Por Roberto Delgado
07 Febrero 2016
“Y habrá enérgicas repulsas desde el cielo hasta el infierno... (...)... Y habrá artículos de fondo y habrá simulados gestos, / y habrá más barro en las calles y más asesinos sueltos... (...)... En una calle cualquiera, de cualquier ciudad o pueblo, / cosas de la vida... Un policía se ha muerto”, expresa en un sentido poema el lector Sergio Aráoz, publicado ayer. El poema refleja el impacto que ha causado la muerte de Juan Vides, policía del 911, quien recibió un balazo en la cabeza el martes a mediodía en Adolfo de la Vega y San Lorenzo, cuando perseguía a una banda de asaltantes. Su caso conmovió a la provincia y fue despedido con dolor en Concepción, donde reside su familia. La tragedia mostró la dimensión humana de la tarea policial y los riesgos a que se someten los agentes y también la inseguridad que impera: el tiroteo mortal ocurrió en una zona muy concurrida -a pocos metros de un call center y de una agencia de autos-, durante una persecución que abarcó otros dos sectores: Pedro León Gallo y Alsina y avenida América y San Martín, en medio de tiros a granel. Quedaron con impactos de bala dos vehículos policiales -entre ellos, la camioneta que conducía Vides- y el auto Clio negro de los asaltantes que, según testimonios de los vecinos, sacaban medio cuerpo por las ventanillas para disparar contra los uniformados. Esto indica que, además de la dolorosa muerte del policía, podría haber sido una masacre y si hubiera fallecido un civil las protestas por la inseguridad estarían sacudiendo al gobierno de Juan Manzur.
Los versos del lector Aráoz expresan también la sensación de los policías golpeados por la tragedia del compañero caído. “Antes crisparon sus manos la cólera y el despecho, / tuvo que tragar su rabia, tuvo que llorar por dentro... (...)... siempre en alerta vigilia, siempre la muerte al acecho. / Pero era un policía y le pagaron por eso”. Nadie se quejó del modo en que trabajan los agentes ni se habló de falta de elementos. Los policías conciben su profesión como una misión sagrada contra el mal, muy a menudo incomprendida por la sociedad, la Justicia y la prensa, en la cual a menudo ofrendan su vida, como ahora. “La Policía no va a cesar en su esfuerzo de dar a la ciudadanía la seguridad que se merece”, dijo el comisario Luis Bacas, jefe del 911. El superior directo de Vides, el comisario Joaquín Girvau, señaló los esfuerzos de los 300 oficiales del 911 -la sección que responde a los llamados de la comunidad para denunciar hechos delictivos o pedir ayuda- y despidió entristecido a su subalterno. “Se va a hacer justicia. Ha cumplido con su misión, agente Juan José Vides”, dijo en el sepelio, el jueves.
“Imposibles de prevenir”
El agente es la víctima mortal número 10 de hechos de sangre en lo que va del año. Las fiscalías de feria informaron de seis homicidios en el área del Centro Judicial Capital y tres en el sur hasta el 29 de enero. Ninguno, excepto el del agente, entra dentro de la categoría “homicidio en ocasión de robo”, que es la que los funcionarios consideran como hechos de inseguridad. De hecho, a raíz del violento episodio vivido por una señora de Barrio Norte el 13 de enero, a la cual un delincuente asaltó y le cortó un dedo para robarle un anillo de oro, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, opinó que la situación en Tucumán estaba mejorando. “Venimos muy bien, pero hay casos imposibles de prevenir”, explicó. Dijo que el 911 hace 1.000 operativos mensuales y que “todas las semanas estamos realizando operativos de barrido en todos los barrios de la capital”. Ante la tragedia de la avenida Adolfo de la Vega, ahondó su visión de la seguridad: “cuando la gente pide explicaciones hay que mostrarle que la tarea policial es loable, que se trabaja día a día. Hemos reducido en dos años en un 60% los homicidios en ocasión de robo y hasta 46% los robos en algunas zonas. Siempre es poco, pero hay que respetar el trabajo policial de esta gente que está comprometida al 100%”, dijo el martes.
En medio del caos
Pero nadie hizo autocrítica para tratar de entender qué sucede, y si lo que se hace es realmente efectivo. Los funcionarios de seguridad apenas se salen de libretos establecidos que empujan las responsabilidades sobre otras áreas del Estado. “Esperamos que cumplan la condena, que se haga lo que corresponde y que esos delincuentes no salgan, como lo que nos pasa todos los días que tenemos 1.000 detenciones mensuales, un trabajo incansable del personal del 911, 1.000 intervenciones diarias y eso tiene que redundar en algo”, dijo Hofer. En ese sentido, al tratarse la situación de Lucas Manuel Romano, Jesús Emanuel Sánchez, Jorge Manuel Gutiérrez y Jonathan Emanuel Cuellar, los cuatro detenidos por los asaltos y el trágico tiroteo, se destacó que Cuellar es un condenado que tenía permiso extramuros y que se había fugado, con lo que se abonó el libreto de que la Policía los apresa y la Justicia los deja escapar. Pero el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, dio un informe más profundo que esa teoría: dijo que el Servicio Penitenciario no dio aviso a la fiscalía de turno de que Cuellar se había escapado, con lo cual dio a entender las desinteligencias en un Estado que por un lado (el Ministerio de Seguridad) dice ser eficiente contra el delito y por otro (el servicio penitenciario y la Justicia) tiene falencias que, por lo menos en este caso, muestran ineficiencia frente al delito.
Sin respuestas
De hecho, la disputa que el ministro fiscal tiene con la Corte Suprema por la autarquía funcional de su área se vincula con las fuertes declaraciones que ha hecho con respecto a la imposibilidad de la Justicia de dar respuestas a los reclamos de la sociedad. Dice que faltan fiscales (compara los 16 funcionarios de Tucumán con los 41 de Salta), elementos de trabajo y equipamientos técnicos y tecnológicos. Hasta destaca que en la investigación por los escruches que han asolado a Tucumán durante el comienzo del año (en todo 2015 hubo 54 casos en la capital y ahora, sólo en enero, hubo 45 en capital y 36 en Yerba Buena) se frustraron porque una cámara filmadora que montaron en un lugar clave sólo funcionó dos días por desperfectos tecnológicos. Problemas con la fibra óptica, dijo. ¿Dónde estaba la cámara? No lo dice, porque la investigación sigue. Se sabe que en Santa Fe al 600, delincuentes desvalijaron un edificio el domingo 10 de enero y se llevaron $115.000 y U$S 4.000.
Pero las advertencias de Jiménez sobre la crisis de la Justicia penal han sido descalificadas por los otros miembros de la Corte. El vocal René Goane lo calificó de “enloquecido, medio zafadito”. “Son opiniones de él. Yo no veo tal situación: todo tiene su medida”, sentenció Goane. No obstante, esta situación crítica ya había sido claramente planteada por fiscales y abogados en 2013, a propósito de la pretendida reforma del Código Procesal Penal, cuando advirtieron que la Justicia, abarrotada de expedientes, archivaba la mayoría de las causas sin siquiera verlas. Quizá no sea una medida para Goane. Pero es una medida, y muy importante, para los fiscales.
Y si la Justicia está en crisis, ¿no cabe pensar que los otros operadores de la seguridad lo están? Nadie analizó la denuncia de la joven Frida Sabolcki, que el domingo pasado a la madrugada fue asaltada por cuatro delincuentes cuando circulaba con su marido en moto por avenida Belgrano y Viamonte. “Estoy segura de que son ellos”, dijo, en referencia a Cuellar y sus socios. Y lo más grave de su denuncia es que se acercó un móvil policial y no hicieron nada. “Les señalé que iban a dos cuadras, pero nos dijeron que antes teníamos que hacer la denuncia”, dijo. Algo similar relató la señora Rosa Arcodia, madre de Víctor Rocha, el motociclista asesinado en la rotonda de San Cayetano el domingo 24 de enero. Dice que desde 2014 Rocha denunció siete veces a quienes lo amenazaban.
Sin evaluación de efectividad
Tampoco se ha analizado si los procedimientos que usa la fuerza de seguridad son correctos o no, si hay protocolos a seguir en una persecución y si los hay para atender a una persona que dice haber sido asaltada y que denuncia que los delincuentes están a dos cuadras de distancia. No se sabe si la evaluación de la efectividad se da por la supuesta reducción de homicidios en ocasión de robo o por la delimitación arbitraria que hace el secretario de Seguridad cuando dice que “es muy difícil prevenir los delitos que ocurren dentro de las propiedades porque la policía está en la calle”. En realidad se trata de que esa efectividad no se mide con ningún parámetro. No hay encuestas de victimización, no se sabe si los hechos que se denuncian (en los medios aparecen los más impresionantes, como el golpe comando en la casa de una empresaria el 15/1 en Yerba Buena) son el reflejo de una realidad más compleja, que requiere no “respuestas operativas” sino acciones concretas según el analisis de la cantidad de casos. No se sabe cómo se capacitan los empleados de seguridad y cómo se evalúa su tarea, ni se analiza cuánto se gasta y qué resultados tiene la seguridad, como sí se evalúan los resultados en Educación, Economía o Salud. No basta que el secretario de Seguridad diga (el 14/1, a propósito del ataque a la mujer para robarle el anillo) que “en Tucumán no tenemos bandas delictivas que estén operando en la provincia y las que había conseguimos desactivarlas”, y que 15 días después reconozca que Cuellar y sus socios son una banda a la que se les están encontrando cada vez más antecedentes. “Tienen un montón de causas. Siempre actuaban en banda, todos armados”, dijo una fuente.
Puñaladas y tiros
La seguridad requiere algo más que respuestas emocionales. En Tucumán han sido asesinados Dante Javier Orellana (a puñaladas el 1/1 en Graneros); Víctor José Silvestre Herrera (a puñaladas, el 1/1 en Taco Ralo); Juan David Contreras (apuñalado en Alpachiri el 10/1; la información no se publicó porque los medios no se enteraron); Claudia Paola Vallejo (recibió un tiro en el cuello el 4/1 en barrio Ejército Argentino); Diego Ávila (recibió un tiro en Entre Ríos 4.100, el 22/1); Víctor Rafael Rocha (acribillado en San Cayetano el 24/1); Gustavo Villagra (pelea entre hinchas de San Martín en Kirchner y Pellegrini el 24/1); Benjamín Lizárraga (apuñalado a la salida de un boliche en Maipú al 900 el 29/1); y Alejandro Sebastián Pedraza (apuñalado el 10/1 en barrio San Martín; tampoco se publicó esta información).
¿Cuál será la respuesta de las autoridades en estos casos? El Gobernador, que dijo que “vamos a apostar mucho en 2016 a que los tucumanos estemos mucho más seguros”, tendrá que estimar que esta tendencia podría indicar que a fin de año habrá más de 100 homicidios, como ha ocurrido en los dos años anteriores. El ministro Regino Amado ha dicho que la prevención es clave pero plantea que eso se logrará con 2.000 o 3.000 policías más, sin analizar planteos como el de los legisladores que requieren hablar en forma multidisciplinaria de la emergencia en seguridad, de narcotráfico, contravenciones (infracciones a la convivencia), torturas, protocolos, emergencia carcelaria y deficiencias en comisarías.
Se trata de una sociedad violenta. Hoy la víctima ha sido un policía y no sabemos qué hacer al respecto, como no sean respuestas voluntariosas o enojadas. “Habrá otra deuda en la cuenta, que por Dios nos cobraremos”, dijo con rabia el lector Sergio Aráoz en su poema.
Los versos del lector Aráoz expresan también la sensación de los policías golpeados por la tragedia del compañero caído. “Antes crisparon sus manos la cólera y el despecho, / tuvo que tragar su rabia, tuvo que llorar por dentro... (...)... siempre en alerta vigilia, siempre la muerte al acecho. / Pero era un policía y le pagaron por eso”. Nadie se quejó del modo en que trabajan los agentes ni se habló de falta de elementos. Los policías conciben su profesión como una misión sagrada contra el mal, muy a menudo incomprendida por la sociedad, la Justicia y la prensa, en la cual a menudo ofrendan su vida, como ahora. “La Policía no va a cesar en su esfuerzo de dar a la ciudadanía la seguridad que se merece”, dijo el comisario Luis Bacas, jefe del 911. El superior directo de Vides, el comisario Joaquín Girvau, señaló los esfuerzos de los 300 oficiales del 911 -la sección que responde a los llamados de la comunidad para denunciar hechos delictivos o pedir ayuda- y despidió entristecido a su subalterno. “Se va a hacer justicia. Ha cumplido con su misión, agente Juan José Vides”, dijo en el sepelio, el jueves.
“Imposibles de prevenir”
El agente es la víctima mortal número 10 de hechos de sangre en lo que va del año. Las fiscalías de feria informaron de seis homicidios en el área del Centro Judicial Capital y tres en el sur hasta el 29 de enero. Ninguno, excepto el del agente, entra dentro de la categoría “homicidio en ocasión de robo”, que es la que los funcionarios consideran como hechos de inseguridad. De hecho, a raíz del violento episodio vivido por una señora de Barrio Norte el 13 de enero, a la cual un delincuente asaltó y le cortó un dedo para robarle un anillo de oro, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, opinó que la situación en Tucumán estaba mejorando. “Venimos muy bien, pero hay casos imposibles de prevenir”, explicó. Dijo que el 911 hace 1.000 operativos mensuales y que “todas las semanas estamos realizando operativos de barrido en todos los barrios de la capital”. Ante la tragedia de la avenida Adolfo de la Vega, ahondó su visión de la seguridad: “cuando la gente pide explicaciones hay que mostrarle que la tarea policial es loable, que se trabaja día a día. Hemos reducido en dos años en un 60% los homicidios en ocasión de robo y hasta 46% los robos en algunas zonas. Siempre es poco, pero hay que respetar el trabajo policial de esta gente que está comprometida al 100%”, dijo el martes.
En medio del caos
Pero nadie hizo autocrítica para tratar de entender qué sucede, y si lo que se hace es realmente efectivo. Los funcionarios de seguridad apenas se salen de libretos establecidos que empujan las responsabilidades sobre otras áreas del Estado. “Esperamos que cumplan la condena, que se haga lo que corresponde y que esos delincuentes no salgan, como lo que nos pasa todos los días que tenemos 1.000 detenciones mensuales, un trabajo incansable del personal del 911, 1.000 intervenciones diarias y eso tiene que redundar en algo”, dijo Hofer. En ese sentido, al tratarse la situación de Lucas Manuel Romano, Jesús Emanuel Sánchez, Jorge Manuel Gutiérrez y Jonathan Emanuel Cuellar, los cuatro detenidos por los asaltos y el trágico tiroteo, se destacó que Cuellar es un condenado que tenía permiso extramuros y que se había fugado, con lo que se abonó el libreto de que la Policía los apresa y la Justicia los deja escapar. Pero el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, dio un informe más profundo que esa teoría: dijo que el Servicio Penitenciario no dio aviso a la fiscalía de turno de que Cuellar se había escapado, con lo cual dio a entender las desinteligencias en un Estado que por un lado (el Ministerio de Seguridad) dice ser eficiente contra el delito y por otro (el servicio penitenciario y la Justicia) tiene falencias que, por lo menos en este caso, muestran ineficiencia frente al delito.
Sin respuestas
De hecho, la disputa que el ministro fiscal tiene con la Corte Suprema por la autarquía funcional de su área se vincula con las fuertes declaraciones que ha hecho con respecto a la imposibilidad de la Justicia de dar respuestas a los reclamos de la sociedad. Dice que faltan fiscales (compara los 16 funcionarios de Tucumán con los 41 de Salta), elementos de trabajo y equipamientos técnicos y tecnológicos. Hasta destaca que en la investigación por los escruches que han asolado a Tucumán durante el comienzo del año (en todo 2015 hubo 54 casos en la capital y ahora, sólo en enero, hubo 45 en capital y 36 en Yerba Buena) se frustraron porque una cámara filmadora que montaron en un lugar clave sólo funcionó dos días por desperfectos tecnológicos. Problemas con la fibra óptica, dijo. ¿Dónde estaba la cámara? No lo dice, porque la investigación sigue. Se sabe que en Santa Fe al 600, delincuentes desvalijaron un edificio el domingo 10 de enero y se llevaron $115.000 y U$S 4.000.
Pero las advertencias de Jiménez sobre la crisis de la Justicia penal han sido descalificadas por los otros miembros de la Corte. El vocal René Goane lo calificó de “enloquecido, medio zafadito”. “Son opiniones de él. Yo no veo tal situación: todo tiene su medida”, sentenció Goane. No obstante, esta situación crítica ya había sido claramente planteada por fiscales y abogados en 2013, a propósito de la pretendida reforma del Código Procesal Penal, cuando advirtieron que la Justicia, abarrotada de expedientes, archivaba la mayoría de las causas sin siquiera verlas. Quizá no sea una medida para Goane. Pero es una medida, y muy importante, para los fiscales.
Y si la Justicia está en crisis, ¿no cabe pensar que los otros operadores de la seguridad lo están? Nadie analizó la denuncia de la joven Frida Sabolcki, que el domingo pasado a la madrugada fue asaltada por cuatro delincuentes cuando circulaba con su marido en moto por avenida Belgrano y Viamonte. “Estoy segura de que son ellos”, dijo, en referencia a Cuellar y sus socios. Y lo más grave de su denuncia es que se acercó un móvil policial y no hicieron nada. “Les señalé que iban a dos cuadras, pero nos dijeron que antes teníamos que hacer la denuncia”, dijo. Algo similar relató la señora Rosa Arcodia, madre de Víctor Rocha, el motociclista asesinado en la rotonda de San Cayetano el domingo 24 de enero. Dice que desde 2014 Rocha denunció siete veces a quienes lo amenazaban.
Sin evaluación de efectividad
Tampoco se ha analizado si los procedimientos que usa la fuerza de seguridad son correctos o no, si hay protocolos a seguir en una persecución y si los hay para atender a una persona que dice haber sido asaltada y que denuncia que los delincuentes están a dos cuadras de distancia. No se sabe si la evaluación de la efectividad se da por la supuesta reducción de homicidios en ocasión de robo o por la delimitación arbitraria que hace el secretario de Seguridad cuando dice que “es muy difícil prevenir los delitos que ocurren dentro de las propiedades porque la policía está en la calle”. En realidad se trata de que esa efectividad no se mide con ningún parámetro. No hay encuestas de victimización, no se sabe si los hechos que se denuncian (en los medios aparecen los más impresionantes, como el golpe comando en la casa de una empresaria el 15/1 en Yerba Buena) son el reflejo de una realidad más compleja, que requiere no “respuestas operativas” sino acciones concretas según el analisis de la cantidad de casos. No se sabe cómo se capacitan los empleados de seguridad y cómo se evalúa su tarea, ni se analiza cuánto se gasta y qué resultados tiene la seguridad, como sí se evalúan los resultados en Educación, Economía o Salud. No basta que el secretario de Seguridad diga (el 14/1, a propósito del ataque a la mujer para robarle el anillo) que “en Tucumán no tenemos bandas delictivas que estén operando en la provincia y las que había conseguimos desactivarlas”, y que 15 días después reconozca que Cuellar y sus socios son una banda a la que se les están encontrando cada vez más antecedentes. “Tienen un montón de causas. Siempre actuaban en banda, todos armados”, dijo una fuente.
Puñaladas y tiros
La seguridad requiere algo más que respuestas emocionales. En Tucumán han sido asesinados Dante Javier Orellana (a puñaladas el 1/1 en Graneros); Víctor José Silvestre Herrera (a puñaladas, el 1/1 en Taco Ralo); Juan David Contreras (apuñalado en Alpachiri el 10/1; la información no se publicó porque los medios no se enteraron); Claudia Paola Vallejo (recibió un tiro en el cuello el 4/1 en barrio Ejército Argentino); Diego Ávila (recibió un tiro en Entre Ríos 4.100, el 22/1); Víctor Rafael Rocha (acribillado en San Cayetano el 24/1); Gustavo Villagra (pelea entre hinchas de San Martín en Kirchner y Pellegrini el 24/1); Benjamín Lizárraga (apuñalado a la salida de un boliche en Maipú al 900 el 29/1); y Alejandro Sebastián Pedraza (apuñalado el 10/1 en barrio San Martín; tampoco se publicó esta información).
¿Cuál será la respuesta de las autoridades en estos casos? El Gobernador, que dijo que “vamos a apostar mucho en 2016 a que los tucumanos estemos mucho más seguros”, tendrá que estimar que esta tendencia podría indicar que a fin de año habrá más de 100 homicidios, como ha ocurrido en los dos años anteriores. El ministro Regino Amado ha dicho que la prevención es clave pero plantea que eso se logrará con 2.000 o 3.000 policías más, sin analizar planteos como el de los legisladores que requieren hablar en forma multidisciplinaria de la emergencia en seguridad, de narcotráfico, contravenciones (infracciones a la convivencia), torturas, protocolos, emergencia carcelaria y deficiencias en comisarías.
Se trata de una sociedad violenta. Hoy la víctima ha sido un policía y no sabemos qué hacer al respecto, como no sean respuestas voluntariosas o enojadas. “Habrá otra deuda en la cuenta, que por Dios nos cobraremos”, dijo con rabia el lector Sergio Aráoz en su poema.
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