Por Roberto Delgado
31 Diciembre 2016
Una de las imágenes más impactantes del comienzo del juicio oral contra el Clan Ale, por asociación ilícita y lavado de dinero, fue el beso en los labios entre Ángel “El Mono” Ale y uno de sus hijos. ¿Tuvo algún significado? ¿Simple gesto familiar? Las expresiones de afecto entre los hermanos Ángel y Rubén “La Chancha” Ale y las muestras emocionales marcaron especialmente esa primera audiencia del 16 de diciembre; pero ese beso, unido al halo mafioso que rodea a los Ale, hizo pensar en otras imágenes, como la de Carmine Amato, jefe de uno de los clanes de la Camorra (mafia italiana), besado por un compañero a la salida de la comisaría en Nápoles en junio de 2011. Le mostraban apoyo y pertenencia al capo acusado de tráfico de drogas y asociación ilícita. Los Ale, unidos en la vida y en los negocios, se han estructurado como un clan familiar y así han sido acusados luego de una larga investigación de la Justicia Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría contra el lavado de dinero (Procelac) y la AFIP. Además de los Ale están acusadas otras 14 personas, entre las que se encuentran ex esposas, compañeras, ex novias, parejas de las ex y amigos-socios-supuestos testaferros o prestanombres.
Sistema en crisis
Según el fiscal Pablo Camuña, se trata de un proceso histórico, el primero en Tucumán por lavado de dinero, con la posibilidad que dio la ley antilavado, que rige desde hace cinco años. En opinión del defensor Cergio Morfil, “es nada, un bluff del kirchnerismo”. En verdad, fue la presión de Susana Trimarco y la onda “K” contra la trata de personas la que empujó este proceso. Trimarco, que siempre acusó a los Ale de tráfico de drogas y de personas para prostitución y que cargó con frecuencia contra “La Chancha” Ale, hizo poner en crisis al sistema judicial penal tucumano cuando reclamó por la absolución al grupo de riojanos de Daniela Milhein y “Chenga” Gómez y a María Jesús Rivero (ex esposa de “La Chancha”) en el juicio de 2012 por trata de personas y por la desaparición de Marita Verón, hija de Trimarco. El país entero, con la ex presidenta Cristina Fernández a la cabeza, estuvo de acuerdo con que se hiciera juicio político a los tres jueces del fallo (al final se jubilaron) y con que la Corte Suprema interviniera y encargara a otros tres jueces que den otra sentencia sin que se haga nuevo juicio. En esa nueva sentencia, un año después, se condenó a los riojanos pero María Jesús Rivero volvió a ser absuelta.
Trimarco, aunque estuvo de acuerdo con esa condena en la justicia tucumana, no se conformó y cargó contra ellos en la justicia federal por lavado de dinero. El defensor de Rivero, Carlos Valera Soria, dice que a ella la están acusando por tercera vez por el mismo delito (trata de personas, como hecho previo al lavado de dinero) y que por eso, la causa en su contra va a caer. Además, en el comienzo de la investigación de este caso estuvieron en la mira los entonces titulares de la Procelac, Carlos Gonella, y de la UIF, José Sbatella, por presuntamente favorecer a Lázaro Báez retrasando o minimizando las pesquisas en su contra. Cuando asumió el ministro de justicia macrista, Germán Garavano, dijo que se iba a reconvertir y profesionalizar esas dos unidades investigadoras, tras la partida de los dos funcionarios kirchneristas.
De ahí quedó la duda sobre la rigurosidad de la pesquisa contra el Clan Ale. Mariano Federici y María Eugenia Talerico, los nuevos conductores de la UIF, aseveraron en la jornada inicial que no hay motivaciones políticas en el juicio y que “la instrucción estuvo bien hecha”. Explicaron que hubo una asociación ilícita destinada a cometer una serie de delitos como extorsión, intermediación financiera sin autorización, trata de personas y juego clandestino; que lavaron unos 40 millones de pesos y que no pudieron justificar sus inversiones con su nivel de activos y de ingresos. Ayudaron en la pequisa escuchas telefónicas y la carta de Rivero a “La Chancha” con detalles de las propiedades que tenían.
Sin explicaciones
“Todo lo que dice el expediente es mentira”. Yo no tengo trato comercial con mi hermano ni con Jesús Rivero. A mí hermano le cuido la salud, como a cualquier persona enferma. Comenzamos en el Mercado de Abasto y ahora él tiene su empresa y yo la mía”, dijo “El Mono”. En 2011, había hecho su descargo ante LA GACETA: “Hay veces que uno no encuentra explicaciones a las cosas. Nunca he cometido delitos contra propiedades. No voy a negar mi pasado, que me peleé, que me pegaron, que pegué, me pegaron tiros, he pegado, pero nunca tomé lo que no es mío, y ustedes los periodistas saben cómo fue mi trayectoria, que siempre fui un hombre de trabajo... Hay gente mayor, seria, bien, que sabe que trabajé en el Mercado y que era agricultor como mi padre”.
La justicia tucumana ha sido reacia a condenarlos. Desde el famoso enfrentamiento de hace 30 años contra los “Gardelitos” en plazoleta Dorrego, por el que fueron absueltos del doble homicidio considerando que hubo exceso en la legítima defensa, hasta la muerte del oficial Juan Andrés Salinas en 1991, caso aún impune en el que se les encontró un arsenal en el baúl del Ford Falcon de su padre. Acumulan acusaciones por todas partes. “Tienen 66 causas en trámite en la justicia provincial y seis en la federal”, dice el fiscal Camuña. En algunas zafaron de manera increíble: el ex fiscal Guillermo Herrera, que los investigaba por la usurpación de un terreno y que les encontró más de 100 armas, archivó la causa cuando la víctima de la usurpación y aprietes retiró la denuncia. Dijo que habían cultivado y cosechado “de prepo” en su terreno, pero que luego le habían pagado y devuelto la tierra. El ex fiscal Herrera concluyó que no había delito. Según el ex fiscal y ex juez Jorge Lobo Aragón -que propició una ley antimafia en la Legislatura-, ellos aprovecharon los resquicios que da el sistema: acaba de ser enviada a juicio una causa contra Pedro Antonio Núñez, juez de Paz de los Gómez (Leales) que consintió la entrega al “Mono” de 67 hectáreas de una finca de Juan Miguel Medina que le había vendido hace dos décadas a Julio Valdez. “En la Justicia penal hay una asociación ilícita apoyada por el poder: cada vez resulta más difícil investigar. Es muy grave porque las mafias están enquistadas”, dijo Valdez en abril de 2015.
Poder protector
¿Es esa la razón por la que se acumulan causas y no hay condenas? ¿Es un modus operandi que lleva décadas? Los fiscales Camuña y Chit advirtieron que no hay posibilidades de hacer ese tipo de actividad ilícita sin tener protección del poder. Hay testimonios y documentación que refieren al sistema político y al judicial y a la Policía provincial y la Gendarmería, dijo Chit. “En la macrocriminalidad aparecen (estos vínculos) constantemente. No hay red de esta magnitud si no es mediante esos lazos”. Por eso en este juicio no se empleará a la Policía provincial ni a la Gendarmería para citar y buscar a testigos.
El 3 de febrero, cuando se reanude el juicio, que será excesivamente largo, a razón de una audiencia por semana, se conocerá hasta dónde los Ale conservan poder -Susana Trimarco, que los denunció, declarará ese día- y si realmente salen a la luz esos lazos de los que hablan los fiscales y que explicarían por qué hay tantas causas y ninguna condena. La foto del “Mono” con su hijo podría significar un saludo y un paso demando entre un capo del clan y quien sigue sus pasos con sus empresas y actividades; o simplemente una señal de afecto y pertenencia. “Cuando dos personas se besan en la boca -dice Raimon Arola- sus espíritus se unen hasta el punto de convertirse en uno”. El futuro de la Cosa Nostra está abierto para los tucumanos.
Sistema en crisis
Según el fiscal Pablo Camuña, se trata de un proceso histórico, el primero en Tucumán por lavado de dinero, con la posibilidad que dio la ley antilavado, que rige desde hace cinco años. En opinión del defensor Cergio Morfil, “es nada, un bluff del kirchnerismo”. En verdad, fue la presión de Susana Trimarco y la onda “K” contra la trata de personas la que empujó este proceso. Trimarco, que siempre acusó a los Ale de tráfico de drogas y de personas para prostitución y que cargó con frecuencia contra “La Chancha” Ale, hizo poner en crisis al sistema judicial penal tucumano cuando reclamó por la absolución al grupo de riojanos de Daniela Milhein y “Chenga” Gómez y a María Jesús Rivero (ex esposa de “La Chancha”) en el juicio de 2012 por trata de personas y por la desaparición de Marita Verón, hija de Trimarco. El país entero, con la ex presidenta Cristina Fernández a la cabeza, estuvo de acuerdo con que se hiciera juicio político a los tres jueces del fallo (al final se jubilaron) y con que la Corte Suprema interviniera y encargara a otros tres jueces que den otra sentencia sin que se haga nuevo juicio. En esa nueva sentencia, un año después, se condenó a los riojanos pero María Jesús Rivero volvió a ser absuelta.
Trimarco, aunque estuvo de acuerdo con esa condena en la justicia tucumana, no se conformó y cargó contra ellos en la justicia federal por lavado de dinero. El defensor de Rivero, Carlos Valera Soria, dice que a ella la están acusando por tercera vez por el mismo delito (trata de personas, como hecho previo al lavado de dinero) y que por eso, la causa en su contra va a caer. Además, en el comienzo de la investigación de este caso estuvieron en la mira los entonces titulares de la Procelac, Carlos Gonella, y de la UIF, José Sbatella, por presuntamente favorecer a Lázaro Báez retrasando o minimizando las pesquisas en su contra. Cuando asumió el ministro de justicia macrista, Germán Garavano, dijo que se iba a reconvertir y profesionalizar esas dos unidades investigadoras, tras la partida de los dos funcionarios kirchneristas.
De ahí quedó la duda sobre la rigurosidad de la pesquisa contra el Clan Ale. Mariano Federici y María Eugenia Talerico, los nuevos conductores de la UIF, aseveraron en la jornada inicial que no hay motivaciones políticas en el juicio y que “la instrucción estuvo bien hecha”. Explicaron que hubo una asociación ilícita destinada a cometer una serie de delitos como extorsión, intermediación financiera sin autorización, trata de personas y juego clandestino; que lavaron unos 40 millones de pesos y que no pudieron justificar sus inversiones con su nivel de activos y de ingresos. Ayudaron en la pequisa escuchas telefónicas y la carta de Rivero a “La Chancha” con detalles de las propiedades que tenían.
Sin explicaciones
“Todo lo que dice el expediente es mentira”. Yo no tengo trato comercial con mi hermano ni con Jesús Rivero. A mí hermano le cuido la salud, como a cualquier persona enferma. Comenzamos en el Mercado de Abasto y ahora él tiene su empresa y yo la mía”, dijo “El Mono”. En 2011, había hecho su descargo ante LA GACETA: “Hay veces que uno no encuentra explicaciones a las cosas. Nunca he cometido delitos contra propiedades. No voy a negar mi pasado, que me peleé, que me pegaron, que pegué, me pegaron tiros, he pegado, pero nunca tomé lo que no es mío, y ustedes los periodistas saben cómo fue mi trayectoria, que siempre fui un hombre de trabajo... Hay gente mayor, seria, bien, que sabe que trabajé en el Mercado y que era agricultor como mi padre”.
La justicia tucumana ha sido reacia a condenarlos. Desde el famoso enfrentamiento de hace 30 años contra los “Gardelitos” en plazoleta Dorrego, por el que fueron absueltos del doble homicidio considerando que hubo exceso en la legítima defensa, hasta la muerte del oficial Juan Andrés Salinas en 1991, caso aún impune en el que se les encontró un arsenal en el baúl del Ford Falcon de su padre. Acumulan acusaciones por todas partes. “Tienen 66 causas en trámite en la justicia provincial y seis en la federal”, dice el fiscal Camuña. En algunas zafaron de manera increíble: el ex fiscal Guillermo Herrera, que los investigaba por la usurpación de un terreno y que les encontró más de 100 armas, archivó la causa cuando la víctima de la usurpación y aprietes retiró la denuncia. Dijo que habían cultivado y cosechado “de prepo” en su terreno, pero que luego le habían pagado y devuelto la tierra. El ex fiscal Herrera concluyó que no había delito. Según el ex fiscal y ex juez Jorge Lobo Aragón -que propició una ley antimafia en la Legislatura-, ellos aprovecharon los resquicios que da el sistema: acaba de ser enviada a juicio una causa contra Pedro Antonio Núñez, juez de Paz de los Gómez (Leales) que consintió la entrega al “Mono” de 67 hectáreas de una finca de Juan Miguel Medina que le había vendido hace dos décadas a Julio Valdez. “En la Justicia penal hay una asociación ilícita apoyada por el poder: cada vez resulta más difícil investigar. Es muy grave porque las mafias están enquistadas”, dijo Valdez en abril de 2015.
Poder protector
¿Es esa la razón por la que se acumulan causas y no hay condenas? ¿Es un modus operandi que lleva décadas? Los fiscales Camuña y Chit advirtieron que no hay posibilidades de hacer ese tipo de actividad ilícita sin tener protección del poder. Hay testimonios y documentación que refieren al sistema político y al judicial y a la Policía provincial y la Gendarmería, dijo Chit. “En la macrocriminalidad aparecen (estos vínculos) constantemente. No hay red de esta magnitud si no es mediante esos lazos”. Por eso en este juicio no se empleará a la Policía provincial ni a la Gendarmería para citar y buscar a testigos.
El 3 de febrero, cuando se reanude el juicio, que será excesivamente largo, a razón de una audiencia por semana, se conocerá hasta dónde los Ale conservan poder -Susana Trimarco, que los denunció, declarará ese día- y si realmente salen a la luz esos lazos de los que hablan los fiscales y que explicarían por qué hay tantas causas y ninguna condena. La foto del “Mono” con su hijo podría significar un saludo y un paso demando entre un capo del clan y quien sigue sus pasos con sus empresas y actividades; o simplemente una señal de afecto y pertenencia. “Cuando dos personas se besan en la boca -dice Raimon Arola- sus espíritus se unen hasta el punto de convertirse en uno”. El futuro de la Cosa Nostra está abierto para los tucumanos.
Lo más popular
