Por Roberto Delgado
29 Octubre 2016
La tragedia del padre Juan ha desatado un infierno de conjeturas consideradas verdades y ha puesto en evidencia la incapacidad de las instituciones para dar certezas en un mundo plagado de incertidumbre. La multisectorial Juan Viroche, entidad formada a partir de la hipótesis del crimen mafioso, ha reclamado urgente resolución a los problemas que, a su juicio, han incidido en la tragedia: los estragos que causa el narcotráfico en La Florida (piden que el Estado transparente sus políticas al respecto, así como la del abordaje de las adicciones) y la corrupción.
La nueva entidad es un grupo sorprendentemente heterogéneo: están la Hermandad de los Barrios (que aglutina a gente que trabaja por los adictos en las villas tomadas por el “paco”) y las Madres del Pañuelo Negro junto a los matrimonios de Acción Católica (y dirigentes eclesiales), más la Corriente Clasista y Combativa (que aglutina a excluidos del sistema laboral) y la Fundación La Alameda del legislador porteño Gustavo Vera, que desde hace años sustenta su existencia en la denuncia sobre las mafias del crimen. Vera da por sentado que esto fue un asesinato mafioso (ha sugerido que podrían haber sido narcos o grupos de poder de La Florida) y así lo plantea en su programa de radio “La verdad concreta”, donde hace tres días el padre Pepe di Paola, calificado allí como referente de los curas villeros en el país, habló de la mexicanización de la Argentina y del crecimiento de la droga y la naturalizacióin del delito. Y dijo que Viroche “ha trabajado mucho en cuanto al crimen organizado en Tucumán y eso le costó la vida”. Esta “verdad concreta” se sustenta en la fe, como la del fiscal general federal Antonio Gómez: estos grupos no aceptan la hipótesis de que un sacerdote pueda quitarse la vida, como Cristo no lo hizo a pesar de haber tenido los peores padecimientos.
Lo inseparable
Esa convicción de fe se ve en las marchas por el padre Juan, en las que se reclama que los encargados de la investigación están desentendiendo de la hipótesis del homicidio y se centran en la del suicidio, a partir de una supuesta crisis sentimental del religioso. Para ellos, no se puede separar ninguna hipótesis del tema del narcotráfico, del estilo de vida de Viroche y de sus denuncias.
Y aquí aparece un problema. Viroche era un cura preocupado por las inequidades de su comunidad, que había denunciado al poder político de la comuna por supuesto abuso a los obreros y que había reclamado hasta con misas en la calle la inacción de la Policía frente a los arrebatos y a la venta de drogas. Le pasó lo mismo que a los vecinos de las barriadas pobres: el Estado ha sido indiferente y no le dio respuestas. Además, estaba amenazado y tenía miedo, aparentemente por su familia, aunque no había hecho denuncias. ¿Hubiera logrado algo si hacía las denuncias? Improbable. Desde hace tres semanas el fiscal Diego López Ávila intenta saber de dónde recibió llamadas el padre Juan en sus tres teléfonos celulares. Cero respuesta de las compañías de teléfonos. De esta realidad de ineficiencia estatal y de certeza de que la droga -sobre todo el “paco”- circula como un torrente por esas localidades -los testimonios de los vecinos en las notas de LA GACETA lo corroboran- surge la conjetura del crimen mafioso, tomada como verdad, aunque la Policía no haya encontrado a ningún narcotraficante en La Florida o Delfín Gallo. En el abismo que hay entre la hipótesis del homicidio o del suicidio, hay que probar que existen bandas narcotraficantes poderosas que se preocuparon no sólo por ejecutar el asesinato del sacerdote sino por preparar hasta el más mínimo detalle la escena del suicidio. Es cuestión de fe, porque la Justicia y la Policía están como bola sin manija. De hecho, tras un mes y medio de permanente movimiento y denuncias por narcotráfico, ni siquiera se hizo un allanamiento por drogas en la zona este en estas tres semanas desde la muerte del padre Juan.
Y la otra hipótesis, la del suicidio inducido -alguien que logró obligar al sacerdote a quitarse la vida- es tan complicada como la anterior. ¿Qué casos de suicidio inducido se conocen en este país? Apenas se puede sugerir, en lo inmediato, que acaso la tragedia del fiscal Alberto Nisman podría parecérsele. En el diario La Nación de ayer, una genetista forense, Primarosa Chieri, de la UBA, sostiene la posibilidad de que las organizaciones criminales, imbuidas por el conocimiento de series televisivas como CSI, hagan cursos de perfeccionamiento en criminalística y técnicas forenses sofisticadas para conocer la vida de sus víctimas. Ningún detenido por narcotráfico en Tucumán encaja en el perfil de delincuente imbuido en técnicas forenses y seguidor de CSI. Ni “Pico” Peralta, ni “Castells”, surgidos de villas casi de emergencia, ni Julio César Trayán, el ex empleado del legislador Ramón Cano, que vivía en una covacha.
Por otra parte, la genetista Chieri no da ningún ejemplo se suicidio por encargo o inducido. Sólo menciona los casos Nisman y Viroche. Y se adhiere a la tesis de Vera, Gómez y la Multisectorial, de que “el suicidio de un sacerdote es poco frecuente. Sus principios cristianos lo consideran un acto pecaminoso”. Si se probara la postura de este grupo de fe y se pudiera encontrar a la mafia narcocriminal que pudo crear toda la mise en scene de la muerte del padre Juan, este se convertiría en un leading case, un caso que representa un punto de referencia.
Del otro lado está la Justicia, casi convencida de que la muerte de Viroche es un suicidio, aparentemente debido a una profunda crisis en su vida personal. Hubo presiones fuertes contra esta hipótesis. No sólo eran reclamos de la comunidad por la inseguridad y el narcomenudeo. Tanto la aparición del fiscal general federal Gómez en la prensa porteña, como la presencia en Tucumán de Gustavo Vera y del empresario platense Mario Baudry, fueron contundentes. Vera y Baudry dijeron que eran enviados del Papa y de la Nunciatura. Empujaron, se hicieron recibir por el ministro de Gobierno Regino Amado y por el mismo fiscal López Ávila. Aunque después fueron desmentidos por el Arzobispado y por la Nunciatura, el fiscal López Ávila espera que le aporten sus ideas sobre el crimen narco. No se sabe si lo hicieron, pero establecieron su postura con contundencia. A Vera lo acompaña Miriam Viroche, la hermana del padre Juan. Pero los dos abogados que tuvo la familia Viroche -José del Río y Pedro Escobar- dijeron que estuvieron bien hechas las pericias que hasta ahora indican que fue suicidio.
La fiscalía, frente a la presión, hizo venir (por pedido de la Corte Suprema) al criminólogo Raúl Torre e hizo repetir las pericias con personal de Gendarmería. Parece impecable, e incluso el hecho de que el fiscal del caso, López Ávila, sea el mismo que emprolijó el desastre del caso Lebbos y envió a juicio a quienes se pudo encontrar como responsables del crimen de Paulina, le da cierta certidumbre de trabajo limpio. El mismo Alberto Lebbos ha confiado en este fiscal.
A ciegas
Sin embargo, ¿cuáles son las garantías de una justicia que se reconoce carente de elementos y de personal; que se confiesa saturada de expedientes; que desconfía de la Policía; que encuentra razonables las críticas de que la gran mayoría de sus causas no se resuelven y que a menudo debe enfrentarse con la mala praxis policial y judicial?
Sobre este punto, no hay dónde más avanzar. No hay una entidad que mida la eficiencia judicial y mucho menos el recto proceder policial. Sólo los conflictos y escándalos que aparecen de vez en cuando -como la pelea entre el Ministerio Fiscal y la Corte Suprema por los ascensos de empleados, amigos y parientes en el Poder Judicial- en los medios de comunicación dan una idea de los mundos impenetrables, poco transparentes, que se mueven en la Justicia y la fuerza de seguridad. ¿Se puede hacer relación entre la tarea del comisario que no encuentra narcos en La Florida con la detención de agentes de Sustracción Automotores por mal procedimiento? ¿El caso ventilado con el juicio oral por la agresión en la seccional 4a a Celeste, una joven trans, no es representativo de la falta de control sobre la tarea de la policía y la justicia? ¿Hay diferencias entre los peritos de Gendarmería que hicieron el trabajo impecable en la parroquia de La Florida y los peritos gendarmes que protagonizaron el papelón con las cámaras de seguridad en la Junta Electoral en agosto de 2015? ¿Son las circunstancias las que dan certidumbre? Imposible saberlo, pero no se puede avanzar más allá.
En el vertedero de noticias insólitas que es la provincia ninguna conjetura puede llegar a comprobarse porque el Estado que confiesa su propia inutilidad no resulta creíble. De este modo, la gente se aferra a lo que percibe y saca sus propias conclusiones. Las denuncias del padre Viroche por cosas que se ven, como maltratos, arrebatos y circulación de “paco”, sí son creíbles. Por ello, las conjeturas que de ellas surgen, por más inverosímiles que parezcan, son las más poderosas. Esse est percipi. Lo que se percibe, es.
La nueva entidad es un grupo sorprendentemente heterogéneo: están la Hermandad de los Barrios (que aglutina a gente que trabaja por los adictos en las villas tomadas por el “paco”) y las Madres del Pañuelo Negro junto a los matrimonios de Acción Católica (y dirigentes eclesiales), más la Corriente Clasista y Combativa (que aglutina a excluidos del sistema laboral) y la Fundación La Alameda del legislador porteño Gustavo Vera, que desde hace años sustenta su existencia en la denuncia sobre las mafias del crimen. Vera da por sentado que esto fue un asesinato mafioso (ha sugerido que podrían haber sido narcos o grupos de poder de La Florida) y así lo plantea en su programa de radio “La verdad concreta”, donde hace tres días el padre Pepe di Paola, calificado allí como referente de los curas villeros en el país, habló de la mexicanización de la Argentina y del crecimiento de la droga y la naturalizacióin del delito. Y dijo que Viroche “ha trabajado mucho en cuanto al crimen organizado en Tucumán y eso le costó la vida”. Esta “verdad concreta” se sustenta en la fe, como la del fiscal general federal Antonio Gómez: estos grupos no aceptan la hipótesis de que un sacerdote pueda quitarse la vida, como Cristo no lo hizo a pesar de haber tenido los peores padecimientos.
Lo inseparable
Esa convicción de fe se ve en las marchas por el padre Juan, en las que se reclama que los encargados de la investigación están desentendiendo de la hipótesis del homicidio y se centran en la del suicidio, a partir de una supuesta crisis sentimental del religioso. Para ellos, no se puede separar ninguna hipótesis del tema del narcotráfico, del estilo de vida de Viroche y de sus denuncias.
Y aquí aparece un problema. Viroche era un cura preocupado por las inequidades de su comunidad, que había denunciado al poder político de la comuna por supuesto abuso a los obreros y que había reclamado hasta con misas en la calle la inacción de la Policía frente a los arrebatos y a la venta de drogas. Le pasó lo mismo que a los vecinos de las barriadas pobres: el Estado ha sido indiferente y no le dio respuestas. Además, estaba amenazado y tenía miedo, aparentemente por su familia, aunque no había hecho denuncias. ¿Hubiera logrado algo si hacía las denuncias? Improbable. Desde hace tres semanas el fiscal Diego López Ávila intenta saber de dónde recibió llamadas el padre Juan en sus tres teléfonos celulares. Cero respuesta de las compañías de teléfonos. De esta realidad de ineficiencia estatal y de certeza de que la droga -sobre todo el “paco”- circula como un torrente por esas localidades -los testimonios de los vecinos en las notas de LA GACETA lo corroboran- surge la conjetura del crimen mafioso, tomada como verdad, aunque la Policía no haya encontrado a ningún narcotraficante en La Florida o Delfín Gallo. En el abismo que hay entre la hipótesis del homicidio o del suicidio, hay que probar que existen bandas narcotraficantes poderosas que se preocuparon no sólo por ejecutar el asesinato del sacerdote sino por preparar hasta el más mínimo detalle la escena del suicidio. Es cuestión de fe, porque la Justicia y la Policía están como bola sin manija. De hecho, tras un mes y medio de permanente movimiento y denuncias por narcotráfico, ni siquiera se hizo un allanamiento por drogas en la zona este en estas tres semanas desde la muerte del padre Juan.
Y la otra hipótesis, la del suicidio inducido -alguien que logró obligar al sacerdote a quitarse la vida- es tan complicada como la anterior. ¿Qué casos de suicidio inducido se conocen en este país? Apenas se puede sugerir, en lo inmediato, que acaso la tragedia del fiscal Alberto Nisman podría parecérsele. En el diario La Nación de ayer, una genetista forense, Primarosa Chieri, de la UBA, sostiene la posibilidad de que las organizaciones criminales, imbuidas por el conocimiento de series televisivas como CSI, hagan cursos de perfeccionamiento en criminalística y técnicas forenses sofisticadas para conocer la vida de sus víctimas. Ningún detenido por narcotráfico en Tucumán encaja en el perfil de delincuente imbuido en técnicas forenses y seguidor de CSI. Ni “Pico” Peralta, ni “Castells”, surgidos de villas casi de emergencia, ni Julio César Trayán, el ex empleado del legislador Ramón Cano, que vivía en una covacha.
Por otra parte, la genetista Chieri no da ningún ejemplo se suicidio por encargo o inducido. Sólo menciona los casos Nisman y Viroche. Y se adhiere a la tesis de Vera, Gómez y la Multisectorial, de que “el suicidio de un sacerdote es poco frecuente. Sus principios cristianos lo consideran un acto pecaminoso”. Si se probara la postura de este grupo de fe y se pudiera encontrar a la mafia narcocriminal que pudo crear toda la mise en scene de la muerte del padre Juan, este se convertiría en un leading case, un caso que representa un punto de referencia.
Del otro lado está la Justicia, casi convencida de que la muerte de Viroche es un suicidio, aparentemente debido a una profunda crisis en su vida personal. Hubo presiones fuertes contra esta hipótesis. No sólo eran reclamos de la comunidad por la inseguridad y el narcomenudeo. Tanto la aparición del fiscal general federal Gómez en la prensa porteña, como la presencia en Tucumán de Gustavo Vera y del empresario platense Mario Baudry, fueron contundentes. Vera y Baudry dijeron que eran enviados del Papa y de la Nunciatura. Empujaron, se hicieron recibir por el ministro de Gobierno Regino Amado y por el mismo fiscal López Ávila. Aunque después fueron desmentidos por el Arzobispado y por la Nunciatura, el fiscal López Ávila espera que le aporten sus ideas sobre el crimen narco. No se sabe si lo hicieron, pero establecieron su postura con contundencia. A Vera lo acompaña Miriam Viroche, la hermana del padre Juan. Pero los dos abogados que tuvo la familia Viroche -José del Río y Pedro Escobar- dijeron que estuvieron bien hechas las pericias que hasta ahora indican que fue suicidio.
La fiscalía, frente a la presión, hizo venir (por pedido de la Corte Suprema) al criminólogo Raúl Torre e hizo repetir las pericias con personal de Gendarmería. Parece impecable, e incluso el hecho de que el fiscal del caso, López Ávila, sea el mismo que emprolijó el desastre del caso Lebbos y envió a juicio a quienes se pudo encontrar como responsables del crimen de Paulina, le da cierta certidumbre de trabajo limpio. El mismo Alberto Lebbos ha confiado en este fiscal.
A ciegas
Sin embargo, ¿cuáles son las garantías de una justicia que se reconoce carente de elementos y de personal; que se confiesa saturada de expedientes; que desconfía de la Policía; que encuentra razonables las críticas de que la gran mayoría de sus causas no se resuelven y que a menudo debe enfrentarse con la mala praxis policial y judicial?
Sobre este punto, no hay dónde más avanzar. No hay una entidad que mida la eficiencia judicial y mucho menos el recto proceder policial. Sólo los conflictos y escándalos que aparecen de vez en cuando -como la pelea entre el Ministerio Fiscal y la Corte Suprema por los ascensos de empleados, amigos y parientes en el Poder Judicial- en los medios de comunicación dan una idea de los mundos impenetrables, poco transparentes, que se mueven en la Justicia y la fuerza de seguridad. ¿Se puede hacer relación entre la tarea del comisario que no encuentra narcos en La Florida con la detención de agentes de Sustracción Automotores por mal procedimiento? ¿El caso ventilado con el juicio oral por la agresión en la seccional 4a a Celeste, una joven trans, no es representativo de la falta de control sobre la tarea de la policía y la justicia? ¿Hay diferencias entre los peritos de Gendarmería que hicieron el trabajo impecable en la parroquia de La Florida y los peritos gendarmes que protagonizaron el papelón con las cámaras de seguridad en la Junta Electoral en agosto de 2015? ¿Son las circunstancias las que dan certidumbre? Imposible saberlo, pero no se puede avanzar más allá.
En el vertedero de noticias insólitas que es la provincia ninguna conjetura puede llegar a comprobarse porque el Estado que confiesa su propia inutilidad no resulta creíble. De este modo, la gente se aferra a lo que percibe y saca sus propias conclusiones. Las denuncias del padre Viroche por cosas que se ven, como maltratos, arrebatos y circulación de “paco”, sí son creíbles. Por ello, las conjeturas que de ellas surgen, por más inverosímiles que parezcan, son las más poderosas. Esse est percipi. Lo que se percibe, es.
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