14 Febrero 2016
El letrado Gustavo Morales solicitó a Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, que le dé una audiencia para tratar la crisis del Poder Judicial cuya discusión promueve. “Usted ignora u oculta que es uno de los principales protagonistas no de la crisis sino del fracaso del funcionamiento -al menos- de la Justicia penal”, dijo Morales en la carta documento que remitió a Jiménez el 27 de enero pasado. El profesional comentó que su pedido de reunión no había recibido respuesta.
El texto afirma que Jiménez fue el mentor del copamiento de la Justicia penal “para asegurar la impunidad” de quienes ejercían importantes cargos en el Estado. “Es el responsable de facto de los nombramientos del ex fiscal Guillermo Herrera; de los fiscales Adriana Giannoni y Arnoldo Suasnábar, y de dos jueces de Instrucción: Juan Francisco Pisa y Mirta Lenis de Vera”, detalló Morales.
Asimismo, el abogado responsabilizó a Jiménez de haber promovido la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción con sala única. “Este tribunal fue integrado por su hermana, Elva Graciela Jiménez (renunció en 2013 para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil), quien tuvo el desparpajo de designar como relatora a su hija, Eloísa Rodríguez Campos. Con la misma lógica, usted (por Jiménez) llevó a esa funcionaria al Ministerio Público Fiscal”, relató el abogado, quien añadió que escribía a sabiendas de que no iba a ser escuchado.
La semana pasada, el Colegio de Abogados de la Capital emitió una resolución hipercrítica que afirma que la crisis del fuero penal no iba a ceder mientras Jiménez estuviese en el cargo. Al día siguiente, el ministro público negó los cuestionamientos e invitó a los letrados a dialogar “con cordura y respeto”.
Correo para Garavano
Morales también envió una carta documento a Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En esta misiva, el remitente dijo que Jiménez pretendía victimizarse: “en verdad, desarrolla un raid delictivo desde su asunción como ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich, junto a una serie de abogados y de jueces”. El abogado escribió al ministro del Gobierno de Mauricio Macri días antes de que este recibiese a Jiménez, quien pidió la cita para entregar su versión sobre los hechos que denuncia el Colegio de Abogados de la Capital. Como consecuencia de estos encuentros, Garavano decidió nombrar un veedor del Ministerio para el monitoreo de las causas que involucran al fiscal Herrera, según confirmó este mes la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Morales anticipó que también buscará ser escuchado por los funcionarios nacionales. Además, manifestó que solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que investigue el contrato de locación celebrado por Jiménez respecto del inmueble ubicado en la planta baja de la calle Muñecas 736, donde fue trasladada la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones a cargo de Alejandro Noguera.
El texto afirma que Jiménez fue el mentor del copamiento de la Justicia penal “para asegurar la impunidad” de quienes ejercían importantes cargos en el Estado. “Es el responsable de facto de los nombramientos del ex fiscal Guillermo Herrera; de los fiscales Adriana Giannoni y Arnoldo Suasnábar, y de dos jueces de Instrucción: Juan Francisco Pisa y Mirta Lenis de Vera”, detalló Morales.
Asimismo, el abogado responsabilizó a Jiménez de haber promovido la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción con sala única. “Este tribunal fue integrado por su hermana, Elva Graciela Jiménez (renunció en 2013 para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil), quien tuvo el desparpajo de designar como relatora a su hija, Eloísa Rodríguez Campos. Con la misma lógica, usted (por Jiménez) llevó a esa funcionaria al Ministerio Público Fiscal”, relató el abogado, quien añadió que escribía a sabiendas de que no iba a ser escuchado.
La semana pasada, el Colegio de Abogados de la Capital emitió una resolución hipercrítica que afirma que la crisis del fuero penal no iba a ceder mientras Jiménez estuviese en el cargo. Al día siguiente, el ministro público negó los cuestionamientos e invitó a los letrados a dialogar “con cordura y respeto”.
Correo para Garavano
Morales también envió una carta documento a Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En esta misiva, el remitente dijo que Jiménez pretendía victimizarse: “en verdad, desarrolla un raid delictivo desde su asunción como ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich, junto a una serie de abogados y de jueces”. El abogado escribió al ministro del Gobierno de Mauricio Macri días antes de que este recibiese a Jiménez, quien pidió la cita para entregar su versión sobre los hechos que denuncia el Colegio de Abogados de la Capital. Como consecuencia de estos encuentros, Garavano decidió nombrar un veedor del Ministerio para el monitoreo de las causas que involucran al fiscal Herrera, según confirmó este mes la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Morales anticipó que también buscará ser escuchado por los funcionarios nacionales. Además, manifestó que solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que investigue el contrato de locación celebrado por Jiménez respecto del inmueble ubicado en la planta baja de la calle Muñecas 736, donde fue trasladada la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones a cargo de Alejandro Noguera.
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