatura a propuesta de la autoridad de aquellos, el que cesará automáticamente al desaparecer el mismo o a cada renovación legislativa”, señala el artículo 41 de esa normativa. Y añade que el titular de la Legislatura “podrá aplicar medidas disciplinarias hasta cesantía, por faltas que afecten al orden y al decoro del cuerpo o de los legisladores, y éstas deberán ser comunicadas a las autoridades del respectivo bloque”. El artículo 42 establece que cada legislador “será asistido por personal a su elección, el que será designado por el presidente de la Legislatura, a propuesta del respectivo legislador”.
En principio, tres de los asesores de Brodersen plantearon un recurso de reconsideración ante el vicegobernador. Al no haber recibido la respuesta esperada, decidieron concurrir a la Justicia. Y Salvador Ruiz, juez a cargo de la feria en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictó el martes una medida cautelar a favor de Carlos Correa, de Hernán Correa y de Rillo Cabanne.
“Los actos que dispusieron el cese (de los asesores de Brodersen) no refieren a petición alguna formulada por el parlamentario, remitiendo sólo a la desaparición de las causales que motivaron cada uno de los nombramientos, siendo precisamente la causal que llevó a las designaciones (tras) la propuesta del referido legislador”, indicó el camarista Ruiz. Y añadió que “la decisión del presidente de la Legislatura de disponer el cese de los actores luciría efectuada fuera de las potestades conferidas reglamentariamente a tal fin”.
Tras remarcar que tampoco hubo faltas disciplinarias, Ruiz dictó una cautelar que ordena la suspensión de la ejecutoriedad de los decretos objetados, “debiendo retrotraerse la situación al estado imperante antes del dictado de aquellos actos”.
Por último, el camarista ordenó que se le informe del cumplimiento de la medida, bajo apercibimiento de notificar al fiscal penal de feria por una posible desobediencia judicial.
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