Por Roberto Delgado
02 Julio 2016
Las peleas asoman con fuerza o asordinadas en cada reunión del Consejo Superior de la UNT por el escándalo con los fondos mineros en el que están implicados el ex rector Juan Alberto Cerisola y un equipo de sus ex funcionarios del Rectorado. Se pelean, pero todos los sectores universitarios están convencidos de que la investigación que hizo el fiscal federal 1, Carlos Brito, sustentada en informes demoledores de la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), es prácticamente incontrastable y va hacia el ineludible juicio del ex jefe de la universidad.
De hecho, tanto en la UNT como en la Justicia Federal ya se menciona que sería inminente el procesamiento por la defraudación que Brito imputó a Cerisola, a Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; a Olga Graciela Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias (actualmente está trasladada a Extensión Universitaria); a Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado nacional; a Horacio Alfredo Lobo, inspector de obra, y a Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones. La causa está desde hace casi dos años en manos del juez federal II, Fernando Poviña, quien ya indagó a todos y debe decidir si los procesa.
Varios frentes
En el Consejo Superior la discusión fue menor. La plantearon al comienzo y al final los consejeros Adela Seguí y Ricardo Cisneros, a propósito de un acta de una reunión de YMAD -Yacimientos Mineros Agua de Dionisio- del 27/12/2007 y del punto 54 del orden del día por el que se debía informar sobre las tareas encomendadas a la comisión formada en septiembre pasado. Esta tenía un plazo de 120 días (ya pasaron unos 270) para contactar con YMAD y con el Consejo de rectores del país (CIN) para informarles que en 2014 el Consejo Superior consideró nula el acta que Cerisola firmó el 2/1/2008 con YMAD.
Por ella, se declaraba cumplido el proyecto de la Ciudad Universitaria. Esta nulidad ha implicado una revolución. Como YMAD estaba obligada por ley a ceder el 40% de sus utilidades a la UNT y esta estaba obligada a destinar todo dinero que recibiera a concluir la ciudad universitaria, el acta de ese 2 de enero cambiaba las reglas de juego. Se declaraba que la plata que la UNT había recibido hasta 2008 y utilizada en arreglos de edificios había sido usada en esa ciudad educativa deseada desde los años 50, y a partir de ese momento todo dinero que entrara por fondos mineros (el 40% de las utilidades) debía ser repartido un 20% para las universidades del país y el otro 20% quedaba para la UNT con libre disponibilidad. El escándalo se fue inflando, asordinado, por varios frentes: por la forma irregular en que Cerisola declaró el fin del sueño de la Ciudad Universitaria (no informó correctamente al Consejo Superior y presentó una especie de plan de obras como si fuera el proyecto completo); por las obras contratadas para reparar y hacer edificios, que terminaron en la denuncia por irregularidades y sobreprecios en dos causas judiciales; y por el dinero que dejó de ingresar a la UNT y que fue repartido a casi todas las universidades nacionales (con excepción de tres que no quisieron recibir dinero de la minería). Todo salió a luz en 2014, cuando Florencio Aceñolaza, ex delegado de la UNT en YMAD, denunció que la universidad había dejado de recibir 500 millones de pesos por esta causa.
Alegar la propia torpeza
La comisión formada el año pasado debía informar a YMAD y las otras universidades que ese convenio de 2008 es nulo y que el dinero que entre por regalías mineras debe quedar en la UNT para la Ciudad Universitaria. Complicado. Por un lado, ya la empresa que generó plata minera en la última década, La Alumbrera, ha agotado el yacimiento y prepara el fin de mina para 2017. Ya no entran utilidades como las que generaron la locura del oro en la UNT. Por otra parte, se debe convencer a las otras universidades de la propia torpeza de la UNT de haber firmado un convenio y haberlo declarado nulo seis años después, y sosteniendo esto con las irregularidades denunciadas en una causa que lleva años sin resolverse.
Hay consejeros que quieren que se judicialice el caso contra YMAD y contra el CIN, y otros dicen que esto ya es abstracto y que llevaría a una querella de largo aliento en la que sólo ganarían los abogados. Las causas por corrupción en la Justicia Federal llevan un promedio de 14 años, según acaba de dictaminar el Consejo de la Magistratura nacional. Además, en el acta de YMAD del 27/12/07, que fue mencionada al comienzo de la sesión del martes pasado, se explicaría que los entonces directores de la UNT en YMAD, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, estuvieron de acuerdo en declarar el fin de la Ciudad Universitaria. Eso dice Cerisola en su defensa. Campero, que lo llamó “sinvergüenza” y el fallecido Marigliano, que lo desmintió parcialmente, reconocieron el acta y que se había pensado que la ciudad universitaria era “inviable” (LA GACETA, 28/6/15). Lo cual no desmerece los argumentos del Consejo Superior de que por sus debates debería haber pasado esta decisión.
Lamentablemente, el Superior formó una comisión investigadora en tiempos de Cerisola y la finiquitó meses después sin haberla constituido.
Al ritmo judicial
Acaso el leve interés que tuvo el tema en la última sesión se deba a la convicción de que todo quede en la nada. Si el juez procesa a Cerisola y sus ex funcionarios, lo más probable es que haya apelación, lo cual llevaría un año más y hasta que se constituya el juicio pasará mucho tiempo. Ahora que estallaron los casos de corrupción del kirchnerismo el Consejo de la Magistratura pide auditar la acción de la Justicia Federal de todo el país. Lo que se va a descubrir es que en Tucumán hace falta desde hace una década un tercer juzgado, o que el juez Poviña -que está a cargo de la causa UNT-YMAD- está subrogando un juzgado en Jujuy y pasa dos días y medio en Tucumán y dos días y medio en el norte. Ahora se va a advertir que en la causa por contaminación del Frontal contra la minera se demoró 14 años en llevar a declarar a los directivos de La Alumbrera.
La condena es el trámite
Hay quienes creen que la condena a los funcionarios no va a estar al final del camino sino durante el mismo tránsito de la lenta investigación. Le ha pasado al ex secretario de Bienestar Universitario Ramiro Moreno, escrachado con cámara oculta en 2010 mientras ofrecía sobornos en la campaña electoral. Aún espera el juicio pero es un muerto político. Le está pasando a Sacca, que este año perdió la posibilidad de volver a ocupar una banca como diputado y apenas se ha refugiado como director de Bienestar Universitario, un cargo no docente que se guardó de los tiempos en que era hombre fuerte de Cerisola. Le pasa a Olga Cudmani, que el 9 de abril declaró durante nueve horas ante Poviña sobre su tarea en Construcciones Universitarias. Pocos días después le cayó encima otra denuncia -hecha por la misma UNT- por la desaparición de 77 millones de pesos de retenciones en pagos a proveedores con fondos de YMAD. Por otra parte, una auditoría reciente sobre la administración de las casas de Horco Molle ha llevado a la pareja de Cudmani, Ricardo Krebs (quien es director de la Residencia Universitaria) a dar explicaciones por el uso discrecional de las viviendas.
A todo este guisado se agrega la novedosa presión que imprime el escándalo nacional generado por el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, sobre las obras hechas con sobreprecios y con falta de materiales adecuados. En la denuncia por los fondos de YMAD abundan los sobreprecios. Por ejemplo, la llamada causa Sigen abarca la obra para levantar el colapsado anfiteatro de Filosofía y Letras y la de la ampliación de la Facultad de Derecho. Fuentes de la Justicia Federal dicen que no hay elementos para acusar a las empresas contratistas, pero sí a los funcionarios. No obstante, el estudio jurídico Díaz Cantón y Sgro de Buenos Aires, contratado para dictaminar si la UNT debe constituirse en querellante en estas causas, opinó en diciembre pasado que las empresas beneficiarias de las contrataciones -Beton SRL en el caso de Derecho y Confer SRL en el de Filosofía- podrían ser partícipes necesarias del delito de defraudación.
“Malasbolsas”. Así llama Dante a los diez recintos del octavo círculo del Infierno, donde se condena a los que cometieron distintas clases de fraude. En el recinto quinto están los estafadores y los corruptos, a los que unos demonios negros sumergen en una espesa resina ardiente y los pinchan con sus garfios, si asoman la cabeza. En el sexto están los hipócritas, con vestidos por fuera de oro y por dentro de plomo, cuyo peso los agota. El octavo es un foso en llamas, donde están los sembradores de discordia, y el décimo es un lugar plagado de enfermedades para los falsificadores.
En poco tiempo más se espera el dictamen del juez Poviña, y se sabrá por qué círculo anda rondando la divina comedia de la UNT.
De hecho, tanto en la UNT como en la Justicia Federal ya se menciona que sería inminente el procesamiento por la defraudación que Brito imputó a Cerisola, a Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; a Olga Graciela Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias (actualmente está trasladada a Extensión Universitaria); a Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado nacional; a Horacio Alfredo Lobo, inspector de obra, y a Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones. La causa está desde hace casi dos años en manos del juez federal II, Fernando Poviña, quien ya indagó a todos y debe decidir si los procesa.
Varios frentes
En el Consejo Superior la discusión fue menor. La plantearon al comienzo y al final los consejeros Adela Seguí y Ricardo Cisneros, a propósito de un acta de una reunión de YMAD -Yacimientos Mineros Agua de Dionisio- del 27/12/2007 y del punto 54 del orden del día por el que se debía informar sobre las tareas encomendadas a la comisión formada en septiembre pasado. Esta tenía un plazo de 120 días (ya pasaron unos 270) para contactar con YMAD y con el Consejo de rectores del país (CIN) para informarles que en 2014 el Consejo Superior consideró nula el acta que Cerisola firmó el 2/1/2008 con YMAD.
Por ella, se declaraba cumplido el proyecto de la Ciudad Universitaria. Esta nulidad ha implicado una revolución. Como YMAD estaba obligada por ley a ceder el 40% de sus utilidades a la UNT y esta estaba obligada a destinar todo dinero que recibiera a concluir la ciudad universitaria, el acta de ese 2 de enero cambiaba las reglas de juego. Se declaraba que la plata que la UNT había recibido hasta 2008 y utilizada en arreglos de edificios había sido usada en esa ciudad educativa deseada desde los años 50, y a partir de ese momento todo dinero que entrara por fondos mineros (el 40% de las utilidades) debía ser repartido un 20% para las universidades del país y el otro 20% quedaba para la UNT con libre disponibilidad. El escándalo se fue inflando, asordinado, por varios frentes: por la forma irregular en que Cerisola declaró el fin del sueño de la Ciudad Universitaria (no informó correctamente al Consejo Superior y presentó una especie de plan de obras como si fuera el proyecto completo); por las obras contratadas para reparar y hacer edificios, que terminaron en la denuncia por irregularidades y sobreprecios en dos causas judiciales; y por el dinero que dejó de ingresar a la UNT y que fue repartido a casi todas las universidades nacionales (con excepción de tres que no quisieron recibir dinero de la minería). Todo salió a luz en 2014, cuando Florencio Aceñolaza, ex delegado de la UNT en YMAD, denunció que la universidad había dejado de recibir 500 millones de pesos por esta causa.
Alegar la propia torpeza
La comisión formada el año pasado debía informar a YMAD y las otras universidades que ese convenio de 2008 es nulo y que el dinero que entre por regalías mineras debe quedar en la UNT para la Ciudad Universitaria. Complicado. Por un lado, ya la empresa que generó plata minera en la última década, La Alumbrera, ha agotado el yacimiento y prepara el fin de mina para 2017. Ya no entran utilidades como las que generaron la locura del oro en la UNT. Por otra parte, se debe convencer a las otras universidades de la propia torpeza de la UNT de haber firmado un convenio y haberlo declarado nulo seis años después, y sosteniendo esto con las irregularidades denunciadas en una causa que lleva años sin resolverse.
Hay consejeros que quieren que se judicialice el caso contra YMAD y contra el CIN, y otros dicen que esto ya es abstracto y que llevaría a una querella de largo aliento en la que sólo ganarían los abogados. Las causas por corrupción en la Justicia Federal llevan un promedio de 14 años, según acaba de dictaminar el Consejo de la Magistratura nacional. Además, en el acta de YMAD del 27/12/07, que fue mencionada al comienzo de la sesión del martes pasado, se explicaría que los entonces directores de la UNT en YMAD, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, estuvieron de acuerdo en declarar el fin de la Ciudad Universitaria. Eso dice Cerisola en su defensa. Campero, que lo llamó “sinvergüenza” y el fallecido Marigliano, que lo desmintió parcialmente, reconocieron el acta y que se había pensado que la ciudad universitaria era “inviable” (LA GACETA, 28/6/15). Lo cual no desmerece los argumentos del Consejo Superior de que por sus debates debería haber pasado esta decisión.
Lamentablemente, el Superior formó una comisión investigadora en tiempos de Cerisola y la finiquitó meses después sin haberla constituido.
Al ritmo judicial
Acaso el leve interés que tuvo el tema en la última sesión se deba a la convicción de que todo quede en la nada. Si el juez procesa a Cerisola y sus ex funcionarios, lo más probable es que haya apelación, lo cual llevaría un año más y hasta que se constituya el juicio pasará mucho tiempo. Ahora que estallaron los casos de corrupción del kirchnerismo el Consejo de la Magistratura pide auditar la acción de la Justicia Federal de todo el país. Lo que se va a descubrir es que en Tucumán hace falta desde hace una década un tercer juzgado, o que el juez Poviña -que está a cargo de la causa UNT-YMAD- está subrogando un juzgado en Jujuy y pasa dos días y medio en Tucumán y dos días y medio en el norte. Ahora se va a advertir que en la causa por contaminación del Frontal contra la minera se demoró 14 años en llevar a declarar a los directivos de La Alumbrera.
La condena es el trámite
Hay quienes creen que la condena a los funcionarios no va a estar al final del camino sino durante el mismo tránsito de la lenta investigación. Le ha pasado al ex secretario de Bienestar Universitario Ramiro Moreno, escrachado con cámara oculta en 2010 mientras ofrecía sobornos en la campaña electoral. Aún espera el juicio pero es un muerto político. Le está pasando a Sacca, que este año perdió la posibilidad de volver a ocupar una banca como diputado y apenas se ha refugiado como director de Bienestar Universitario, un cargo no docente que se guardó de los tiempos en que era hombre fuerte de Cerisola. Le pasa a Olga Cudmani, que el 9 de abril declaró durante nueve horas ante Poviña sobre su tarea en Construcciones Universitarias. Pocos días después le cayó encima otra denuncia -hecha por la misma UNT- por la desaparición de 77 millones de pesos de retenciones en pagos a proveedores con fondos de YMAD. Por otra parte, una auditoría reciente sobre la administración de las casas de Horco Molle ha llevado a la pareja de Cudmani, Ricardo Krebs (quien es director de la Residencia Universitaria) a dar explicaciones por el uso discrecional de las viviendas.
A todo este guisado se agrega la novedosa presión que imprime el escándalo nacional generado por el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, sobre las obras hechas con sobreprecios y con falta de materiales adecuados. En la denuncia por los fondos de YMAD abundan los sobreprecios. Por ejemplo, la llamada causa Sigen abarca la obra para levantar el colapsado anfiteatro de Filosofía y Letras y la de la ampliación de la Facultad de Derecho. Fuentes de la Justicia Federal dicen que no hay elementos para acusar a las empresas contratistas, pero sí a los funcionarios. No obstante, el estudio jurídico Díaz Cantón y Sgro de Buenos Aires, contratado para dictaminar si la UNT debe constituirse en querellante en estas causas, opinó en diciembre pasado que las empresas beneficiarias de las contrataciones -Beton SRL en el caso de Derecho y Confer SRL en el de Filosofía- podrían ser partícipes necesarias del delito de defraudación.
“Malasbolsas”. Así llama Dante a los diez recintos del octavo círculo del Infierno, donde se condena a los que cometieron distintas clases de fraude. En el recinto quinto están los estafadores y los corruptos, a los que unos demonios negros sumergen en una espesa resina ardiente y los pinchan con sus garfios, si asoman la cabeza. En el sexto están los hipócritas, con vestidos por fuera de oro y por dentro de plomo, cuyo peso los agota. El octavo es un foso en llamas, donde están los sembradores de discordia, y el décimo es un lugar plagado de enfermedades para los falsificadores.
En poco tiempo más se espera el dictamen del juez Poviña, y se sabrá por qué círculo anda rondando la divina comedia de la UNT.
Lo más popular
