Por Marcelo Aguaysol
07 Septiembre 2016
Y, al final, sí se puede. La clara muestra es que, de un 400% aplicado a la totalidad del país, ahora se pasó a un 203%, en promedio, para las tarifas de los usuarios residenciales del gas. Naturalmente, el shock perdió la batalla frente al gradualismo. El resultado fue producto de una estrepitosa goleada que le propinó la sociedad a una gestión que, dentro de su política económica, introdujo un reajuste tarifario tan fuerte como impagable para asalariados que están viendo que, más allá de las paritarias, el poder adquisitivo de sus ingresos ha quedado relegado entre cinco y siete puntos respecto de la inflación real.
Los mismos datos estadísticos están dando cuenta de que, si antes costaba llegar a fines de mes, ahora sólo se puede cubrir una quincena. Y el resto del mes es puro endeudamiento o “tarjetazo”. Por el lado de los bancos, la evidencia es clara: El crédito a las familias aumentó ligeramente su coeficiente de mora al cierre del primer semestre, hasta 2,7% en junio, mayormente por el desempeño de las líneas de consumo -personales y tarjeta-, corroboró el Banco Central. En ese mismo mes, el financiamiento con el “plástico” fue lo que más creció: 3%. Eso da cuenta de la falta de liquidez entre las familias.
La encuesta de gasto de hogares, en tanto, usualmente solía mostrar que la población argentina gastaba entre un 33% y un 35% de sus ingresos en alimentación. Hoy ese rubro ya supera el 50%. Y si a eso se le agregan los tarifazos (servicios y transportes, entre otros), ¿entonces qué margen queda para vivir sin dejar de ser considerado de clase media?
La inflación ya no es un tema, al decir del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Puede que tenga razón, pero el efecto arrastre es como una cadena atada a los pies del asalariado que lo esclaviza frente a lo que puede venir en el escenario económico. Aún así, hay que ser optimistas. El blanqueo de capitales ya tiene su primera operación concretada. Esto, en cierta medida, le permite a la Casa Rosada abandonar el terreno de los anuncios de inversión. Es un indicio, una gota de agua en medio de un océano de necesidades financieras que tiene una gestión que, en gran medida, heredó una difícil situación fiscal, pero que también hizo lo suyo para no poder sacar la cabeza del agua. Pruebas sobran; tal vez el traspié tarifario sea el más evidente en estos tiempos.
Mientras tanto, la pérdida de empleo ha sido una constante en los últimos meses, en los que no menos de 100.000 personas se quedaron sin ingresos, en la inestabilidad socioeconómica. Desde el Gobierno sólo atinan a decir que, con un país en crecimiento, será más fácil recuperar los puestos perdidos. Y, para eso, hay que esperar hasta 2017 cuando, de acuerdo con las promesas recibidos, comience la llovizna de inversiones.
Mientras tanto, la informalidad sigue vivita y coleando. Un 47% de los asalariados tucumanos no fueron inscriptos por sus empleadores. Y puede que ese pozo sea más profundo con la recesión existente en la Argentina. Hay casi 130.000 asalariados que no pueden gozar de los beneficios de una obra social ni de una futura jubilación. Con menos ritmo que lo habitual, esa misma informalidad mueve no menos de $ 6.000 millones en la provincia, una cifra que no es alcanzada por el impuesto a las Ingresos Brutos, un monto que sólo genera ganancias para los que, estructuralmente, se mueven en la oscuridad.
Mientras tanto, la inflación galopante fue alimentado el ejército de pobres de un país que quiere vender más alimentos al mundo. Dentro de exactamente tres semanas, habrá un indicio acerca del nivel de pobreza y de indigencia en la Argentina. No será, naturalmente, del 4,7% que declaró , para el primer semestre de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco se espera que, en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, la tasa sea del 4,6%. La nueva conducción del organismo estadístico proyecta una cifra más próxima a las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, del 32,6% (13 millones de personas en situación de pobreza). Pero no tan extrema. Hay una banda que va del 22% al 27%, que podría replicarse también en territorio tucumano (representaría alrededor de 220.000 personas alcanzadas por el flagelo socioeconómico). El fin de la actividad agroindustrial puede agravar el cuadro. El Poder Ejecutivo tucumano debe tomar los recaudos necesarios para contener a una dotación de empleados que se quedarán casi a la deriva durante el período interzafra.
La Argentina necesita salir del pozo y encontrarle el rumbo a su economía. Pero esta no sólo es una tarea del Poder Ejecutivo. Los empresarios también deben ser parte de la solución. Es verdad que los costos han subido exponencialmente, pero la rentabilidad económica debe dar lugar a la rentabilidad social, mientras pase la tormenta. El consumo está dando muestra de que la sociedad está cambiando sus hábitos y que, a raíz de los precios, se inclinan por compras menores. Sin consumidor, no hay negocio. Si bien la importación de productos tiende a abaratar costos y precios, en el largo plazo perjudica la actividad nacional. A su vez, los sindicalistas también deberían sumarse al tren; no con amenazas de paro, sino en una discusión cara a cara con el sector empresario y con los funcionarios que integran el gabinete del presidente Mauricio Macri en una mesa de diálogo social y económico. Sería un gesto de grandeza; sería cambiar la historia de siempre de marchas y contramarchas. Hasta ahora sólo hubo amagues de una cumbre y un sinnúmero de interpretaciones respecto del rumbo que debe seguir el país. La madurez de la nación se observa cuando los actores sociales y económicos que la integran son capaces de deponer intereses sectoriales en pos de un interés común mayor. Eso puede ser la llave que abra la puerta de las soluciones que necesita la Argentina para salir de la recesión.
Los mismos datos estadísticos están dando cuenta de que, si antes costaba llegar a fines de mes, ahora sólo se puede cubrir una quincena. Y el resto del mes es puro endeudamiento o “tarjetazo”. Por el lado de los bancos, la evidencia es clara: El crédito a las familias aumentó ligeramente su coeficiente de mora al cierre del primer semestre, hasta 2,7% en junio, mayormente por el desempeño de las líneas de consumo -personales y tarjeta-, corroboró el Banco Central. En ese mismo mes, el financiamiento con el “plástico” fue lo que más creció: 3%. Eso da cuenta de la falta de liquidez entre las familias.
La encuesta de gasto de hogares, en tanto, usualmente solía mostrar que la población argentina gastaba entre un 33% y un 35% de sus ingresos en alimentación. Hoy ese rubro ya supera el 50%. Y si a eso se le agregan los tarifazos (servicios y transportes, entre otros), ¿entonces qué margen queda para vivir sin dejar de ser considerado de clase media?
La inflación ya no es un tema, al decir del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Puede que tenga razón, pero el efecto arrastre es como una cadena atada a los pies del asalariado que lo esclaviza frente a lo que puede venir en el escenario económico. Aún así, hay que ser optimistas. El blanqueo de capitales ya tiene su primera operación concretada. Esto, en cierta medida, le permite a la Casa Rosada abandonar el terreno de los anuncios de inversión. Es un indicio, una gota de agua en medio de un océano de necesidades financieras que tiene una gestión que, en gran medida, heredó una difícil situación fiscal, pero que también hizo lo suyo para no poder sacar la cabeza del agua. Pruebas sobran; tal vez el traspié tarifario sea el más evidente en estos tiempos.
Mientras tanto, la pérdida de empleo ha sido una constante en los últimos meses, en los que no menos de 100.000 personas se quedaron sin ingresos, en la inestabilidad socioeconómica. Desde el Gobierno sólo atinan a decir que, con un país en crecimiento, será más fácil recuperar los puestos perdidos. Y, para eso, hay que esperar hasta 2017 cuando, de acuerdo con las promesas recibidos, comience la llovizna de inversiones.
Mientras tanto, la informalidad sigue vivita y coleando. Un 47% de los asalariados tucumanos no fueron inscriptos por sus empleadores. Y puede que ese pozo sea más profundo con la recesión existente en la Argentina. Hay casi 130.000 asalariados que no pueden gozar de los beneficios de una obra social ni de una futura jubilación. Con menos ritmo que lo habitual, esa misma informalidad mueve no menos de $ 6.000 millones en la provincia, una cifra que no es alcanzada por el impuesto a las Ingresos Brutos, un monto que sólo genera ganancias para los que, estructuralmente, se mueven en la oscuridad.
Mientras tanto, la inflación galopante fue alimentado el ejército de pobres de un país que quiere vender más alimentos al mundo. Dentro de exactamente tres semanas, habrá un indicio acerca del nivel de pobreza y de indigencia en la Argentina. No será, naturalmente, del 4,7% que declaró , para el primer semestre de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco se espera que, en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, la tasa sea del 4,6%. La nueva conducción del organismo estadístico proyecta una cifra más próxima a las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, del 32,6% (13 millones de personas en situación de pobreza). Pero no tan extrema. Hay una banda que va del 22% al 27%, que podría replicarse también en territorio tucumano (representaría alrededor de 220.000 personas alcanzadas por el flagelo socioeconómico). El fin de la actividad agroindustrial puede agravar el cuadro. El Poder Ejecutivo tucumano debe tomar los recaudos necesarios para contener a una dotación de empleados que se quedarán casi a la deriva durante el período interzafra.
La Argentina necesita salir del pozo y encontrarle el rumbo a su economía. Pero esta no sólo es una tarea del Poder Ejecutivo. Los empresarios también deben ser parte de la solución. Es verdad que los costos han subido exponencialmente, pero la rentabilidad económica debe dar lugar a la rentabilidad social, mientras pase la tormenta. El consumo está dando muestra de que la sociedad está cambiando sus hábitos y que, a raíz de los precios, se inclinan por compras menores. Sin consumidor, no hay negocio. Si bien la importación de productos tiende a abaratar costos y precios, en el largo plazo perjudica la actividad nacional. A su vez, los sindicalistas también deberían sumarse al tren; no con amenazas de paro, sino en una discusión cara a cara con el sector empresario y con los funcionarios que integran el gabinete del presidente Mauricio Macri en una mesa de diálogo social y económico. Sería un gesto de grandeza; sería cambiar la historia de siempre de marchas y contramarchas. Hasta ahora sólo hubo amagues de una cumbre y un sinnúmero de interpretaciones respecto del rumbo que debe seguir el país. La madurez de la nación se observa cuando los actores sociales y económicos que la integran son capaces de deponer intereses sectoriales en pos de un interés común mayor. Eso puede ser la llave que abra la puerta de las soluciones que necesita la Argentina para salir de la recesión.
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