En la Legislatura quieren que la moratoria abarque deudas vencidas hasta fines de marzo

La Legislatura abrirá esta semana el juego para que las distintas entidades intermedias brinden sus puntos de vista acerca del plan de facilidades de pago impulsado por el Poder Ejecutivo. Y, desde la Cámara, ya vaticinan que la primera moratoria de la gestión del gobernador Juan Manzur, será sujeta a modificaciones. Por caso, algunos legisladores consideran que es necesario, por un lado, modificar el plazo de vigencia del régimen, previsto inicialmente hasta el 30 de junio. En este sentido, consideran exiguo el tiempo para el acogimiento al plan y, por lo tanto, propondrían extenderlo hasta el 31 de julio. A la vez, creen que es necesario que la moratoria también contemple las deudas vencidas y exigibles hasta fines de marzo y no hasta el 29 de enero, como figura en el proyecto oficial.

“Creemos necesario conocer todas las voces y, de allí la intención de convocar a empresarios, profesionales y otras entidades para que consensuemos la mejor manera de poner en marcha un plan de pagos de impuestos vencidos”, señaló a LA GACETA Juan Antonio Ruiz Olivares, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara. Según el legislador, “hay que tomar en cuenta las necesidades recaudatorias del Estado y contemplar -al mismo tiempo- las posibilidades de los contribuyentes de ponerse al día con el pago de los tributos”.

El Poder Ejecutivo considera la necesidad de poner en práctica un nuevo régimen excepcional de facilidades de pago de impuestos atrasados de hasta 84 cuotas y con más flexibilidad en las causales de caducidad para evitar el decaimiento de esos planes, según el proyecto girado a la Legislatura. La iniciativa puede demandar unos 10 días más, hasta tanto finalice la ronda de consultas a entidades intermedias. Luego será tratada en el recinto de sesiones.

Desde la Federación Económica de Tucumán (FET), su presidente Pedro Omodeo señaló a nuestro diario que, más allá de las moratorias, tanto el Gobierno nacional como el provincial deben alentar profundas reformas de su política fiscal, con el fin de dar mayores incentivos a la producción.

“Si en el sector privado no hay capacidad de pago, las moratorias no tendrán efectos concretos, mucho más cuando se les exigen que estén al día tres meses antes”, remarcó el dirigente empresarial. En este aspecto, considera que hay una suerte de sobre exigencia por parte del fisco que no permiten a los contribuyentes ponerse al día con el pago de los impuestos, más aún en un período de freno de la economía y de incertidumbre.

“Los gobiernos deben propender a bajar el peso de las contribuciones patronales, del IVA y de Ganancias, además de Ingresos Brutos de tal manera que la actividad privada aliente también políticas de largo plazo”, sintetiza.

Desde la comisión de Impuestos de la FET, Agustín Zeppa había propuesto al fisco que contemple en el plan de facilidades de pago las deudas al 30 de abril último, como una manera de mitigar los efectos de la inflación del inicio del año, además de los continuos reajustes tarifarios que impactaron negativamente en los costos tanto del contribuyente común como de los empresarios.

Un complemento

Según el tributarista Carlos Ernesto Yatzkaier, hay algunas cuestiones que el fisco debe tomar en cuenta además de la moratoria:

• Para los Impuestos Patrimoniales (Inmobiliario y Automotor), deberían adecuarse los valores y alícuotas a los efectos que el importe a pagar esté al alcance de la mayoría de los contribuyentes, en especial de los sectores de menores recursos. “Muchos valores de las valuaciones de inmuebles y automotores superan largamente los de plaza, reconociendo además que otros son similares y otros son netamente inferiores”, indica.

• Para los impuestos declarativos (sobre los Ingresos Brutos, Salud Pública), deberían adecuarse definitivamente los regímenes de retención y percepción a valores que sean compatibles con el hecho imponible, ya que actualmente se duplica ó triplica el impuesto por la superposición de los mismos.-

• También eliminar el régimen de recaudación bancaria, ya que no está atado al hecho imponible de Ingresos Brutos, afectando no sólo el incremento de saldos a favor de los contribuyentes que deben tributar, sino que alcanza a sujetos que no son contribuyentes (profesionales, empleados o locadores de inmuebles).

• Debería permitirse, sin ningún tipo de limitación, la compensación automática de los saldos a favor que surjan de su declaración mensual, ya que al provenir de los regímenes apuntados, se constituyen en saldos de libre disponibilidad equivalente al ingreso de dinero al fisco, pero pertenecientes al patrimonio del contribuyente.

Según Yatzkaier, debería establecerse un plan de pagos de vigencia permanente, con el fin de que el contribuyente pueda acudir a ese régimen frente a dificultades transitorias, “conociendo de antemano que no se condonarán intereses pero que el fisco le facilita el cumplimiento oportuno”. A criterio del experto, la convocatoria de la Legislatura a profesionales y a entidades empresarias servirá para evitar “futuros planteos administrativos y judiciales que terminamos pagando todos los contribuyentes cuando se concluye que resultan abusivos, ilegales o inconstitucionales”.