08 Octubre 2015
El Presupuesto General de la Provincia para 2016, la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, la cobertura de siete vacantes en el Poder Judicial y la creación del Tribunal Fiscal de Apelaciones, son los temas más trascendentes que serán abordados en la sesión legislativa de hoy, prevista para las 8.30.
Las dos herramientas vinculadas con las finanzas públicas serán herramientas fundamentales para el gobierno de Juan Manzur, que asumirá el próximo 29.
El cálculo ingresos y egresos de la administración pública tucumana ascenderá a $ 42.000 millones ($ 10.000 millones más que durante el actual ejercicio). Simultáneamente, la prórroga de la emergencia económica, que declara inembargables las cuentas del Estado (provinciales, municipales y comunales), será ampliada por dos años y regirá hasta el 31 de diciembre de 2017.
El oficialismo espera, de esta manera, que Manzur tenga garantizado el “blindaje” del erario cuanto menos durante la primera mitad de su mandato.
El alperovichismo atravesó los 12 años de sus tres gobernaciones con la Provincia declarada en emergencia económica, lo que supone que el Estado paga los juicios adversos, en principio, no con efectivo sino con títulos de la deuda pública. La última vez que esta norma de excepción fue prorrogada fue en 2014, también por dos años. De no ser ampliada, sus efectos expirarían el 31 de diciembre próximo.
Otra prórroga que llegará al recinto es el Pacto Federal de Promoción de Empleo (N° 8.457). Es una ley que rige, con modificaciones, desde 1993. El proyecto propone extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
El oficialismo pretende, además, que se mantenga vigente la facultad de la Caja Popular de Ahorros (CPA) para celebrar contratos de fideicomiso con municipios y comunas rurales, hasta 2019 (Ley N° 7.467).
Paralelamente se extenderán los plazos de la Ley N° 7.307, que habilita al Poder Ejecutivo “a suscribir convenios de financiamiento entre la Provincia y el Estado nacional dentro del Programa de Financiamiento Ordenado”. Este régimen se viene aplicando desde 2004. En esta ocasión, se propone que el PFO incluiya los ejercicios 2016-2019.
También está contemplada la prórroga de la ley N° 7.007. Esta norma se refiere al 20% que se les pagaba en vales alimentarios a los empleados públicos durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003). Hoy, ese porcentaje se abona en concepto de adelanto, con efectivo, a los agentes que no están dentro del plazo de 10 años para acogerse a la jubilación.
Las dos herramientas vinculadas con las finanzas públicas serán herramientas fundamentales para el gobierno de Juan Manzur, que asumirá el próximo 29.
El cálculo ingresos y egresos de la administración pública tucumana ascenderá a $ 42.000 millones ($ 10.000 millones más que durante el actual ejercicio). Simultáneamente, la prórroga de la emergencia económica, que declara inembargables las cuentas del Estado (provinciales, municipales y comunales), será ampliada por dos años y regirá hasta el 31 de diciembre de 2017.
El oficialismo espera, de esta manera, que Manzur tenga garantizado el “blindaje” del erario cuanto menos durante la primera mitad de su mandato.
El alperovichismo atravesó los 12 años de sus tres gobernaciones con la Provincia declarada en emergencia económica, lo que supone que el Estado paga los juicios adversos, en principio, no con efectivo sino con títulos de la deuda pública. La última vez que esta norma de excepción fue prorrogada fue en 2014, también por dos años. De no ser ampliada, sus efectos expirarían el 31 de diciembre próximo.
Otra prórroga que llegará al recinto es el Pacto Federal de Promoción de Empleo (N° 8.457). Es una ley que rige, con modificaciones, desde 1993. El proyecto propone extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
El oficialismo pretende, además, que se mantenga vigente la facultad de la Caja Popular de Ahorros (CPA) para celebrar contratos de fideicomiso con municipios y comunas rurales, hasta 2019 (Ley N° 7.467).
Paralelamente se extenderán los plazos de la Ley N° 7.307, que habilita al Poder Ejecutivo “a suscribir convenios de financiamiento entre la Provincia y el Estado nacional dentro del Programa de Financiamiento Ordenado”. Este régimen se viene aplicando desde 2004. En esta ocasión, se propone que el PFO incluiya los ejercicios 2016-2019.
También está contemplada la prórroga de la ley N° 7.007. Esta norma se refiere al 20% que se les pagaba en vales alimentarios a los empleados públicos durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003). Hoy, ese porcentaje se abona en concepto de adelanto, con efectivo, a los agentes que no están dentro del plazo de 10 años para acogerse a la jubilación.
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