13 Febrero 2016
ESTADO DE CARABOBO. El presidente Nicolás Maduro conversa con trabajadores durante la ceremonia de apertura de una planta de tubos de PVC. reuters
CARACAS.- El conflicto de poderes desatado en Venezuela a comienzos del mes pasado, a partir de la asunción de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), recrudeció esta semana y amenaza con profundizarse en los próximos días, con la severa crisis económica como eje.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora basó su ofensiva en un conjunto de proyectos de leyes y declaraciones, además de haber comenzado a debatir sobre las formas legales de destituir a Nicolás Maduro.
El chavismo contraatacó a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró que “se mantiene incólume” la emergencia económica dictada por el Presidente y vetada por el Parlamento en uso de sus facultades.
La Asamblea aprobó el jueves un proyecto de ley destinado a devolver al Banco Central de Venezuela (BCV) la autonomía constitucional y que Maduro le quitó por decreto.
También declaró al país en emergencia alimentaria debido a la “crisis de abastecimiento”, tal como dos semanas atrás lo había hecho en materia sanitaria por el desabastecimiento de remedios e insumos médicos.
Paralelamente, la Sala Constitucional del TSJ, por unanimidad de sus siete miembros, declaró que “se mantiene irrevocablemente incólume” la vigencia del decreto de emergencia económica que Maduro dictó el mes pasado y que la Asamblea vetó por considerar innecesario y por temor a que, en uso de esas atribuciones, el mandatario dispusiera un corralito bancario.
Sobre la base del artículo 27 de la Ley de Estados de Excepción, los jueces interpretaron que los diputados debieron iniciar el tratamiento en las 48 horas posteriores a la publicación del decreto, pese a que la Constitución les confiere ocho días para hacerlo.
Voceros de la oposición comenzaron a hacer públicas sus preferencias por algunas de las vías legales para destituir a Maduro, después de que el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, anunciara que la MUD se tomaría seis meses para escoger la “salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación del gobierno”, ya que el MUD deberá optar entre el referendo revocatorio, una enmienda constitucional, el llamado a una Asamblea Constituyente y la renuncia voluntaria de Maduro.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, propuso recurrir simultáneamente a una enmienda y a un referendo revocatorio. (Télam)
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora basó su ofensiva en un conjunto de proyectos de leyes y declaraciones, además de haber comenzado a debatir sobre las formas legales de destituir a Nicolás Maduro.
El chavismo contraatacó a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró que “se mantiene incólume” la emergencia económica dictada por el Presidente y vetada por el Parlamento en uso de sus facultades.
La Asamblea aprobó el jueves un proyecto de ley destinado a devolver al Banco Central de Venezuela (BCV) la autonomía constitucional y que Maduro le quitó por decreto.
También declaró al país en emergencia alimentaria debido a la “crisis de abastecimiento”, tal como dos semanas atrás lo había hecho en materia sanitaria por el desabastecimiento de remedios e insumos médicos.
Paralelamente, la Sala Constitucional del TSJ, por unanimidad de sus siete miembros, declaró que “se mantiene irrevocablemente incólume” la vigencia del decreto de emergencia económica que Maduro dictó el mes pasado y que la Asamblea vetó por considerar innecesario y por temor a que, en uso de esas atribuciones, el mandatario dispusiera un corralito bancario.
Sobre la base del artículo 27 de la Ley de Estados de Excepción, los jueces interpretaron que los diputados debieron iniciar el tratamiento en las 48 horas posteriores a la publicación del decreto, pese a que la Constitución les confiere ocho días para hacerlo.
Voceros de la oposición comenzaron a hacer públicas sus preferencias por algunas de las vías legales para destituir a Maduro, después de que el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, anunciara que la MUD se tomaría seis meses para escoger la “salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación del gobierno”, ya que el MUD deberá optar entre el referendo revocatorio, una enmienda constitucional, el llamado a una Asamblea Constituyente y la renuncia voluntaria de Maduro.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, propuso recurrir simultáneamente a una enmienda y a un referendo revocatorio. (Télam)
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